El futuro Gobierno acepta transferir cinco competencias a Cataluña

La constitución de un nuevo Gobierno tras la investidura del socialista Pedro Sánchez ha abierto la puerta a trasladar más competencias a Cataluña. En concreto, son cinco nuevas áreas, las pactadas por PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo del 12 de noviembre para gobernar en coalición. Los socialistas se comprometieron a transferir materias que ya reconoce el Estatut y que están avaladas por el Tribunal Constitucional, como la gestión de las becas universitaras, la formación sanitaria especializada de los médicos internos residentes (MIR), el salvamento marítimo y la ejecución de la legislación laboral en empleo y formación profesional.

A falta de que el nuevo Gobierno eche a andar y se materialicen los los acuerdos entre las dos formaciones políticas que constituirán el Ejecutivo central, las competencias que están sobre la mesa para transferir son las siguientes.

Becas universitarias. Hasta ahora, es el Ministerio de Educación el encargado de organizar la política de becas. Desde 2001, el Tribunal Constitucional ha reclamado en varias sentencias que ese competencia corresponde a la Generalitat, pero el Govern catalán solo ha asumido, hasta la fecha, la gestión de estas becas. Es decir, es el Gobierno central el que decide los tramos de renta, las cuantías y toda la logística. La Generalitat se limita a vehicularlas a través de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitaria y de Investigación (AGAUR), que recoge las solicitudes de los estudiantes y las traslada al Ministerio.

Cataluña lleva tiempo demandando estas competencias. El Govern denuncia que el sistema estatal de becas solo cubre el 60% de la matrícula porque se basa en los precios del curso 2011-2012 —en Cataluña, el Ejecutivo de Artur Mas llegó a subir las tasas hasta un 66%—. Además, la Generalitat denuncia que los alumnos catalanes beneficiarios de la beca son menos que la media española porque el sistema estatal, que otorga las ayudas según la renta, “no tiene en cuenta que el coste de la vida en Cataluña es un 8,5% más caro”. Para compensar las carencias de las ayudas estatales, la universidad catalana cuenta con un sistema complementario de becas que funciona como una tarificación social, donde las rentas más bajas pagan menos. La transferencia real de esta competencia implicaría que la Generalitat marque las condiciones de las becas, los tramos de renta y las cuantías de las ayudas.

La formación MIR. La transferencia de la formación sanitaria especializada, esto es, de la gestión de los médicos internos residentes (MIR) es otra de las cuestiones que recoge el acuerdo PSOE-Podemos y que ya se contempla en el Estatut. La norma catalana ya rcoge que la Generalitat tiene competencias compartidas en cuanto a la acreditación y evaluación de los centros docentes, la planificación de la oferta de plazas o la elaboración de las convocatorias. Sin embargo, en la práctica, la Generalitat se limita a hacer una previsión de las plazas que requieren cada centro y la última palabra la tiene el Ministerio.

La gestión del MIR es un tema recurrente, que también ha salido en las comisiones bilaterales que Sánchez descongeló al llegar al Gobierno. Fuentes conocedoras de las reuniones apuntan que la formación sanitaria especializada era una de las cuestiones que el Gobierno ya se planteaban estudiar.

Salvamiento marítimo. El Estatuto recoge que Salvamento Marítimo, que es el socorro en alta mar, corresponda a la Generalitat de Cataluña de manera exclusiva “en los términos que determine la legislación vigente”. Eso incluye rescates, búsquedas, evacuaciones médicas, remolque, lucha contra la contaminación, difusión de avisos o la respuesta a las llamadas de socorro en el mar. La competencia no ha sido nunca transferida y sigue en manos del Ministerio de Fomento. El Parlamento catalán aprobó en junio del año pasado una moción que instaba a negociar con el Gobierno central el traspaso de la materia, que podría suponer una ingente inversión.

Legislación laboral. Una de las competencias reclamadas por la Generalitat en los últimos años ha sido la de asumir la gestión y la ejecución de la legislación laboral. Actualmente, el marco legislativo en materia laboral se decide en el Estado, y algunos de los ámbitos de gestión están transferidos a las comunidades autónomas. Uno de los más importantes es la Inspección de Trabajo, transferida a la Generalitat en 2009. Sin embargo, algunos aspectos no están completamente transferidos, pese a que lo contempla el Estatut, como por ejemplo la regulación del trabajo protegido.

“Todos estamos a la espera de cómo se concreta este acuerdo”, señalan desde el departamento. Fuentes cercanas a la negociación del acuerdo explican que en los próximos días se concretarán las transferencias, y que dependerán de las reclamaciones de la Generalitat. Por otro lado, una de las reclamaciones que ha expresado el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani en los últimos días ha sido la de recuperar la autorización administrativa para permitir la apertura de los ERE, una medida que dependerá de la derogación de la Reforma Laboral anunciada por Sánchez..

Empleo y Formación. Entre las competencias pendientes de transferir están también las que se refieren a la gestión en materia de empleo y de formación profesional. El departamento que dirige El Homrani señala que la Generalitat lleva tiempo reclamando que no solo se transfiera el dinero para los programas de empleo y formativos, sino que Cataluña también pueda tener flexibilidad para decidir los contenidos de la programación según las especificidades de cada territorio.