Chile camina al plebiscito por una nueva Constitución en medio de un debate acalorado por la delincuencia

Chile camina a paso veloz a una nueva cita electoral con la que, en apariencia, cerrará su momento constituyente abierto hace cuatro años, tras el estallido social de octubre de 2019. El domingo 17 de diciembre, 15.406.352 ciudadanos están convocados a las urnas para votar A favor o En contra de nueva propuesta apoyada por sectores de centro y las derechas. Pero en Chile no solo no se respira un ambiente electoral –un 47% de la gente declara estar no muy interesada o nada interesada en el proceso, según la reciente encuesta CEP–, sino que el debate de largo plazo que parece inherente a una nueva Carta Fundamental parece totalmente cruzado por una discusión acalorada acerca de la delincuencia, que urge a los chilenos ahora. No solo se trata de la principal prioridad de la sociedad (la misma encuesta CEP lo dice), sino que los hechos delictivos diarios no dan tregua a una ciudadanía impaciente y asustada.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, de la centroizquierda, pero no oficialista, bautizó este mes como el “noviembre rojo” por su “escalada de homicidios”: se han registrado 35 solo en la ciudad de Santiago, dijo, y se han contabilizado otros 43 en calidad de frustrados. Orrego –exmilitante democristiano– ha sido el que ha abierto el debate sobre la necesidad de decretar un Estado de Excepción en la región capitalina (como sucede hoy en día en La Araucanía y en las regiones vecinas, en el sur de Chile, y en la zona norte, donde los militares están desplegados hace unos 250 días). El Gobierno de Gabriel Boric, sin embargo, no está por la medida, por considerar que no solo implica un régimen excepcional de libertades, sino que, además, un régimen excepcional de intervención de las Fuerzas Armadas, como sostuvo en la semana el ministro de Justicia, Luis Cordero.

Es un asunto diario lo de los crímenes que generan impacto en la opinión pública. En los últimos dos días, un conductor de una aplicación de transporte fue asesinado en la zona sur de Santiago, en La Granja, mientras un hombre fue acribillado fuera de una botillería en el municipio de Estación Central, en la zona poniente de la capital, con al menos 14 balazos. Según las autoridades del Gobierno actual, como el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la criminalidad comenzó a cambiar en torno a 2015. La derecha responde que no ayudó la actitud con que las izquierdas respondieron a la violencia del estallido social de octubre de 2019 y a la postura de la entonces oposición al Gobierno conservador de Sebastián Piñera ante proyectos de ley que buscaban mayor dureza. El panorama chileno parece complejo: desde algún sector de la izquierda moderada y oficialista se empujan iniciativas como la del senador Pedro Araya, que busca sancionar con cárcel a los menores de edad desde los 16 años. Mientras, las cárceles se llenan. Si a fines de 2021 había 40 mil personas privadas de libertad, hoy llegan a 54 mil.

Es de lo que se habla hoy en Chile, no de la nueva Constitución, aunque los equipos de campaña saben ocupar sus respectivos momentos. Desde las derechas que empujan la opción A favor, se despliega la estrategia de hablar de la propuesta como la Constitución de la seguridad y de hacer de este referéndum un plebiscito respecto del propio Gobierno. Quedó en evidencia en un vídeo de campaña por el A favor, divulgado la semana pasada, donde se interpela a la nueva generación de izquierda que hoy está en el poder y que hoy está por el En contra, aunque no se explicite. “Voy a votar A favor y que se jodan”, dice la publicidad, que causó bastante polémica.

Las encuestas y pronósticos dan ventaja al En contra, apoyado por la centroizquierda y las izquierda. La Data Influye, por ejemplo, difundida esta semana, muestra que se mantiene la distancia entre la opción En contra (50%) y la opción A favor (27%). Pero el sondeo CEP de la semana pasada indica que un 53% aún no ha decidido su voto, por lo que analistas y expertos hablan todavía de un resultado abierto. Chile apenas retomó hace dos elecciones el voto obligatorio, lo que aumenta la incertidumbre sobre el comportamiento electoral de los grandes bolsones de votantes nuevos y alejados de la política.

Es el escenario en que el Gobierno de Boric enfrenta, a su vez, este nuevo proceso electoral. Entre la contradicción de apoyar el texto actual y no la propuesta, pese a que ha sido una demanda histórica de la izquierda superar la Constitución de Pinochet, reformada unas 70 veces desde 1989; y la presión por mostrar resultados en materia de orden público, tras casi dos años de Gobierno. El presidente esta semana ha dado señales. “La seguridad pública es la preocupación central en nuestro país (...). Lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo enfrentándonos para sacar réditos de largo plazo. En esto, la lógica Gobierno-oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema”, planteó Boric el martes. Y luego reflexionó: “Yo sé que desde la oposición deben estar pensando: ‘Es muy fácil decirlo ahora que eres Gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta [nos golpeaste duro]. Hay algo de cierto en eso”, reconoció el presidente.

Lo hizo en la misma línea que la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, que en entrevista con EL PAÍS aseguró: “Uno puede respetar las críticas de la actual oposición respecto a nuestro rol en la oposición de su momento, pero la pregunta que uno tiene que hacerse frente a esa crítica es si eso les da derecho a ser igual o peor que nosotros. Si en política vamos con el ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Y nuevamente quienes pierden son las personas, la democracia, las instituciones”.

Hoy en día, en medio de un clima de campaña, parece improbable la altura de miras de lado y lado. Todas las fuerzas políticas están exigidas por las elecciones y, al miemos tiempo, interpeladas por la ciudadanía. Mientras, la delincuencia lo toca todo. Hace unos días, Boric subió a sus redes una foto subiendo en bicicleta el cerro San Cristóbal, un icono de la capital. El presidente del partido de la derecha tradicional UDI, Javier Macaya, dijo que el vídeo con la frase “que se jodan” respondía a “la rabia de ver al Gobierno bailando y andando en bicicleta”. El mismo Boric le respondió: “Hoy en la mañana temprano, a las 6.30, subí el cerro en bicicleta. Espero que al senador Macaya no le moleste”, dijo el martes.