Un error judicial obliga a suspender el desahucio de una familia afectada por la subida del alquiler

Juan Hernández y Livia Arteaga han conseguido este martes por la mañana —junto a decenas de activistas del Sindicato de Inquilinos y de la Oficina de Vivienda Popular de Gràcia— detener el segundo intento de desahucio del piso donde viven de alquiler desde hace doce años. El desalojo de Hernández y Arteaga —Juan y Livia— es conocido en toda España ya que en plena precampaña la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, publicó un vídeo en Twitter en el que enviaba un mensaje a “Esther Argerich, la propietaria del piso” exigiendo que cancelara la “subida abusiva” del precio del alquiler (300 euros) a este matrimonio. Cuando Montero publicó el mensaje, Argerich ya había presentado denuncias penales contra sus inquilinos y contra los representantes del sindicato de inquilinos y de la oficina de vivienda que les apoyan acusándoles de coacciones. Los activistas ya habían parado una orden de desahucio y esta mañana han vuelto a paralizar el segundo lanzamiento pero con una actuación de la comitiva judicial y de los Mossos d’Esquadra nada coordinada que ha acabado con la protesta, entre llantos, de Argerich.

A las 11.00 de la mañana decenas de personas se encontraban obstaculizando el portal del número 274 de la travessera de Gràcia de Barcelona. De esta manera pretendían que la comitiva judicial considerara que no se podía realizar el desahucio y se suspendiera hasta que el juez señalara una nueva fecha. Juan Hernández explicaba a EL PAÍS como ha llegado su familia, con tres hijos (uno de ellos de 14 años) hasta este punto que parece de no retorno. Hernández viajó en busca de una vida mejor desde Perú a Barcelona en 1998. Comenzó a trabajar en el Corte Inglés y pronto consiguió reagrupar a toda su familia. En 2007 se trasladaron a vivir al piso de Esther Argerich pagando 1.100 euros mensuales. Una mensualidad que negociaron reducir, en 2015, a 1.000 euros. Así fue hasta octubre de 2018 que finalizaba el contrato. Meses antes había recibido un burofax donde se les comunicaba que si querían seguir en el piso la mensualidad subía a 1.300 euros. “Intentamos negociar pero la dueña se negó en rotundo. No nos hemos negado nunca a pagar pero ella no quiso ni escucharnos”, lamentaba esta mañana el inquilino.

A las 11.30 la comitiva judicial ha llegado a la puerta del portal y tras dialogar con el matrimonio, y con representantes de las entidades, los representantes judiciales han suspendido el desalojo al entender que no estaban siendo “asistidos por los Mossos d’Esquadra”. El desahucio estaba oficialmente suspendido pero, con la calca del documento todavía en la mano, el matrimonio y el resto de activistas han comprobado que mientras ellos hablaban con la comitiva el edificio estaba totalmente tomado por los antidisturbios de la policía autonómica que habían accedido al rellano por el parking cuya entrada se encuentra en la calle Sicília.

La propietaria del piso ha pedido explicaciones a la comitiva judicial. No entendía cómo con los agentes dentro del edificio se había suspendido el desahucio. Ella misma había abierto la puerta del párquing a los agentes. Los Mossos d’Esquadra pese a estar en las zonas públicas del edificio no recibieron la orden de la comitiva y, por tanto, abandonaron el lugar sin realizar el desalojo. Argerich protestó a la comitiva e incluso lloró de impotencia porque todavía pasarán varios días para desalojar a Juan y Livia.

Tras la marcha de los agentes, los activistas se han mostrado sorprendidos por la actuación tanto de la comitiva judicial como de los Mossos. Barbara Roch de la Oficina de la Vivienda Popular de Gràcia ha alertado: “No pararemos hasta que la propiedad acceda a renovar el contrato a Juan y Livia o hasta que se les encuentre una alternativa dentro del barrio”. Por su parte, el portavoz del Sindicato de Inquilino, Jaime Palomera, ha destacado: “Juan y Livia son un símbolo de la lucha contra una ley de arrendamientos que permite subidas de precio sin límite y la expulsión de los vecinos al finalizar sus contratos. Ante la falta de voluntad del Gobierno para regular los alquileres, ya son más de mil familias las que se han plantado. Llamamos a todos los inquilinos a plantarse frente a una ley inhumana, a seguir pagando lo que abonaban y a abrir negociaciones colectivas para conseguir un alquiler justo. En el 95% de casos se llega a acuerdos con los arrendadores”

Juan esta mañana se sentía orgulloso: "Mi hijo pequeño antes de ir al instituto me ha pedio que sea fuerte y me ha dado las gracias por luchar por nuestra dignidad". En unas semanas el juez señalará una nueva fecha para el desalojo.