Ecologistas y vecinos exigen más dureza en la restricción de tráfico
Las entidades y ERC reprochan que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones no tiene informe de impacto ambiental
Las entidades ecologistas y vecinales de Barcelona han presentado extensas alegaciones a la ordenanza que detalla el funcionamiento, a partir del 1 de enero de 2020, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una medida que busca reducir la contaminación y que veta la circulación de los vehículos sin distintivo ambiental en 95 kilómetros cuadrados de la capital y su entorno. En síntesis, las entidades reclaman mayor contundencia en el funcionamiento de la ZBE, además de exigir más datos sobre el impacto que tendrá.
La Plataforma por la Calidad del Aire (que agrupa a organizaciones como las federaciones de asociaciones de vecinos, Greenpeace o Ecologistes en Acció), critican que no se hizo correctamente el proceso participativo, que no hay memoria de evaluación del impacto que tendrá la restricción, piden que la ZBE también se aplique en la Zona Franca y que su horario se alargue hasta las 22 horas.
Desde la Plataforma por el Transporte Público (PTP) se suman a la petición de extender la restricción al polígono de la Zona Franca, exigen que las autorizaciones puntuales sean más caras (20 euros en vez de 2), y más transporte público alternativo, tal y como contemplaba el primer diseño del veto al coche.
Sin informe de impacto ambiental
También Guille López, portavoz de la plataforma Eixample Respira ha presentado alegaciones —la plataforma no tiene entidad legal— y en ellas alerta de la falta de un informe de impacto ambiental. Fuentes municipales responden que en este expediente de ordenanzas no es preceptivo, y aseguran que la evaluación del impacto de la restricción se hizo a partir de un estudio del parque circulante, de 2017, que se presentó en la Mesa de la Calidad del Aire.
Quien también ha presentado alegaciones es el grupo municipal de ERC, que reclama una exención del veto durante dos años para las familias de rentas bajas que no tengan alternativa al coche en sus desplazamientos. También alertan de la falta de evaluación del impacto ambiental y piden “indicadores ambientales”.
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