La hora de la verdad para la mina de uranio que amenaza la dehesa de Retortillo

La bola de nieve en la que se ha convertido la mina de uranio de Retortillo es gigante después de rodar casi una década. Pero, tras años en los que las Administraciones no han frenado su marcha, se acerca la hora de la verdad para este polémico proyecto que amenaza la dehesa salmantina y que dejaría tras de sí un rastro perpetuo en forma de residuos radiactivos de los que deberán hacerse cargo las futuras generaciones.

Por un lado, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está terminando el análisis del permiso clave para la construcción de la planta de procesamiento del uranio; si no se concede esa autorización, todo el proyecto de la mina sería inviable económicamente. Por otro, PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda a la futura ley de cambio climático que cierra la puerta en España a esta mina en concreto y a la minería del uranio en general. La empresa promotora, Berkeley, amenaza con reclamar 500 millones de euros al Estado si la ley climática frena sus intenciones.

“Desde el 14 de marzo por aquí no viene nadie”, se lamentan al borde de la carretera Eugenia González (73 años) y Tomás Romo (68). Tienen cuatro hijos, un perro llamado Pipo y un bar junto al balneario de Retortillo, uno de los principales motores económicos de la zona. A ellos, como a todos, la crisis de la covid les ha golpeado fuerte el bolsillo porque el hotel lleva desde la primavera del año pasado cerrado. Esperan que la pandemia pase, y lo que más les preocupa es que la mina salga adelante. La explotación estaría pegada al balneario, que tiene más de un siglo de vida y 140 habitaciones. “Que nos dejen tranquilos, que se marchen”, pide Romo a Berkeley. “Esto es un paraíso”, añade sobre la belleza de este lugar sembrado de encinas centenarias y granito.

“Explotación minera”, se lee en un cartel amarillo a unos cientos de metros del bar de este matrimonio. “Peligro, materias explosivas”, avisa otro a pesar de que el sonido más fuerte que se puede oír aquí es el mugido de la vaca que pasta frente a la valla en la que está colgado el letrero. Un poco más allá, una pancarta descolorida y medio caída defiende el proyecto: “Sí a la mina, al trabajo, al futuro”. Estos avisos amarillos y los cartelones están colocados en las parcelas que Berkeley ha ido adquiriendo en los últimos años para desarrollar un proyecto de más de 680 hectáreas. “No a la mina, sí a la vida”, responden otras pintadas contra la explotación diseminadas por fachadas y señales de tráfico.

Esta discusión muda entre carteles y pintadas resume bien la división que hay respecto a los planes de Berkeley, una empresa que se dice minera pero que ni explota ni ha explotado nunca un yacimiento de uranio ni de ningún tipo, según admite el presidente de la compañía, Francisco Bellón. “Aquí hay gente de los dos bandos”, dice Eustaquio Martín (PP), alcalde de Retortillo, de 200 habitantes. “Los que tienen la vida resuelta están en contra de la mina”, describe el regidor con una brocha muy gorda. Él está a favor y reconoce que su empresa de servicios forestales ha trabajado para Berkeley en los últimos años.

Pese a no contar con todos los permisos, Berkeley ya ha realizado varios desmontes —que han implicado la eliminación de cientos de encinas—, ha horadado la tierra para crear una gran balsa e, incluso, inició una carretera cuya construcción está ahora paralizada. Esas son las cicatrices que se ven. Pero hay otras más profundas: “El mal que nos han hecho ya no nos lo quita nadie, yo no me hablo con mis hermanos”, dice Jesús Cruz, miembro de la plataforma Stop Uranio, que lleva años batallando contra el proyecto. “En todas las familias hay alguien a favor y en contra, las relaciones ya no son iguales que antes”, añade Juan Matías Garzón, el alcalde socialista del municipio vecino de Boada y contrario también a la mina. Este regidor hizo un referéndum entre los 300 habitantes de su pueblo. “Y el 98% de la gente está en contra”.

Pero ¿en qué consiste este proyecto? Lo que pretende hacer Berkeley desde hace una década sin éxito es explotar una veta de uranio que hay bajo los pies del municipio de Retortillo y del vecino Villavieja de Yeltes (800 habitantes). Para ello se abrirían cinco cortas para extraer el mineral a cielo abierto. Sería la única mina de uranio operativa en Europa.

