Pesca

Conil lucha por salvaguardar 65.000 hectáreas de mar

Pescadores artesanales del pueblo gaditano impulsan una protección de su caladero histórico que desata un enfrentamiento con la localidad vecina y la pesca deportiva

Una maniobra de botadura de una embarcación de recreo en el puerto de Conil de la Frontera (Cádiz).
Una maniobra de botadura de una embarcación de recreo en el puerto de Conil de la Frontera (Cádiz).Juan Carlos Toro

Conil de la Frontera es un pueblo de tradición contestataria. En el archivo de los Medina Sidonia hay ríos de tinta con la respuesta social que el duque se encontró, a principios del siglo XIX, cuando la pesca del atún de almadraba pasó de las redes de tiro desde tierra a hacerse con barcos en el mar. No hay que irse tan atrás para que cualquier pescador artesanal relate cómo, en 1987, lanzaron al mar 2.500 bidones de obras, hartos de la presencia de buques arrastreros que esquilmaban los fondos marinos. Acabaron por conseguir que el Gobierno crease el primer arrecife artificial de Andalucía en 1989. La última revolución de la Cofradía de Pescadores de Conil aún está en curso. Es más burocrática, pero igualmente ruidosa: intentan que el Estado proteja como reserva marina las más de 65.000 hectáreas náuticas en las que faenan para limitar la pesca descontrolada. Aunque la propuesta ni siquiera se ha materializado aún en acciones concretas, el mero planteamiento ha levantado ampollas entre los 4.000 pescadores deportivos de la zona, a los que se ha sumado el alcalde del vecino municipio de Chiclana de la Frontera, contrariados por que la medida limite su actividad recreativa en la zona.

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Que los pescadores tradicionales de Conil estén en contra de artes más masivas como el arrastre no es nuevo. Sus formas de pesca selectiva con técnicas como el palangre —formado por un largo sedal del que penden anzuelos— difícilmente pueden casar con las capturas de los barcos que lanzan grandes redes a los fondos marinos. Sí es más inusual la guerra abierta ahora con los propietarios de embarcaciones deportivas que tienen la pesca —ya sea a bordo de esos barcos, como de forma submarina— solo como afición. Nicolás Fernández, secretario de la Cofradía de Pescadores conileña, aún está molesto por la contestación que ha despertado lo que no deja de ser una propuesta de protección medioambiental que, previsiblemente, limitará para todos las capturas máximas permitidas: “Teníamos que ordenar nuestra actividad. No podemos exigirles a los demás que se ordenen si nosotros no lo hacemos”.

La lucha de los 54 barcos profesionales de Conil —unos 200 empleos directos— comenzó en 2010, cuando empezaron a recabar información con asociaciones ecologistas y expertos para elaborar un informe. Pero no ha sido hasta febrero cuando, sin ellos esperarlo, la Secretaría General de Pesca —dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación— anunció que emprendía el estudio de su propuesta con la apertura del plazo de alegaciones. En juego está que España sume la decimosegunda Reserva Marina de Interés Pesquero; la más grande de la Península al abarcar 35 kilómetros de costa, desde el Faro de Trafalgar, en Barbate, hasta Sancti Petri, en Chiclana, y 12 millas de las aguas territoriales españolas.

La gran extensión “coincide con el caladero histórico de la Cofradía de Pescadores de Conil”, explica David Florido, antropólogo de la Universidad de Sevilla, experto en pesca y colaborador del proyecto. Como reacción al inicio legal de los trámites, el tablero de juego se ha puesto sobre la mesa en apenas dos semanas. A favor se han mostrado la Organización de Productores Pesqueros (OPP-72) —fórmula jurídica bajo la que ha presentado su propuesta la cofradía—, el Ayuntamiento de Conil en pleno y diversos grupos ecologistas, como WWF o Ecologistas en Acción. En contra, una amalgama: la Asociación de Pescadores Recreativos —aglutinada por 15 clubes y entidades—, la Cofradía de Pescadores de Barbate —descolgada del acuerdo a última hora—, el partido de ultraderecha Vox e, incluso, José María Román, alcalde de Chiclana (PSOE) y a la sazón biólogo, descontento por la supuesta falta de información en el proceso, aunque reconoce que su Ayuntamiento participó en 2017 en una mesa informativa del proyecto. Los contrarios a la reserva han recogido hasta este lunes 19.515 firmas que pretenden presentar ante el Ministerio de Agricultura.

Alberto, marinero y propietario de una de las embarcaciones del puerto deportivo de Sancti Petri de Chiclana, cuyo club está en contra de la reserva.
Alberto, marinero y propietario de una de las embarcaciones del puerto deportivo de Sancti Petri de Chiclana, cuyo club está en contra de la reserva.Juan Carlos Toro

Tras las reuniones con parte de los agentes implicados se redactó el proyecto Mar de Gades, primera fase a la que deberán seguir otras si la reserva encuentra acogida en el ministerio. La propuesta, para cuya elaboración se acometieron hasta 68 inmersiones y se tomaron 500 imágenes de un fondo marino de gran riqueza, especifica que “cinco de las diez especies con mayor presencia en el coralígeno presentan alguna figura de protección; y 12 de las 70 especies censadas, algún nivel de amenaza”. El secretario de la Cofradía de Pescadores de Conil abunda en ello: “Es el último reducto del coral anaranjado del Mediterráneo que se adentra en el Atlántico. Tenemos especies de flora y fauna que están en peligro de extinción y otras tantas amenazadas”.

El secretario asegura que ven escasez de especies como el mero y que, para mantener estable su cuota de capturas —unas 500 toneladas anuales—, la flota artesanal tiene que recurrir a caladeros cercanos.

El proyecto Mar de Gades no entra a evaluar medidas de control, aunque sí propone tres zonas de reserva integral en las que estaría totalmente prohibido pescar, tanto para ellos como para aficionados. También abunda en la importancia de respetar al sector deportivo, cuantificado por el documento en “1.670 embarcaciones de recreo en los puertos de la zona”, aunque también contabiliza hasta “61 pescadores ilegales submarinos”.

Limitaciones a la pesca recreativa

La pretensión de los pescadores tendría damnificados. El abogado Víctor Arnedillo, portavoz de la plataforma contra la reserva, que aglutina a unas 4.000 personas, teme que la protección acabe por imponer limitaciones que restrinjan el número de barcos recreativos que pudiesen acceder a la zona, que reduzca las capturas o, directamente, que se imponga la prohibición de los submarinistas, medidas tomadas en las otras reservas ya aprobadas. El letrado denuncia: “Va a hacer que la pesca deportiva se reduzca de forma tal que sería impracticable. La pesca submarina es muy selectiva”.

Mientras la gresca enfrenta a dos consistorios, el de Conil (22.775 habitantes) y el de Chiclana (85.150), los pescadores artesanales de la primera de estas localidades miran con preocupación al mar. Fernández, el secretario de la cofradía de Conil, ejemplifica: “Al principio de los ochenta había muchas vieiras en la zona. Ya no quedan”. Él defiende una reserva en la que puedan coexistir distintas formas de pesca de forma “ordenada”, mientras se consiga reforzar el control a los furtivos y alejar a los barcos industriales de arrastre más allá de las seis millas náuticas actuales. Si quiere llevar su plan a buen puerto necesita recabar más apoyos porque en el ministerio advierten: “Todas las reservas se hacen por consenso”.

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