Las grietas de las izquierdas chilenas

En las últimas dos semanas, dos grietas han aparecido en el tumultuoso mundo de las izquierdas gobernantes en Chile. Se trata de dos grietas de distinta naturaleza, y probablemente con distintas consecuencias: pero su simultaneidad les entrega un poder auto-destructivo considerable.

La primera grieta se arrastra desde hace casi tres semanas: la llamaré una grieta moral. En la región de Antofagasta, se abre paso la noticia de que una fundación (“Democracia Viva”) estableció un millonario convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de su estructura descentralizada (la SEREMÍA de Vivienda) con escasos requisitos y, sobre todo, sin mediar concurso público ni menos una decisión colegiada de financiamiento. Pero el problema escaló políticamente ya que el presidente de dicha fundación, Daniel Andrade, era la pareja de la diputada Catalina Pérez, quien fuese hasta hace relativamente poco tiempo presidenta de una de los tres partidos del Frente Amplio (“Revolución Democrática”). A partir de allí, es todo un patrón de conducta partidaria que comienza a ser denunciado, ya que varias de las personas que se vieron involucradas en este financiamiento pertenecen a Revolución Democrática.

Tras varios días de estupefacción y mucha confusión de los dirigentes de dicho partido (partiendo por su presidente, el senador Juan Ignacio Latorre, quien inicialmente blindó a quien fuese su antecesora a la cabeza del partido), se llevó el caso al Tribunal Supremo. Resultado: dos militantes expulsados y la diputada Catalina Pérez suspendida de su militancia, enredando de paso la gestión del ministro de Vivienda socialista Carlos Montes, lo que enturbió gravemente la relación entre Revolución Democrática y el Partido Socialista.

Si se puede hablar de un grieta moral con efectos políticos considerables es porque el Frente Amplio [la coalición del presidente Gabriel Boric] fundó su necesidad desde una escala de valores superior a la de toda la clase política chilena de los últimos 30 años: “nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió”, pudo declarar en serio el entonces ministro secretario general de la presidencia y fundador de Revolución Democrática Giorgio Jackson, desatando una andanada de críticas de las generaciones políticas previas.

La polémica solo pudo amainar con disculpas públicas del ministro: pero el choque intergeneracional ya había producido estragos. Pues bien, con el estallido del “Caso Convenios” que se inició en Antofagasta (ya son 9 regiones investigadas por distintas situaciones de la misma índole), lo que queda en entredicho es la pulcritud moral de Revolución Democrática, en la medida en que se sospecha tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco. Sin embargo, hay algo más profundo en esta oleada de denuncias y que trasciende con creces al Frente Amplio: lo que realmente está en discusión es un antiguo mecanismo de financiamiento de organizaciones de la sociedad civil para acompañar al Estado en la ejecución de programas sociales y de urbanismo que cualquier gobierno, sea este de izquierdas o derechas, no puede realizar por sí mismo.

Se instala así una política de financiamiento de la sociedad civil (en principio algo muy valioso, sino virtuoso), pero a partir de elecciones discrecionales de aquellas organizaciones que merecen ser financiadas, con lo cual se distorsiona tanto la política como su trasfondo ideológico-institucional (es porque la actuación del Estado chileno está restringida por el principio de subsidiariedad que su accionar se externaliza mediante agentes privados, con o sin fines de lucro). Por el momento, la cacofonía del escándalo es tal que no hay espacio para discutir este transfondo, permitiendo que lo que prevalezca sea la grieta moral que retóricamente divide a viejas y nuevas izquierdas.

La última semana vio emerger una segunda grieta, esta vez entre las dos viejas izquierdas comunista y socialista de la cual queda fuera el Frente Amplio. La llamaré una grieta memorial, ya que enfrenta a dos maneras distintas de conmemorar los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Tras su participación en el podcast conducido por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, el delegado presidencial para coordinar las conmemoraciones del medio siglo desde que ocurriese la última catástrofe de Chile fue desmedidamente criticado por comunistas y decenas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos bajo los cargos -absurdos- de “negacionismo” y “relativismo”, a partir de un uso descontrolado de dos categorías que se tradujeron en cancelación y asesinato social. Es así como el delegado presidencial Patricio Fernandez sostuvo que “los historiadores y los politólogos podrán discutir” las razones de por qué se pudo desembocar en un golpe de Estado, sin dejar lugar a dudas a que las violaciones a los derechos humanos “son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

La polémica fue tal -se acusaba a Fernández de no condenar el golpe y de derivar en formas intolerables de negacionismo y relativismo- que éste tuvo que renunciar con el fin de no obstruir las conmemoraciones que ya comenzaron sobre algunas de sus estaciones intermedias (como por ejemplo el “tanquetazo”, un primer intento abortado de golpe de Estado que tuvo lugar el 29 de junio de 1973 y que prefiguraba la tragedia que tendría lugar dos meses después.

De esta forma se consumaba la derrota de una aproximación distinta a las violaciones de los DD HH ocurridas en dictadura, aquella que consistía en hablarle al 80% de los chilenos que no vivió el golpe ni sus efectos más abyectos durante los primeros tres años de la dictadura (desde la masacre de 70 campesinos y trabajadores en Paine en octubre de 1973 hasta la desaparición de la dirección clandestina del PC en 1976 (calle Conferencia), pasando por la aniquilación de la dirección clandestina socialista en 1975, sin olvidar todas aquellas ejecuciones y desapariciones que se registraron desde el primer día del golpe). Es con esa finalidad que Patricio Fernández propuso el guión MEMORIA, DEMOCRACIA, FUTURO, cuya orientación para conmemorar era mucho más universal, con el costo inevitable de una pérdida de carga emocional para los familiares de las víctimas a cambio de comunicarse con quienes no vivieron el periodo, y a quienes lógicamente no se les puede exigir la experiencia del dolor.

Con la salida de Fernández se sella el destino del guión, más allá de si este era viable con una derecha radicalizada por Republicanos, a la que se ha sumado una ola de parlamentarios de la derecha tradicional en una mezcla de oportunismo electoral y de convicción para incursionar en una coyuntura revisionista. En términos concretos, se optó por conmemorar apelando a la subjetividad de un número cada vez más pequeño de chilenos, a quienes sí les hace sentido seguir conmemorando del mismo modo de siempre, hasta que se produzca la extinción de ese mundo. Es exactamente lo mismo que ocurrió en Europa, por ejemplo en Francia, a una distancia temporal simétrica: en 1995 me encontraba en París defendiendo mi doctorado en el año de la conmemoración del fin de la segunda guerra mundial y de sus horrores, y me llamó la atención (que terminé rápidamente por entender) ese tufillo de indiferencia popular ante tamaña tragedia. Pues bien, no se le puede pedir a todo un pueblo lo imposible: conmemorar como si el tiempo no transcurriera.

El cambio demográfico es tan cruel como inevitable, y es lo que se pasó por alto en esta disputa por enmarcar esta segunda grieta, memorial, entre la aproximación particularista y un enfoque más universalista entre las dos izquierdas viejas, comunista y socialista, la última tragedia de Chile.

Estas dos grietas ponen en evidencia distintos tipos de distancias y equidistancias entre dos coaliciones gobernantes sobre temas esenciales, respecto de los cuales la coordinación entre tantas partes y micro-partes es prácticamente imposible. Ambas grietas ocultan una tercera, una grieta de proyecto entre todas las fuerzas aliadas, que bien podría eclosionar con ocasión del ciclo electoral que se inicia en 2024.