Pero el proyecto no se queda ahí: también se contempla la construcción de una planta de tratamiento para la fabricación de concentrados de uranio. Y, lo que resulta aún más conflictivo, en dos de esas cortas (una en Retortillo y otra en Villavieja) se enterrarán los residuos radiactivos que generarían los procesos llevados a cabo en esa planta. “Son residuos radiactivos de muy baja intensidad de vida larga, pero necesitan una vigilancia perpetua”, explican fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear.

Los planes de la empresa son operar estos yacimientos durante 10 años, aunque Bellón asegura que se podría llegar incluso hasta los 15. Luego, su programa económico prevé un plan de vigilancia con “un coste anual de 185.000 euros durante los cinco años posteriores a la finalización de la restauración”, es decir, 925.000 euros en total. La duda es qué ocurrirá después, a partir del sexto año, y quién asumirá las “obligaciones de vigilancia radiológica perpetuas”, como las ha definido el CSN en varios informes relativos al proyecto. En esos documentos técnicos ya se advierte de la carga que supondrá “para las generaciones futuras” este almacenaje de desechos radiactivos.

En España existió entre 1948 y 2000 una minería de uranio en yacimientos de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Pero a finales del siglo pasado Enusa, la empresa pública que ha operado todas esas minas del país, decidió cerrar la última de sus explotaciones al considerar que ya no era rentable. De la restauración y el control de los residuos radiactivos generados durante medio siglo con esta actividad se encarga Enusa y otra empresa pública: Enresa.

En el caso de Retortillo la situación es distinta. “Sería la primera vez que se concedería una autorización que generaría un volumen de residuos de minería del uranio a una empresa cuyo capital es 100% privado”, señala Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. El temor de muchos es que, al final, una empresa privada explote este yacimiento salmantino (y obtenga sus beneficios) pero los costes de la vigilancia de los residuos los acaben pagando todos los españoles durante muchas generaciones.

“A nosotros nos ofrecieron acabar la residencia de ancianos, construirnos un colegio nuevo”, dice Jorge Rodríguez, alcalde socialista de Villavieja de Yelves. Una llamada de teléfono interrumpe las explicaciones del regidor. “Yo no metería mi dinero ahí”, le dice a su interlocutor al cabo del rato. Al otro lado del teléfono una persona que se identifica como inversor le pregunta si su Consistorio tiene previsto conceder algún permiso nuevo a la mina y si cree que saldrá adelante. “Suele ocurrir”, explica el alcalde después de colgar. “Algunos inversores llaman al Ayuntamiento, le dan mi móvil y me preguntan sobre el proyecto”, apunta Rodríguez, quien también se opone a la mina.

Pese a no explotar ningún yacimiento y no contar con todos los permisos para empezar a operar, Berkeley cotiza en la Bolsa de Madrid. Y sus acciones tan pronto bajan un 50% un día como suben un 65% una semana después para volver a caer con fuerza al poco. Como una “burbuja de especulación” ha definido este proyecto el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde en varias ocasiones.

La llamada que ha recibido Rodríguez mientras hablaba con los reporteros de EL PAÍS tiene una explicación. En los últimos días, las acciones de esta empresa, que también tiene sede en Londres y Australia, están subiendo entre rumores. Hace dos semanas, el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear comenzó el análisis del informe final para la autorización de la construcción de la planta de procesado del proyecto. De momento, los cinco consejeros del CSN (tres nombrados a propuesta del PSOE, uno de Podemos y otro de PP) han empezado a estudiar los informes sectoriales de la decena larga de áreas de este supervisor que se tienen que pronunciar. Las fuentes del organismo consultadas apuntan a que existen dudas técnicas respecto al proyecto, como las referidas a la hidrogeología de la zona y las posibles filtraciones de materiales peligrosos a los acuíferos. El trabajo de análisis de los informes técnicos tomará semanas, según estas fuentes, y la última palabra la tendrán los cinco consejeros del CSN. Luego, el Ministerio para la Transición Ecológica tendría que validar la autorización de construcción.

