La Diputación acusa en la causa judicial del supuesto desvío de fondos a CDC

La Diputación de Barcelona se ha personado para ejercer como acusación particular en el sumario abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona por el supuesto desvío de dos millones de euros de ayudas a la cooperación y desarrollo a empresas. Esa investigación forma parte de una macrocausa abierta por el juez Joaquín Aguirre sobre presuntas irregularidades en las subvenciones públicas de Cataluña. Otro de los capítulos conocidos recientemente es el de subvenciones concedidas por el Govern al deporte catalán.

La Diputación se ha personado en la causa que saltó en mayo de 2018 con un gran operativo policial en el que fueron detenidas 29 personas, entre ellas el que fue presidente de esa institución, Salvador Esteve, con varias entradas y registros en sedes de fundaciones y en el edificio histórico de Can Serra del organismo supramunicipal. La investigación se centraba en subvenciones concedidas por la Diputación que no sirvieron para ayudar al “desarrollo de comunidades pobres” de países como Marruecos, Bosnia y Honduras, sino que fueron desviadas, según los investigadores, a empresas, fundaciones y entidades afines a la desaparecida Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Esas prácticas tuvieron lugar, de acuerdo con el sumario, entre 2011 y 2015, cuando la Diputación era gobernada por la formación nacionalista. Unas subvenciones concedidas a dedo en las que aparecían dos fundaciones: Catmon e Igman, ambas en la órbita de CDC y dirigidas por Víctor Terradellas, uno de los detenidos en aquel operativo.

Fuentes de la Diputación, gobernada por socialistas y Junts per Catalunya, apuntaron que con la acusación particular se quiere recuperar los fondos desviados y aclarar la actuación de muchos funcionarios que advirtieron de las anomalías que se produjeron. Así consta en las diligencias judiciales -cuyo secreto se levantó recientemente- en las que se atribuye a uno de los acusados, Jordi Castells, director de relaciones internacionales de la Diputación entre 2011 y 2015, haber "presionado" a los técnicos que ponían pegas a la concesión de las ayudas porque se incumplían requisitos. Algunas de las anomalías detectadas, por ejemplo, se producían en las adjudicaciones de los proyectos para países en desarrollo. La entidad que presentaba el proyecto debía presentar una memoria y en muchos casos investigados se trataba de un corta y pega. Algunas de las empresas que se vieron beneficiadas por las ayudas de la institución se acababan de constituir y no tenían experiencia alguna en proyectos de cooperación y desarrollo, según los investigadores.