Dos millones en ayudas al desarrollo se desviaron a personas afines a CDC

La Diputación de Barcelona desvió presuntamente dos millones de euros de ayudas a cooperación y desarrollo a empresas, fundaciones y entidades afines a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Entre 2011 y 2015, con el partido nacionalista al frente, el organismo supramunicipal concedió a dedo decenas de subvenciones que no sirvieron para el “desarrollo de comunidades pobres”. Por orden del juez, un dispositivo de 500 agentes de la Policía detuvo este jueves a una treintena de personas y practicó diversos registros, incluido el edificio histórico de la Diputación.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, algunos llegados de Madrid, desembarcaron pasadas las 9.00 en la Diputación de Barcelona, en sedes de fundaciones de cooperación y en empresas y domicilios particulares de Girona, Mataró, Manresa y Reus. Uno de los 29 detenidos fue el convergente Salvador Esteve, que horas más tarde quedó en libertad con cargos. Esteve presidió la Diputación —una de las Administraciones catalanas con mayor capacidad financiera para otorgar ayudas— entre 2012 y 2015. Durante su mandato, impulsó un cambio profundo en los proyectos de ayuda al desarrollo: los dejó en manos de patronales, empresas y fundaciones privadas.

La investigación, que se ha prolongado año y medio, ha destapado un cúmulo de irregularidades en al menos 26 expedientes de adjudicación. El juez destaca el “incumplimiento grosero” de la normativa. Y cita especialmente a Jordi Castells, que como director de relaciones internacionales (entre 2011 y 2015) era el máximo responsable de conceder las ayudas. Cuando los técnicos de la Diputación ponían pegas a los expedientes —y eso ocurría de forma “frecuente”, dice el juez— Castells se “entrometía”. Llegó a “presionar” a los técnicos para que “emitieran informes favorables”.

Las anomalías son flagrantes y de todos los colores. Cuando se adjudica un proyecto técnico para países en vías de desarrollo, la entidad que lo gestiona debe presentar una memoria. Pues bien, esas memorias son “fraudulentas”, según el juez, porque eran un simple “copia y pega”. “No son más que meras copias de documentos que pueden hallarse libremente en Internet” e incluso “conocimientos genéricos que pueden obtenerse de varios manuales”. En uno de los casos bajo sospecha, se menciona una subvención (45.000 euros) para unas actividades en la Isla de Pascua, en el Pacífico, donde se hacen exposiciones “muy genéricas” y para las que se presentaron “guías genéricas de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios”.

Que la Diputación fue una máquina de repartir dinero lo prueba el hecho de que algunas de las empresas que recibieron las ayudas “fueron creadas poco antes de otorgarse la subvención directa”. Es el caso de Voltia Solutions, que “carecía de cualquier tipo de experiencia en cooperación al desarrollo”. A Voltia se le adjudicaron trabajos para orientar a los Ayuntamientos del Magreb a diseñar “planes de detección de prioridades de inversión”. Hasta entonces, la responsable de la empresa había gestionado una inmobiliaria.

La mayoría de fondos se otorgaban mediante contratos menores —de cuantía inferior a los 18.000 euros—, lo que permitía evitar el concurso público. El juez señala que es una vía “legítima”, pero indica que en la Diputación existían tantas “irregularidades” que la hipótesis más plausible es que se destinaran a fines privados o públicos, pero en cualquier caso ajenos al desarrollo.

El juez destaca el entramado de “relaciones personales” que vincula a funcionarios de la Diputación de Barcelona con “ciertos alcaldes y empresas y fundaciones”. Joaquim Ferrer, por ejemplo, es miembro de Pimec, la patronal de las pequeñas empresas próxima al soberanismo. Su empresa recibió uno de esos contratos menores para elaborar un “plan director de internacionalización de Igualada”. El juez destaca que Ferrer tiene “larga trayectoria laboral” en organismos públicos y que ha trabajado en el grupo parlamentario de CiU.

Otro de los detenidos, Víctor Terradellas, cobró de una de las empresas adjudicatarias hasta 2014 y, a partir de esa fecha, de CDC como “autónomo”. Terradellas fundó Catmon e Igman con el diputado de Junts per Catalunya en el Parlament Francesc de Dalmases, que figura en la investigación judicial pero no fue detenido. Dalmases cobró por dirigir una revista de ONG cuando, según los estatutos de Catmon, no debió hacerlo. Fuentes policiales explicaron este jueves que de los registros pueden derivarse indicios sobre el uso de fondos en el proceso independentista catalán.

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, lamentó este jueves la “indefensión” ante la redada. Conesa mostró su confianza en Esteve (“es una persona honesta que nunca se ha puesto un duro en el bolsillo”) y se mostró sorprendida de que la operación haya coincidido con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel.