El CSN culpa de los retrasos en la mina de uranio de Retortillo a la mala calidad de la documentación del proyecto

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Josep María Serena i Sender, ha explicado este lunes que el retraso de este órgano supervisor en pronunciarse sobre el proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca) se debe a las múltiples peticiones de información complementaria que han tenido que hacer los técnicos debido a la falta de información y a la “insuficiente calidad” de la documentación presentada por la compañía. Serena i Sender ha comparecido en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados en una sesión monográfica sobre este proyecto. Lo ha hecho después de que el CSN decidiera denunciar las cartas que recibió entre octubre de 2020 y febrero de 2021 por parte de la empresa y asociaciones de accionistas, en las que estas instaban al ente regulador a pronunciarse sobre el proyecto.

El futuro de esta mina de uranio que la compañía australiana Berkeley lleva años intentando poner en marcha en un pueblo de Salamanca depende en gran medida del CSN. Si este organismo supervisor emite un informe negativo sobre la planta de procesado necesaria para explotar el yacimiento, el proyecto no será viable. Pero a finales de 2020 y principios de 2021 la empresa envió cuatro escritos en los que pedía al CSN que concediera la autorización. La empresa lamentaba entonces que la tramitación había comenzado en 2016 y denunciaba el retraso de la Administración en pronunciarse sobre su petición.

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Serena i Sender ha admitido que el proyecto acumula un gran retraso, ya que el tiempo estimado para sacar adelante los informe de una actuación similar sería de unos dos años. Sin embargo, ha explicado que esa demora se debe a que los técnicos han tenido que solicitar de una forma reiterada información complementaria, bien por la falta de documentación, bien por la “insuficiente calidad” de la remitida por la compañía.

Mientras que PSOE, Unidas Podemos y Más País han lamentado este lunes las cartas de la empresa al entender que se trata de presiones, Vox y PP han defendido el proyecto, envuelto desde hace años en la polémica. Tanto es así que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó la semana pasada el Congreso ha terminado incluyendo una prohibición expresa a la minería del uranio en España.

El presidente del CSN ha considerado este lunes que las cartas enviadas al supervisor contienen insinuaciones “impropias”. En alguna de ella incluso se apuntaba a posibles consecuencias legales si el proyecto no salía adelante. Según Serena i Sender, el interés del pleno del CSN —formado por cinco miembros nombrados por los partidos políticos— es “sacarse de encima” lo antes posible el informe sobre la planta de procesado de la mina. Pero el presidente ha afirmado que ese informe está todavía en manos de los técnicos del CSN: se deben pronunciar 12 áreas y todavía faltan tres de ellas. Serena i Sender ha sostenido que la resolución final estará lista en “meses”, “no años”.

Alto cargo del PP

A las cuatro cartas de la empresa se le une una más de julio de 2019, firmada por el exdirector general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero. En el escrito, este cargo público del PP defendía el proyecto de la mina e instaba a que el informe definitivo sobre la planta se llevara al pleno del CSN para su aprobación lo antes posible. Tras describir los supuestos beneficios del proyecto y las autorizaciones que ya había recibido, González Mantero aseguraba en la misiva que “por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos” la tramitación de la autorización “aparentemente se ha detenido”.

Germán Requena, diputado socialista, ha criticado este lunes que PP y Vox actúen como “representantes” de la empresa. Y ha calificado las cartas recibidas en el CSN de “amenazas” y “presiones”. Por su parte, Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, ha advertido de que la mina es “el mayor atentado medioambiental que pende” en estos momentos sobre España.

Sin embargo, tanto Vox como los populares han respaldado el proyecto en Retortillo de la compañía Berkeley, creada específicamente hace más de una década para sacarlo adelante y que cotiza en varias Bolsas. José Alberto Herrero (PP), por ejemplo, ha defendido el derecho que tenía esta compañía a ser informada por el CSN de la marcha de la tramitación de su proyecto.

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