El Consejo de Seguridad Nuclear denuncia presiones para que autorice una mina de uranio

El futuro de la mina de uranio que la compañía australiana Berkeley lleva años intentando poner en marcha en un pueblo de Salamanca depende en gran medida del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Si el organismo supervisor emite un informe negativo sobre la planta de procesado necesaria para explotar el yacimiento, el proyecto de Retortillo será inviable. La empresa ha emprendido en los últimos tres meses una campaña para instar al consejo a que conceda esa autorización. Desde el 16 de octubre han llegado al órgano supervisor cuatro cartas en esa línea: una firmada por Francisco de Paula Bellón, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que dicen defender los intereses de sus accionistas y otra más del despacho de abogados contratado por la empresa para pleitear con la Administración. El CSN ha dicho basta y ha hecho llegar esos requerimientos al Congreso y a la Abogacía del Estado. “Son presiones”, sostienen fuentes del supervisor.

El presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, trasladó este miércoles a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados las cartas. “Contienen, en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar”, señala la comunicación del máximo responsable del CSN. Además, Serena i Sender explica que ha enviado la misma información a la Abogacía del Estado, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En las cartas la empresa advierte de las consecuencias judiciales de tumbar el proyecto.

El CSN es el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear en España. Es un ente público y rinde cuentas ante el Congreso de los Diputados. Por eso el presidente del CSN y el resto de consejeros han decidido enviar su queja al Parlamento, en concreto, al presidente de la Comisión de Transición Ecológica, el diputado Juan López de Uralde (Unidas Podemos), para que la comparta con el resto de grupos. Fuentes del CSN explican que el asunto se ha llevado también a la Abogacía del Estado porque consideran que son ellos con los que deben hablar los letrados de la empresa. Y, también, para que estudie si “esas presiones” pueden suponer algún tipo de delito, añaden estas fuentes.

Sin embargo, Berkeley ha asegurado este jueves a través de un comunicado que estas comunicaciones se han producido “dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración”. Y ha argumentado que se han llevado a acabo debido al ”dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto”.

Los responsables del proyecto de esta mina de uranio llevan desde 2012 tramitando los permisos ante varias Administraciones. A pesar de que ha generado una importante polémica, ha recibido hasta ahora el apoyo de la Administración local y autonómica. También recibió el aval del Ejecutivo central, del PP, hasta 2018. Si saliera adelante, sería la única mina a cielo abierto de uranio de Europa. Aunque no cuenta con todas las autorizaciones, los trabajos previos ya incluyeron la tala de encinas centenarias en el municipio de Retortillo.

La primera carta, firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España es del 16 de octubre de 2020. La fecha no es baladí. Dos días antes, se había cerrado en el Congreso el plazo para la presentación de enmiendas a la ley de cambio climático que se tramita en el Parlamento. Y, como adelantó EL PAÍS, el PSOE y Unidas Podemos habían pactado la inclusión de una enmienda para vetar la minería de uranio en España, lo que complica todavía más el proyecto de Retortillo.

Las cuatro misivas enviadas al CSN están plagadas de alusiones a esa enmienda. Según el escrito del despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain, fechado el 10 de diciembre de 2020, la enmienda “atenta gravemente contra los intereses de la minería del uranio en general y de los proyectos de Berkeley en particular” y es “manifiestamente ilegal”. En la misma línea, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) dice haber “recibido la preocupación de muchos accionistas e inversores de Berkeley” por que la ley de cambio climático pueda “truncar el desarrollo del proyecto”.

De hecho, una de las demandas principales de la empresa es que el informe sobre la autorización de la planta necesaria para que opere la mina se adopte antes de que se apruebe definitivamente la ley de cambio climático. Aemec pide directamente que el CSN otorgue la concesión y que se haga “con diligencia, lo que significa prontitud, y desde luego, sin interferencia política, lo que significa no esperar la posible aprobación de la enmienda planteada a la ley de cambio climático”. En un tono algo más sutil, el despacho Herbert Smith Freehills Spain sostiene que “sería beneficioso para todos los actores involucrados que el CSN se pudiese pronunciar con carácter inmediato, y en cualquier caso previamente a la aprobación de la ley de cambio climático”. Por su parte, la World Federation of Investors (WFI, siglas en inglés de la Federación Mundial de Inversores) envió otra carta el 31 de diciembre en la que se exponen los mismos argumentos y dicen hablar en nombre de accionistas de la empresa. En su escrito la WFI pide que el CSN resuelva ateniéndose solo a criterios “técnicos” y no a criterios “políticos” o “ideológicos”.

Consecuencias legales

Todas las cartas dejan entrever consecuencias judiciales si no se autoriza el proyecto. El despacho de abogados Herbert Smith Freehills Spain sostiene en su escrito que la enmienda propuesta por PSOE y Podemos es “inconstitucional y expropiatoria”. “De aprobarse finalmente nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de derecho”, sostiene el despacho. Más directa, la Aemec afirma que si no se concede la autorización habrá “a buen seguro numerosos conflictos jurídicos que pueden derivar en la exigencia de cuantas responsabilidades personales, patrimoniales o de otra índole sean exigibles a sus responsables como consecuencia de la falta de diligencia de este consejo [en referencia al CSN], y ello no solo ante los tribunales españoles sino también internacionales”.

En todas las misivas se lamenta la tardanza en conceder la autorización definitiva a la planta, que según la empresa y los accionistas lleva cuatro años tramitándose. Y en la del despacho de abogados se solicita una reunión con el CSN para abordar este asunto y, en su defecto, se pide que se les transmita “con la mayor precisión posible” la fecha en la que se emitirá el informe sobre la autorización. El presidente del CSN ha rechazado reunirse con Herbert Smith Freehills Spain y ha emplazado al despacho a ponerse en contacto con la Abogacía del Estado.

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