Podemos señala a la dueña de un piso por subir el alquiler a sus inquilinos

Podemos se ha unido a una campaña en las redes sociales promovida por el Sindicato de Llogateres de Barcelona —dedicado a la lucha antidesahucios en el mercado del alquiler— para presionar a la propietaria de una vivienda para que no suba la renta que cobra a sus inquilinos, una pareja con tres hijos, a los que lleva alquilando el inmueble 12 años. Irene Montero y otros dirigentes de la formación de Pablo Iglesias han amplificado a través de sus cuentas en Twitter la petición de este colectivo a la dueña del inmueble usando su nombre y primer apellido. "Me he sumado a una campaña de solidaridad con una familia y comparto información que es pública, que ya estaba publicada y que sirve para entender el caso y para pedir, como hago, que se evite un desahucio y se negocie con la familia un alquiler justo", se ha defendido en Twitter Montero. EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto con la dueña del inmueble por varias vías.

El Sindicato de Llogateres lleva meses denunciado que esta mujer "es una multipropietaria que juega con la especulación". Según la información de este colectivo, es dueña de siete inmuebles y varias plazas de garaje. El mismo argumento usa Montero: "Se dedica al negocio inmobiliario. No hablamos de cualquier persona que alquila su segunda vivienda sino de un negocio". "No hemos cometido ningún delito", alegan fuentes de Podemos.

En octubre de 2018, el contrato de alquiler de Livia Arteaga y su familia terminó. Entonces, la dueña, a través de la agencia inmobiliaria con la que alquilaba la casa, les envió un burofax comunicándoles la subida del 30% del alquiler. El sindicato de inquilinos explica que la propietaria no les dio alternativa. Es decir, o asumían la subida o se tendrían que marchar. En ese momento, Livia había perdido su empleo y su marido trabajaba de técnico sociosanitario.

La familia recurrió al sindicato para tratar de encontrar una solución. "Acudimos a la agencia porque la dueña se negó a hablar con la familia", explica Jaime Palomera, portavoz de este colectivo. Ante la negativa, la agencia decidió dejar de representar a la propietaria. Fue entonces cuando esta mujer denunció ante un juzgado la finalización del contrato de alquiler para que se procediera al desahucio judicial. El sindicato, como hace en estos casos, aconsejó a la familia que ingresara el alquiler mensual de 1.000 euros en el juzgado. Así lo han hecho durante este año. "Recurrimos a esta vía porque en la mayoría de los casos permite un acuerdo entre el inquilino y el propietario. En este caso no ha sido así", defienden en el sindicato.

La organización convocó este miércoles una rueda de prensa ante el edificio, donde se concentraron un centenar de personas que consiguieron parar el desahucio. El portavoz del sindicato, Jaime Palomera, incluye a la propietaria del piso de Livia en lo que llama “multipropietarios locales”, que tienen más de cinco pisos, y a quienes acusan de no querer negociar con los inquilinos, a diferencia, asegura, de grandes propietarios como Blackstone.

“Los fondos buitre abrieron brecha y han facilitado la burbuja del alquiler con un gobierno que les puso una alfombra roja legal y fiscal. Ellos fueron la punta de lanza de las subidas abusivas, pero quien sostiene la burbuja son multipropietarios locales, de cinco viviendas o más, que viven sobre todo en base a las rentas”, señala Palomera, que añade: “Son sagas de herederos en ciudades como Barcelona que tienen un gran número de viviendas e imitan a los grandes fondos buitre”.