La Guardia Civil acusa al Govern de ocultar los gastos del referéndum

La Guardia Civil lo tiene claro: hay indicios suficientes para concluir que hubo malversación de fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre. Y eso a pesar de las trampas de la Generalitat, que "no quiere reconocer" esos gastos. En un nuevo informe al que ha accedido EL PAÍS, los agentes acusan al Gobierno catalán de haber llevado a cabo "diversas prácticas" (no concreta cuáles) para "impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado" en la consulta ilegal.

El informe, fechado el 11 de abril y enviado al juez de Barcelona que indaga el procés desde hace año y medio, critica que los responsables de los departamentos de la Generalitat hayan afirmado "no tener conocimiento de la existencia de ningún gasto relacionado con la consulta". Cita, como ejemplo, una de las partidas que considera acreditadas: el medio millón gastado en la campaña para catalanes en el extranjero y en la publicidad institucional (el anuncio de las vías del tren emitido en TV-3). Los agentes recuerdan que ese dato "no consta reflejado en la contestación" que la asesoría jurídica de la Generalitat hizo llegar al juzgado a finales de octubre. Pero los agentes insisten: pese a toda esa "opacidad", "existen datos" que "corroboran" el empleo de dinero público.

Los investigadores niegan toda credibilidad a las explicaciones de la Generalitat y muestran su "sorpresa" por el hecho de que ésta "pretenda hacer creer" que dejó "en manos de terceros" algo tan deciviso para el procés como el referéndum de independencia.  "El Govern ha manifestado reiteradamente que se proclamó la independencia según el mandato de las urnas que ellos mismos habían puesto". Y a pesar de ello, subraya el informe, "no quiere reconocer los gastos del mismo, sino que pretenden hacer creer que un acontecimiento tan fundamental para los fines independentistas, llegando incluso a ponerse al margen de la ley, lo dejaran en manos de terceros".

El jueves trascendió un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que cifra la presunta malversación en 1,9 millones de euros entre la campaña de registro de catalanes en el exterior, la publicidad institucional, las comunicaciones electorales y la asistencia de observadores internacionales, entre otras partidas. Este nuevo informe no es tan prolijo. Se limita a emitir valoraciones, analiza dos actos de promoción del referéndum y examina un correo electrónico que los investigadores consideran relevante.

El correo fue intervenido a la exconsejera Dolors Bassa y enviado por Josep Ginesta el 7 de septiembre. Contiene un archivo llamado "Acord de Govern 6 de setembre de 2017", en el que detalla que la Generalitat "asume directamente de manera colegiada (...) las contrataciones, la aprobación de gasto y las acciones político-administrativas para hacer efectiva la celebración del referéndum". Según la Guardia Civil, ese documento "constata la intencionalidad, por parte de la Generalitat, de afrontar el referéndum del 1-O, incluso asumiendo el coste total del mismo". Aunque admiten que parte de los gastos después fueron abonados por las entidades independentistas (la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural), los investigadores no descartan que "hayan sido reembolsados de alguna forma". Admiten, eso sí, que por ahora no hay pruebas.

Los actos de inicio y clausura de la campaña para promover el referéndum también son objeto de análisis, aunque de ellos no se concluye que hubiera malversación. El primero fue celebrado en el Tarraco Arena de Tarragona. La ANC lo organizó y lo pago: 115.218 euros. El segundo ("Hola, democracia", celebrado en Montjuïc de Barcelona) fue organizado por la ANC y Òmnium, aunque no se ha podido aclarar por ahora el coste final.

Las valoraciones policiales están ya en manos del juez de Barcelona que, desde hace casi un año y medio, investiga la creación de las llamadas "estructuras de Estado" así como los preparativos del referéndum. De esa instrucción han surgido los indicios sobre la malversación de fondos públicos que, después, han alimentado la causa de Llarena contra los líderes políticos del procés. Aunque la investigación comenzó por unas manifestaciones públicas del exjuez y exsenador de Esquerra Santi Vidal sobre supuestas ilegalidades cometidas a cuenta del proceso hacia la independencia, en los últimos meses el juez catalán ha centrado las pesquisas en acreditar el uso irregular de fondos públicos.