El fiscal pide cinco años para el concejal de Urbanismo de Trias por un contrato ilegal

A Antoni Vives, mano derecha del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, se le acumulan los problemas con la justicia. Investigado en el caso 3% por el presunto pago de comisiones a Convergència a cambio de adjudicaciones, el exconcejal de Urbanismo afronta ahora una petición de cinco años de cárcel. La Fiscalía acusa a Vives de contratar de forma ilegal a un exalcalde del partido que cobró sin trabajar. Fuentes cercanas a Vives señalan que el caso se cerrará con un pacto que permitirá rebajar la pena y eludir el ingreso en prisión.

Todo empezó cuando Jesús Arévalo comprobó que su sueldo como alcalde de Cervelló (Baix Llobregat) por Convergència i Unió era muy inferior a su trabajo como arquitecto de carrera en el Ayuntamiento Sant Feliu de Llobregat. Según el relato de la Fiscalía, Cervelló pidió a su partido ser contratado en algún rincón de la administración pública para “completar su remuneración anual”.

Antoni Vives, entonces teniente de alcalde de Urbanismo y mano derecha de Trias, salió al rescate de su compañero de filas. Encontró un puesto en Barcelona Regional (BR), una sociedad pública cuyo mayor accionista es el Ayuntamiento de Barcelona. Vives era, además, presidente del consejo de administración de BR. Y convenció al director general del ente, Guillermo Muller, para “contratar ficticiamente” a Arévalo.

Los acusados actuaron con “consciente y grosera infracción” de la ley y “con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”, según la Fiscalía, que pide para cada uno de los tres acusados cinco años de prisión por falsedad, prevaricación y malversación. Además de la pena de prisión, el fiscal pide que Vives y los otros dos acusados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco años.

El contrato señala que Arévalo debía ocuparse, desde principios de 2012, de la “asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes”. A cambio, recibiría un sueldo de 34.000 euros brutos anuales. El alcalde figuró como trabajador de Barcelona Regional desde entonces y hasta 2015, cuando abandonó el puesto con el cambio de gobierno. Además de haber sido colocado por Vives, el problema es que Arévalo “ni participó en el proyecto indicado en su contrato” —que estaba siendo desarrollado por otros técnicos del organismo— ni en ningún otro. En total, Arévalo recibió en cuatro años 155.067 euros sin aportar “contraprestación personal alguna”.

El caso arrancó con una auditoría interna que el equipo de la alcaldesa Ada Colau encargó sobre Barcelona Regional. La información fue puesta en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Militante de la extinta Convergència desde 1999, Antoni Vives fue director de la Fundación Trias Fargas, vinculada al partido, que recibió pagos irregulares del Palau de la Música en la época de Fèlix Millet. También fue el artífice de la creación de Bimsa, la mayor adjudicataria pública del Ayuntamiento de Barcelona. Por algunas adjudicaciones de Bimsa, precisamente, Vives está siendo investigado en el caso 3% por la Audiencia Nacional.