La derecha ya ganó

El próximo domingo 17 de diciembre tendrá lugar un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución definida por el Consejo Constitucional. Es muy probable que en el plebiscito del próximo 17 de diciembre el texto sea rechazado, de acuerdo a lo que han venido indicando las encuestas, pese al optimismo surgido entre los partidarios de la opción A favor por haberse estrechado la distancia entre ambas opciones una vez iniciado el período legal de campaña. De imponerse la opción En contra sería la segunda vez en el lapso de dos años que se estaría rechazando una propuesta de cambio a la Constitución.

Es ya anómalo, o bien muy excepcional, que se rechacen propuestas de cambio constitucional promovidas en democracia. Islandia, a inicios de la década anterior, experimentó una situación similar cuando quedó inconcluso un proceso constitucional impulsado para dar respuesta a las movilizaciones que sucedieron a la crisis económica de 2008. En Chile se estaría rechazando por segunda vez un anhelo de cambio constitucional que en sectores de centro-izquierda e izquierda ha estado presente desde antes que entrara en vigencia la Constitución de 1980 y, a raíz del estallido social, para responder a las demandas sociales y lograr revertir la crisis que lo antecedió. A diferencia del caso islandés, en Chile se estaría rechazando por segunda vez el intento de reemplazar una Constitución cuyos aspectos más sustantivos se proyectan desde la etapa dictatorial hasta nuestros días.

Después que el oficialismo condicionara la puesta en práctica de su programa de gobierno a la aprobación del proyecto constitucional anterior, elaborado por la Convención Constitucional, y rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, sus representantes y el propio presidente de la república desestimaron el nuevo proceso. Dieron por perdida la nueva etapa tras la elección de los consejeros constitucionales, en mayo de este año, en la que la derecha y en especial el Partido Republicano obtuvieron una holgada victoria. Por el hecho de haber tenido la derecha el control del nuevo proceso, nadie -ni menos el Presidente de la República- volvió a mencionar que una constitución elaborada en democracia era mejor que una “redactada por cuatro generales”.

Siempre se supo que la derecha en el próximo plebiscito tenía muy poco que perder, pues de ser aprobada dispondrá de una Constitución redactada a su medida, e incluso otorgándole rango constitucional a temas que no lo tienen en la actualmente vigente. En un sentido inverso, de ser rechazada se queda con la actual Constitución, la que según lo declarado por personeros de izquierda y centroizquierda cuenta hoy con mayor respaldo. Ahora bien, de aprobarse el actual proyecto, tampoco sería fácil lograr su implementación. De acuerdo a las normas transitorias que presenta el proyecto a ser plebiscitado, existen 35 leyes que deberán ser aprobadas por el Congreso para poder implementar la nueva Constitución. De esas, varias requieren quórum calificados, mientras que otras requieren de mayoría simple.

Por otra parte, y tomando en cuenta los problemas de la conducción del actual gobierno, la agudización de la crisis económica, los problemas asociados a la migración, a la seguridad ciudadana y la corrupción en el Estado, en paralelo a la discusión constitucional, la derecha ha sabido posicionar e instalar su propia agenda. Una agenda compuesta por cuatro ejes prioritarios, que por lo demás han sido los temas con los cuales ha logrado avanzar la derecha más extrema a nivel internacional: el énfasis en el crecimiento económico (por sobre cualquier agenda de corte social), seguridad ciudadana, antimigración y anticorrupción. Hasta la campaña televisiva entre las opciones En contra y A favor ha incorporado estos temas. Con frecuencia, cuesta distinguir quién es quién dado que en ambas se ofrece más seguridad, menos corrupción y expulsión de quienes ingresen de manera ilegal.

El oficialismo, y en especial quienes tuvieron un rol más protagónico en el anterior proceso, han ido soltando y liberándose del tema constitucional con una sorprendente rapidez. Han terminado por reconocer que el problema constitucional era una suerte de condición necesaria pero no suficiente para contribuir a revertir la crisis desencadenada desde octubre de 2019. No por causalidad una figura clave del proceso anterior, como lo fue Marcos Barraza, en una columna escrita y difundida por él mismo en La Segunda, el viernes 24 de noviembre, sostuvo que de rechazarse la actual propuesta las prioridades para la izquierda deberán ser otras: “En primer lugar, la reactivación económica es fundamental (…) Prioridades reforzadas deben ser las políticas de seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción (…) También se deben establecer planes sociales para enfrentar la crisis de la salud e ingresos”.

Transcurridos cuatro años de discusión centrada en el cambio de la Constitución, y dos años del actual gobierno supeditando su agenda al mismo propósito, pareciera que la actitud de la izquierda y la centroizquierda le terminan dando la razón al ex presidente Patricio Aylwin cuando en plena dictadura, en 1984, decía que para avanzar con el proceso de transición había que dejar de lado el problema de la legitimidad de origen de la Constitución de 1980. Y junto a ello señalaba que se debían aceptar las reglas del juego definidas por la Constitución. Tras el plebiscito de 1988, la Carta Fundamental pudo ser reformada mediante acuerdos con la derecha, para así facilitar la instalación del primer gobierno electo a fines de 1989. Si se pudo avanzar con la transición y el funcionamiento de los gobiernos que se sucedieron desde 1990 en adelante, no se justifican dos años de total estancamiento y falta de orientación del actual Gobierno, más aún cuando sus propios partidarios y representantes reconocen que se puede llevar adelante una agenda prescindiendo del tema constitucional. Definir y conducir la agenda, implica para el oficialismo un enorme desafío que pasa por reparar una credibilidad quebrantada debido a lo variable y contradictorias que han sido las declaraciones y decisiones adoptadas por el actual Gobierno.