Torra cede y aplaza la toma de posesión de los consejeros

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cedió ayer en su pretensión inicial y no celebró la toma de posesión de los consejeros que nombró el pasado fin de semana, tal y como estaba previsto. Torra está convencido de que el Gobierno del PP tiene la obligación de publicar el decreto con los nombres en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) al tratarse de un acto debido y por eso reclamó ayer un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora para conocer las opciones que tiene para cumplir ese trámite y constituir formalmente el Govern.

Pese a aplazar la toma de posesión, el president no cede, de momento, en su pretensión de que dos exconsejeros que están en prisión preventiva (Josep Rull y Jordi Turull) y dos huidos de la justicia española (Lluís Puig y Antoni Comín) tengan un sitio en su Ejecutivo. Todos están procesados por malversación y rebelión, menos Puig, que lo está por malversación y desobediencia. Es una idea que ayer también defendieron desde las filas de Junts per Catalunya. “El Govern lo escoge el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no Mariano Rajoy”, recordó el portavoz de la formación en el Parlament, Eduard Pujol.

Las dudas del propio Gobierno de Rajoy sobre la base legal de su decisión de frenar la publicación de los nombramientos del DOGC es un filón que Torra y su equipo quieren explotar. De ahí el encargo a Comisión Jurídica Asesora, un órgano consultivo de la Generalitat, homólogo al Consejo de Estado. Torra quiere que los juristas de prestigio que lo conforman “determinen las opciones para permitir la publicación, la toma de posesión y la formación del Ejecutivo catalán”.

Según la ley que regula ese consejo, sus miembros tienen un máximo de dos meses para redactar el dictamen solicitado, si bien hay también una vía de urgencia. Un tiempo imposible de aguardar en la coyuntura actual. Se trata, pues, de un gesto simbólico para mantener el pulso con el Gobierno, especialmente teniendo en cuenta que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha de revisar en los próximos días el auto de procesamiento de los exconsejeros y del resto de líderes del procés que dictó el magistrado Pablo Llarena. Si se confirma el procesamiento, los investigados que estén en prisión quedarán suspendidos para el ejercicio de cargo público, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El comunicado oficial con el que Torra explicó que aplazaba sine die la toma de posesión de los consejeros también explica que el president pide estudiar “las medidas legales que se puedan emprender contra el Gobierno español” por impedir la publicación del decreto. Pujol afirmó que también apoya esta vía. El portavoz de Junts per Catalunya declinó confirmar si existe un plan b para nombrar otros consejeros y así formar un Govern efectivo que permita levantar el artículo 155 de la Constitución. “Lo que puedo garantizar es que continuaremos defendiendo los derechos de quienes pueden ser consejeros porque tienen los derechos políticos intactos”.

Recurso de Ciudadanos

Mientras tanto, Ciudadanos abrió ayer un nuevo frente judicial y solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que suspenda la eficacia del acto de toma de posesión de Quim Torra que se celebró el pasado día 17. La formación considera que concurren “las circunstancias de especial urgencia” que prevé la ley y por eso reclama de los jueces que dicten la medida cautelar de la suspensión de aquel acto.

El recurso de la formación naranja se ha interpuesto al amparo de un artículo de la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que obliga al tribunal a pronunciarse en el plazo de dos días y sin escuchar los argumentos de la parte contraria. Ciudadanos expone en el recurso que la toma de posesión de Torra no se ajusta a derecho porque su nombramiento “no ha podido surtir efecto”. De ahí que no puede ejercer las facultades propias del cargo de presidente de la Generalitat y “cualquier decisión que adopte estará contaminada de ilegalidad y nulidad”, empezando por el nombramiento de los consejeros y de los altos cargos. En esa línea, el recurso de Ciudadanos considera que “es escandalosamente evidente que no se puede nombrar a una persona como consejero a sabiendas de que no puede ejercer sus funciones”.