Este no sería el último permiso. Aún se necesitaría, entre otros, una autorización de explotación, que también dependería del Consejo de Seguridad Nuclear. Pero Bellón admite que este es un “momento muy importante” para su proyecto. Y no encuentra razones técnicas para que no se le conceda el visto bueno. “No se pueden obviar los permisos ya otorgados”, añade sobre los pronunciamientos que ha hecho el organismo en todo el proceso de licenciamiento.

Berkeley tiene dos mantras: los más de 120 permisos que dice que ya tiene en su poder y los más de 1.000 empleos que dice que creará. Esas 120 autorizaciones (la empresa incluye ahí muchos trámites menores con las Administraciones) retratan muy bien uno de los principales problemas de esta aventura minera: la fragmentación del proyecto realizada por la empresa. “Han troceado el proyecto”, advierte Jorge Fabra, que fue consejero del CSN hasta 2019. “Debería agruparse todo en un solo expediente”, añade este economista, que en su etapa en el supervisor se mostró muy crítico con la tramitación que se estaba realizando.

Respecto al empleo, el plan de explotación contempla que los yacimientos de Retortillo y Villavieja de Yeltes supondrían la creación de 350 empleos en la fase de construcción y de 196 durante la explotación. El resto, hasta llegar al millar, serían indirectos, asegura en su documentación Berkeley.

“Estoy totalmente en contra”, dice junto a sus vacas Julián Sánchez. La empresa ha intentado comprarle las tierras a este ganadero, que hasta ahora ha resistido las presiones. “Yo como de la ganadería y mi familia trabaja en el balneario”, explica sobre la afección que tendría la mina sobre el empleo ya existente en esta zona muy castigada por la despoblación. “Me han ofrecido mucho por las tierras, pero no es cuestión de dinero”. Sánchez sabe que si la explotación lograra todos los permisos le podrían expropiar la parcela. Sin embargo, este ganadero opina como la mayoría de detractores del proyecto: “Esto no se va a hacer, no es rentable. El uranio es de baja calidad y hay poca cantidad”.

Rodríguez, el alcalde de Villavieja, recuerda que Berkeley y la empresa pública Enusa tenían un acuerdo de colaboración para explotar los yacimientos de uranio de Salamanca. Pero, según comunicó en 2012 Enusa, los estudios de viabilidad de Berkeley no acreditaban que la explotación de los recursos salmantinos “resulte viable y sostenible en el tiempo”. Berkeley presentó entonces una demanda contra Enusa en la Corte de Arbitraje Internacional, con sede en París, y valoró en 200 millones de dólares la compensación que reclamaba. “La demanda duró tres días”, sostiene Bellón, que explica que se llegó a un acuerdo por el que se le cedieron las dos reservas de uranio que ahora quieren operar. “El proyecto es económicamente viable”, insiste el presidente de Berkeley pese a las serías dudas que expresó Enusa.

La posibilidad de una demanda vuelve a sobrevolar esta polémica mina casi una década después. Ahora lo reclamado ascendería a 500 millones de euros. Los representantes de Berkeley han amenazado con esa demanda públicamente y también en varias cartas enviadas al CSN. En esos escritos, que el órgano supervisor ha interpretado como presiones, Bellón, sus abogados e, incluso, asociaciones de inversores, han advertido de que la aprobación de la enmienda de la ley de cambio climático llevaría a un pleito si frena su proyecto. El presidente de Berkeley confirma que su intención es acudir a los tribunales si con esa ley se les “expropian” los “derechos adquiridos” que tienen.

“Yo creo que este proyecto no va a salir adelante”, insiste el alcalde de Villavieja de Yeltes. Rodríguez y su Ayuntamiento no se oponían al principio a la mina. Pero el regidor explica que todo cambió a partir de 2012, cuando se retiró Enusa y el proyecto cambió con la inclusión de una planta de tratamiento nueva y el almacenamiento de residuos radiactivos que esta aventura dejará como legado a las generaciones futuras. Una herencia muy distinta de las encinas centenarias que los habitantes de esta comarca recibieron en su día y que ahora están en peligro.

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