Los Mossos cargan contra los activistas que pretendían frenar un desahucio en Gràcia

Los Mossos d'Esquadra han acudido este viernes a primera hora de la mañana al edificio donde se encuentra el piso en el que viven de alquiler, desde hace 12 años, Juan Hernández y Livia Arteaga, en el tercer intento de desahucio. Miembros de la policía catalana han acudido al bloque, en el barrio de Gràcia, para establecer un cordón preventivo y evitar que entre más gente en el portal del número 274 de la Travessera de Gràcia de Barcelona para impedir, de nuevo, el desalojo. La comitiva judicial estaba citada a las 9 de la mañana para cumplir la orden de desahucio. Ante la presencia de decenas de activistas intentando detener el desahucio, los agentes de la policía autonómica han golpeado con las porras a los concentrados para hacerse hueco en el portal. Los agentes han accedido al inmueble por una ventana y tras más de cuatro horas, en que han ido retirando a activistas de la escalera del edificio, los policías han entrado en el piso. Al menos una persona ha sido detenida por atentado a la autoridad.

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Medio centenar de activistas han pasado la noche en el interior del edificio. Mientras tanto, decenas de miembros del Sindicato de Inquilinos y de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia se han concentrado en el exterior. Los agentes antidisturbios han comenzado apartando, en ocasiones a porrazos, a los activistas concentrado en el exterior.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha protestado en su cuenta de Twitter por la actuación de los Mossos. “Juan y Livia y sus hijos tienen un piso del Ayuntamiento y entrarán a vivir en 15 días. Informamos a la Generalitat y a los juzgados. Es incompresible e intolerable el despliegue policial. Hemos llamado a Interior para que detenga inmediatamente la intervención”. La concejal de Vivienda, Lucía Martín, se ha ausentado del pleno tras las votaciones más trascendentes de la sesión para dirigirse a Travessera de Gràcia.

El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, ha denunciado también la actuación de los agentes de la policía autonómica. En un tuit, en el que incluía una fotografía del desalojo, Palomera ha criticado: “Estas ocho furgonetas de antidistrubios no son para desmontar una red de narcotráfico, son para desahuciar a una familia que no puede pagar el alquiler que le exigen. Con menores de edad”.

El desalojo de Hernández y Arteaga —Juan y Livia— es conocido en toda España ya que en plena precampaña de las últimas elecciones generales la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, publicó un vídeo en Twitter en el que enviaba un mensaje a “Esther Argerich, la propietaria del piso” exigiendo que cancelara la “subida abusiva” del precio del alquiler (300 euros) a este matrimonio. Cuando Montero publicó el mensaje, Argerich ya había presentado denuncias penales contra sus inquilinos y contra los representantes del sindicato de inquilinos y de la oficina de vivienda que les apoyan acusándoles de coacciones.