La cuadratura del círculo

Los habituales de Bruselas saben que el centro de gravedad institucional es el Rond-point Schuman, una glorieta con forma de círculo perfecto en la que se ubican dos instituciones claves de la UE: el Consejo y la Comisión Europea. En la madrugada del 21 de julio el Consejo Europeo alumbró un gran paquete de estímulo —conocido como Next Generation EU— que movilizará en España hasta 140.000 millones de euros a comprometer entre el año 2021 y el 2023. Una oportunidad que está generando las tres reacciones esperables en España: deslumbramiento inicial, inflación posterior de las expectativas, e inquietud final por nuestra capacidad de gestión administrativa.

El Gobierno presentó la semana pasada el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un adelanto del documento que se envía hoy jueves a Bruselas, y que es en realidad un borrador del plan definitivo a remitir a principios de 2021, una vez el acuerdo adquiera —si no hay retrasos— el necesario rango de ley europea. Se trata del plan de inversiones y reformas exigido para liberar progresivamente el paquete principal de ayudas, conocido como Mecanismo de recuperación y resiliencia. Unos fondos de compleja gestión por lo inédito —deben reglamentarse adhoc en un tiempo récord— y que, en España, van a exigir un juego de equilibrios tan complejo como tratar de cuadrar la rotonda Schuman. Cuatro equilibrios sobre los que descansa la esperanza de acometer urgentes inversiones productivas y, también, algunas claves para reforzar la política de ciencia e innovación del país.

El primer reto es lograr que el Plan de Recuperación resulte convincente en su balance de inversiones y reformas, puesto que la estricta supervisión europea no lo será solo en términos de eficacia y eficiencia del gasto, sino también de la profundidad de las reformas. Las inversiones contemplan un prometedor “Pacto por la ciencia y la innovación” en el Eje 6 del Plan. Pero en términos de reformas, además de la previsible disputa por el mercado laboral y las pensiones, quizá podríamos atacar algunas debilidades estructurales de nuestro sistema de I+D+i que no pudieron ser abordadas en la Ley de Ciencia de 2011 ni, en la profundidad que se merecen, en el Real-Decreto Ley de medidas urgentes de 2019.

El segundo es de articulación institucional. Estamos acostumbrados a cogestionar los fondos estructurales entre la administración del Estado y las de las comunidades autónomas, y debemos encontrar la forma de hacerlas partícipes, pero también a los ayuntamientos, cuyo papel en la promoción de la innovación ha sido creciente en la última década. El despliegue de servicios públicos digitales, el apoyo al emprendimiento tecnológico o la compra pública de innovación pasan, cada vez más, por unas administraciones sin competencias formales en I+D+i y a menudo olvidadas en el diseño de estas políticas. El ejercicio de concertación exigido es por tanto mayúsculo y debe producirse en mitad de una intensa negociación de los Presupuestos Generales 2021, inseparables del Plan de Recuperación.

Ejecutar eficazmente puede no ser lo mismo que hacerlo de forma eficiente, logrando que cada euro público arrastre inversión privada, genere capacidades sostenidas en la administración y produzca nuevos liderazgos empresariales que poder exportar

El tercero es de pura capacidad de gestión. Se ha dicho con razón que, incluso considerando solo la partida de 72.000 millones de euros en subvenciones, el volumen de fondos quintuplica la dotación anual de FEDER, el pilar de las inversiones europeas en España en I+D, sostenibilidad y digitalización. Hay por tato un riesgo real de que los nuevos fondos gripen la maquinaria administrativa que licita y otorga ayudas de esta naturaleza. El equilibrio es por tanto entre repartir juego o concentrarlo en aquellas entidades estatales con mayor capacidad de gestión. Y en acertar con el anunciado Real Decreto-Ley que flexibilizará la ejecución de los fondos; una flexibilidad que podría permitir ensayar modelos de ayudas y contratos públicos más ajustados a la naturaleza de los proyectos de innovación público-privada. De la digitalización de la sanidad al despliegue de la nueva movilidad en las ciudades, pasando por soluciones biotecnológicas para hacer más sostenible la agricultura, estos proyectos exigen unos modelos de intervención pública diferentes.

El cuarto reto es, precisamente, acertar con el tipo de inversiones y maximizar su capacidad transformadora. Veremos sin duda un equilibrio inestable entre inversiones largamente deseadas —una gran apuesta por el talento científico o la digitalización radical de las administraciones— y otras más oportunistas, ajustadas a las etiquetas de moda en Bruselas y a las siete prioridades marcadas por la Comisión. Pero debemos reivindicar un espacio, aunque sea pequeño, para innovar. Para experimentar y, si es preciso, equivocarnos. Puesto que algunos enfoques propios de la innovación liderada por lo público, como la compra de innovación o los sandboxes regulatorios, no pueden concebirse de otra manera.

La paradoja está servida. Ejecutar eficazmente puede no ser lo mismo que hacerlo de forma eficiente, logrando que cada euro público arrastre inversión privada, genere capacidades sostenidas en la administración y produzca nuevos liderazgos empresariales que poder exportar. Mientras Europa afronta uno de sus mayores desafíos desde los tiempos fundacionales de Robert Schuman, España encara uno bien conocido y largamente propuesto: convertir a nuestro sector público en un laboratorio de futuro y en un verdadero motor de innovación.

Diego Moñux Chércoles es socio director y fundador de Science & Innovation Link Office