La élite de la ciencia en España se rebela contra el Gobierno

El consenso político que granjeó la nueva ley de la ciencia en el Congreso —aprobada sin votos en contra— ha volado por los aires. La votación en el Senado de una enmienda promovida por el PP ha tenido un resultado sorprendente. La moción se aprobó con el “sí” de sus promotores más los de Vox, PNV, Junts y Esquerra Republicana (ERC). Hace apenas unas semanas este último partido había votado a favor de una enmienda apoyada por Podemos y los sindicatos, que ahora queda suspendida por la moción del PP; lo que muestra la tensión entre el Gobierno y los independentistas.

El problema de fondo son las garantías laborales de los mejores investigadores jóvenes del país. La nueva Ley de la ciencia pretende trasladar al sistema científico la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La norma pretende acabar con la elevada temporalidad que reinaba en los centros de investigación y que afectaba sobre todo a científicos jóvenes y no tan jóvenes que llegaban a estar empalmando contratos temporales hasta bien entrados los cuarenta. La ley de la ciencia garantizaría contratos indefinidos para todos los científicos que antes eran temporales, lo que les daría mejores condiciones laborales —desde una mayor indemnización por despido a recibir cheques de comida o de guardería—.

Podemos consiguió incluir en la ley una medida que en principio no había contemplado el Gobierno ni el PSOE: que esos beneficios protegiesen no solo a los investigadores contratados con fondos públicos españoles, sino también a los que dependen de partidas de la Unión Europea. Este segundo tipo de subvenciones son las más generosas y prestigiosas en el mundo de la ciencia e incluyen las ayudas del Consejo Europeo de Investigación. En general, un centro de investigación es más prestigioso y competitivo cuantas más ayudas de este tipo consigue. Sin la enmienda introducida por Podemos —que recibió el apoyo de ERC y la abstención de PNV en el Congreso— estos científicos seguirían teniendo un contrato temporal con menos derechos que sus homólogos financiados por fondos nacionales; una ciencia a dos velocidades.

Antes de la votación de ayer, 40 directores de los centros de investigación más punteros del país —también los que manejan más fondos europeos— enviaron una carta a los grupos parlamentarios para pedirles que apoyasen la enmienda del PP, que tumba la medida apoyada por Podemos; o que modificasen el texto para permitir contratos temporales a científicos contratados con los citados fondos competitivos de la UE. Sin la enmienda del PP, esta posibilidad solo existiría para los fondos no competitivos, que son minoría en el sistema público de ciencia.

La iniciativa de los centros de investigación la abandera Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, financiado por Generalitat de Catalunya, Ministerio de Ciencia e Innovación y entidades privadas como la Fundación La Caixa. Este veterano investigador y gestor defiende que es necesario seguir permitiendo el encadenamiento de contratos temporales.

“No hay otra solución”, opina. “O cambian la ley para que se pueda despedir y readmitir con cargo a otro proyecto sin tener que hacer una oferta pública de plaza y sin que se considere concatenación, o se despedirá a la gente en cuanto acabe el primer contrato y eso matará carreras científicas”, vaticina. Esto “nos llevaría al fin del modelo de éxito actual y sería apostar por un modelo del investigador como funcionario sin tener la financiación para ello, y además solo aseguraría esa opción una minoría, mientras que la inmensa mayoría se quedarían fuera dado que es imposible absorber a todos en las universidades y centros de investigación”, añade. Todos los rectores de universidades públicas españolas (CRUE) enviaron una carta casi idéntica para presionar a los senadores.

Las dos misivas, a las que ha tenido acceso este diario, denuncian que se crearán “falsos contratos indefinidos”, ya que muchos de ellos deberán tener una duración determinada. Además, argumentan que el coste del despido puede llegar a ser el doble con la nueva norma —de 12 a 20 días de sueldo por año trabajado— y que por ley algunos fondos europeos no se pueden usar para pagar finiquitos, lo que les obligará a los centros y universidades a pagarlos con fondos propios.

Esta situación supondrá más gastos para los centros punteros con muchos fondos y también para las universidades, algunas muy depauperadas. Desde hace años estos organismos se han visto obligados por ley a contratar a trabajadores que denunciaban en tribunales su concatenación de contratos, lo que ha supuesto gastos millonarios para grandes centros de investigación como el CSIC.

Los centros de investigación consideran además que esta ley penaliza a los más competitivos y que puede originar que “los centros más competitivos” tengan que hacer expedientes por regulación de empleo (ERE) cada año.

El Gobierno considera esencial equiparar la situación laboral de todos los científicos beneficiarios de los nuevos contratos, cualquiera que sea el origen de los fondos, y afean que los centros de investigación y los rectores están actuando “como patrones”.

La enmienda del PP “hace peor esta ley”, ha denunciado la ministra de Ciencia, Diana Morant, en unas declaraciones para la prensa. “Estamos ante dos modelos distintos. Los contratos temporales que defiende el Partido Popular, y los contratos indefinidos que nos homologan con Europa y que son los que defiende el Gobierno y del Partido Socialista”, ha añadido la ministra y miembro de la Ejecutiva del PSOE.

El sindicato CC OO, principal impulsor junto a Podemos de la equiparación laboral prevista en la enmienda de Podemos, es muy crítico con ERC y con los centros de investigación y rectores. “Dijo Gabriel Rufián, portavoz del grupo parlamentario ERC, en el Debate del estado de la nación que, en política, nunca nada es gratis”, denuncia en una nota de prensa Elisa Fernández Núñez, secretaria de empleo y juventud de la organización. “La pregunta es entonces a qué precio han vendido a los trabajadores y las trabajadoras de la investigación”, añade. “La nueva ley de la ciencia consolida grupos de investigación potentes, hace más atractiva la carrera investigadora y mejora las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Se puede despedir cuando la línea de investigación deja de tener financiación? Sí, pero se penaliza con una indemnización mayor. Así se incentiva que el personal ya formado y con una alta especialización se mantenga en SU puesto de trabajo”, añade.

¿Qué ha cambiado para que ERC se una a la derecha y defienda justo lo contrario que apoyó hace apenas unas semanas? Una portavoz del grupo parlamentario ha defendido que con su votación a favor de la enmienda del PP y junto a Vox y el PNV están exigiendo “que se negocie el tema de fondo”, que en su opinión es que hacen falta más fondos estatales para financiar las líneas de investigación que sustentan los contratos de los científicos. “Lo que se proponía no era una mejora de los derechos laborales, sino una legislación imposible de cumplir que condenaba la viabilidad de los centros que reciben fondos europeos, la mayoría catalanes y vascos”, explican desde ERC. Sobre la coincidencia con la derecha y Vox, añaden: “La política tiene contradicciones y lo importante es saber de qué lado estás”, añaden desde el grupo parlamentario. El partido está abierto a negociar, aseguran.

Ahora, el objetivo del Gobierno y socialistas es convencer a los grupos parlamentarios afines a que cambien su voto de cara a la votación en el pleno del Congreso, que se celebrará o bien la próxima semana o bien a la vuelta de la pausa veraniega. Fuentes del Gobierno han confirmado a este diario que también pretenden reunirse “todas las veces que sea necesario” con centros de investigación y rectores para reconducir la situación.

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