Boric busca una salida de urgencia para evitar el colapso del sistema privado de salud de Chile

El sistema de salud privado chileno, que se creó en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), está en peligro. Si bien arrastra una crisis económica que se agudizó en la pandemia, ha sido un fallo de la Corte Suprema el que ha puesto en jaque a las aseguradoras, conocidas como isapres, al ordenarles devolver cobros en exceso a sus afiliados que el Gobierno calcula en unos 1.400 millones de dólares. La crisis le rebotó a la Administración izquierdista del presidente Gabriel Boric que, obligada por la sentencia, busca contrarreloj una salida que evite el colapso de las isapres, que tienen más de tres millones de cotizantes. Los jueces fallaron a fines de noviembre de 2022 y dieron un plazo de seis meses –que vence el 30 de mayo próximo–, para que la superintendencia de salud, el órgano fiscalizador estatal, encuentre una fórmula para aplicar el fallo.

Es un momento especialmente complejo para las aseguradoras, llevan dos años de pérdidas que, solo en 2022, se cuantificaron en unos 169 millones de dólares. A ello se suman las deudas que mantienen con las clínicas privadas, de unos 600 millones de dólares.

Chile tiene un sistema mixto de salud. Por un lado, existen las instituciones de salud previsional (las isapres), que operan como aseguradoras y albergan al 17% de la población con mayores ingresos. Por otro, el fondo nacional de Salud (Fonasa), donde está el 80% de la población, unos 15 millones de chilenos. Las cotizaciones son obligatorias, del 7% mensual de los sueldos, pero en el caso de quienes están en las isapres el promedio puede llegar al 11%. La calidad de la cobertura depende de los precios de los planes. “En Chile la estructura salarial es muy desigual. El 80% de personas que están en Fonasa, en términos de volumen de dinero, es el mismo del 15% que está en el sector privado”, dice a EL PAÍS el exsubsecretario de Redes Asistenciales del primer Gobierno de Michelle Bachelet y exasesor de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ricardo Fábrega.

Distintos Gobiernos han intentado reformar el sistema, como el segundo de la socialista Bachelet (2014-2018) y el último de Sebastián Piñera (2018-2022), de centroderecha. Pero la falta de acuerdo político en el Congreso por un asunto que suele marcar ideológicamente las posiciones, ha postergado los cambios. Ante esos vacíos, han sido los tribunales los que han puesto los límites a la industria.

Boric, en tanto, prepara una reforma a la salud, que podría ser presentada a fines de 2023, en la que apuesta crear un sistema nacional. Pero la crisis de las isapres ha obligado al Gobierno a adelantar parte de sus planes. La vía de salida que ha planteado el Ministerio de Salud es presentar una ley acotada al Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría, que asegure la sostenibilidad financiera de las aseguradoras y, al mismo tiempo, fortalezca a Fonasa. Esto, porque una de las consecuencias de la crisis ha sido la fuga de los cotizantes privados hacia al sistema público. En 2022, 173.000 personas se fueron de las isapres, la mayor cantidad en 20 años.

El origen del conflicto

El origen del problema actual está en la arquitectura de las isapres. Además de los distintos valores de coberturas, el modelo contempla varias tablas de factores de riesgo para los afiliados, las que varían de acuerdo con el género y la edad y definen el precio base de los planes de salud. Por ejemplo, explica Fábrega, una mujer en edad fértil, las personas de tercera edad y las menores de dos años, siempre han pagado más que un hombre joven y sano.

Pero fue en diciembre de 2019, dos meses después de la revuelta social chilena, que el Gobierno de Piñera decidió terminar con esta discriminación. A través de una circular administrativa, la superintendencia de salud dictaminó que partir del 1 de abril de 2020 solo habría una tabla única de factores, eliminando el sesgo por sexo y rango de edad.

Las isapres aplicaron esa nueva tabla solo a quienes entraron al sistema a partir de abril de 2020, pero mantuvo las reglas anteriores para sus antiguos afiliados. De acuerdo al fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado, sin embargo, la tabla única de 2020 rige para la totalidad de los cotizantes, por lo que ordenó recalcular el precio de los planes de salud y los excesos cobrados hasta entonces. Encargó a la superintendencia la forma de implementar el fallo. En esa resolución, los jueces fueron aún más duros con la industria, porque determinaron que en sus planes de salud no podían cobrar por los menores de dos años.

Al borde del abismo

Si bien el cálculo de 1.400 millones de dólares que deberían devolver las aseguradoras es estimativo, el presidente del gremio de las isapres, Gonzalo Simon, ha dicho que, “evidentemente, la cifra no es abordable”, porque es “3,4 veces el patrimonio” total de las isapres. Las aseguradoras tienen su propia interpretación de la sentencia, lo que aumenta la tensión y la incertidumbre. “Lo que busca el fallo no es las devoluciones, que es lo que ha pasado a ser protagonista. Lo que busca es que haya una sola tabla de factores para toda persona que está en el sistema de isapres”, dijo Simon el 14 de marzo ante una comisión en el Senado.

“Si las cifras son las que extraoficialmente se conocen, el sistema no tiene ninguna posibilidad de continuar”, dice Patricio Fernández, quien fue superintendente de salud de Piñera. “Hoy el futuro de las isapres está en manos de lo que defina la superintendencia y si su interpretación es o no aceptable por la Corte Suprema”, agrega el abogado y magíster en salud pública.

Fernández es crítico del sistema y recuerda que la falta de acuerdo político es uno de los elementos relevantes tras la crisis actual. Sobre la arquitectura de las isapres, señala que su estructura normativa es “absolutamente obsoleta” y que ya “no responde a las necesidades de la población”. Explica que con una estructura de costos inflacionaria, las isapres están basadas en un modelo en que los más jóvenes y sanos deberían financiar a los mayores y a los planes más costosos. Pero con el envejecimiento de la población y los incrementos de costos en la salud, como ocurre en todo el mundo, “eso se hace insostenible”, agrega Fernández.

Mientras, en Fonasa –el sistema público, donde está el 80% de la población– afirman estar preparados para recibir más personas desde las isapres y que puede ofrecer un servicio similar. “Fonasa se va a fortalecer para recibir un gran contingente de personas”, aseguró hace unos días el director del organismo, Camilo Cid.