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COLUMNA i

La guerra de Ayuso contra la justicia fiscal

La realidad es que el modelo madrileño es insostenible precisamente por los efectos de los continuos regalos fiscales del PP a los más ricos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Europa Press

Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que por su incapacidad de gobernar la comunidad se entretiene gobernando los titulares. Incapaz de sacar adelante una sola medida de las que prometió, incapaz de aprobar sus presupuestos, día sí y día también, busca y a veces encuentra titulares que abochornan a los madrileños. Su última idea ha sido llamar “paletos” a los leoneses. El calificativo forma parte de ese centralismo madrileño miope que trata de vestir ahora de regionalismo en la guerra que abandera contra el gobierno estatal del PSOE y Unidas Podemos, y contra Cataluña. Un centralismo construido a través de debates inútiles, guerras impostadas, repleto de demagogia, y dañino para el conjunto del país.

Como eje principal para reforzar su disparatado centralismo madrileño ha elegido, cómo no, el debate sobre la financiación autonómica y los impuestos: por una parte critica el sistema de financiación autonómica actual vigente durante los gobiernos de Mariano Rajoy porque según ella es injusto que Madrid aporte más que el resto de comunidades a la caja común; por otra parte la presidenta se opone a toda medida fiscal de competencia estatal contenida en el acuerdo de gobierno (como la tasa Tobin) que nos pueden permitir aumentar la recaudación fiscal (hay que recordar que estamos a 7 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea en presión fiscal) y que avancemos así ligeramente hacia la justicia fiscal; por último ha emprendido la guerra contra el anuncio por parte de Montero, la ministra de Hacienda, sobre la necesidad de avanzar hacia una armonización fiscal en las diferentes comunidades autónomas para evitar que se produzca el “dumping fiscal”.

Hemos escuchado a Ayuso decir que las empresas vienen a Madrid por las bajadas de impuestos que ha puesto en marcha el Partido Popular en los últimos años. Pero lo cierto es que el impuesto de sociedades, el que tendría efecto sobre el lugar donde deciden tener su sede las empresas, es un impuesto estatal del que nada tienen que decir ni regular las comunidades autónomas. Trata de utilizar un viejo mantra neoliberal (“bajar impuestos genera riqueza porque fomenta que, en vez de acumularlo, quienes tienen esa riqueza la inviertan”) de la forma más tramposa. Es una falacia: si a Madrid le va bien (en cifras macroeconómicas) es sobre todo porque es la capital, y como tal, tiene la capacidad de atraer empresas (pequeñas y medianas, y también las más grandes). Es sede de la Administración del Estado, de recursos e instituciones, y es epicentro cultural. Atrae y concentra riqueza y talento del resto del país, y lo lleva haciendo desde antes de que se comenzaran a bajar impuestos. Y la prueba de que este es el factor que favorece que se asienten aquí tantas empresas es precisamente que el impuesto que tienen que pagar de sociedades es el mismo que en cualquier otra comunidad.

Vemos también a Ayuso defender su desequilibrada versión del “España nos roba”. Y no hay nada más parecido a un nacionalista de derechas que otro nacionalista de derechas. Visiones de corta distancia, nula visión de conjunto, y apuestas insolidarias en defensa de ventajas para las élites de una región rica en detrimento de los ciudadanos de las regiones pobres (andaluces, extremeños,..). Eso es lo que está detrás de su insistente reiteración de que la Comunidad de Madrid aporta demasiado al resto de comunidades autónomas con el sistema de financiación actual. Lo que no dice es que en el actual sistema de financiación autonómica se calcula cuánto debe aportar cada comunidad autónoma en función del ingreso potencial, no del ingreso real. Como ella apuesta por recaudar (e ingresar) poco, bajando impuestos a los multimillonarios, nos cuenta que aportamos más de lo que deberíamos. Lo que pretende es que los andaluces o extremeños paguen las rebajas fiscales a sus amigos exentos de pagar patrimonio y sucesiones.

Claro que el hecho de que en Madrid no se paguen ni el impuesto de patrimonio y ni el de sucesiones tiene efectos. Pero no son distorsionantes, es decir, no afectan a las decisiones económicas de los individuos en cuanto a la inversión o a la generación de riqueza. El hecho de que existan o no, no cambia las conductas pero sí el lugar en el que se realizan. Lo que se busca deliberadamente es atraer millonarios sin que importe que las comunidades hermanas se empobrezcan a causa de este “dumping fiscal”. Prueba de que esto es lo que quiere preservar Ayuso es que el presidente de la CEOE, Garamendi, ha respondido a la ministra Montero que en el caso de hacerse la armonización fiscal que ha anunciado debería ser igualando el resto de regiones al sistema de Madrid (obviamente de acuerdo a los intereses que él defiende). Ayuso podría sumarse y defender esa armonización a la baja, y así exportar el modelo madrileño si realmente fuese tan beneficioso como dice. Pero significaría dejar de aprovecharse de esta “competencia desleal”, y eso no le interesa.

La realidad es que el modelo madrileño es insostenible precisamente por los efectos de los continuos regalos fiscales del PP a los más ricos. Que no generan más riqueza para el conjunto, simplemente regalan dinero a los que menos lo necesitan a costa tanto de las mayorías empobrecidas de la Comunidad de Madrid como del resto del país que viven en regiones sin ventajas tramposas. Madrid es ejemplo de desigualdad y por mucho que la presidenta nos repita una y cien veces la palabra “libertad”, lo cierto es que a ella llegan los que se la pueden pagar. El hecho de que la mayoría de las empresas del IBEX35 tengan sede en nuestra región o que vivan 23 de los 50 superricos de la lista Forbes no nos hace vivir mejor a la mayoría. Las rebajas fiscales de las que alardea (50.000 millones desde 2003) y que afectan a los ricos (un 330 % más que al resto de la población) las pagamos todos y todas a través de una deuda que asciende a 36.000 millones de euros, la que a su vez pagamos con recortes a los servicios públicos. Así es como nuestra sanidad pública se degrada, tantas personas dependientes no reciben atención o tenemos el récord en segregación escolar y crecemos a una velocidad tres veces más alta que la media estatal.

El debate que está detrás de toda esta campaña de Ayuso es más bien el debate sobre si apostamos por los paraísos fiscales para los ricos a costa del resto, o si queremos un sistema fiscal sostenible, solidario con el resto de regiones, justo con la ciudadanía, que nos permita financiar los servicios públicos para que vivamos en una región y en un país donde todos seamos iguales. Solo así podremos hablar de libertad.

Isabel Serra es portavoz Unidas Podemos IU Madrid en Pie.

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