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Precariedad y vivienda confinan al 20% de los catalanes en la pobreza

La Renta Garantizada de Ciudadanía no logra remontar los casos de exclusión social

Fanny Rivera, en su casa de Torre Baró
Fanny Rivera, en su casa de Torre Baró

La pobreza crónica se ha instalado en la vida del 20% de los catalanes. Da igual si la economía está en crisis, con brotes verdes o en época de bonanza. La Administración no logra sacar a ese grupo de población de la exclusión. Los efectos de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la prestación para gente sin ingresos que se presentó como una de las medidas estrella para combatir la precariedad laboral, tampoco se cristaliza en las estadísticas, que siguen presas del empleo de baja calidad y las dificultades para acceder a una vivienda. En 2018, la tasa de pobreza era del 21,3%.

Fanny Rivera es una de las caras que ilustran esas estadísticas. La mujer, de 37 años, llegó hace cuatro de Honduras con su marido y sus dos hijos. “Yo encontré trabajo cuidando a una señora, pero mi marido, no”, relata. Y el dinero que entraba en casa era insuficiente. El empleo dejó de ser un pasaporte para salir de la exclusión y recurrió a Cáritas, donde los acomodaron en un piso social en el barrio de Torre Baró por 280 euros de alquiler. Hace unos meses, Fanny se quedó sin trabajo pero a su marido encontró uno de albañil. Gana 1.300 euros, un montante escaso para atender la vivienda, los gastos corrientes y las necesidades de las dos crías, de siete y seis años. “No hemos ni empezado el mes y ya casi no tenemos nada. Nos sobran 50 euros que intentamos ahorrar”, señala.

El umbral de la pobreza se sitúa por debajo de los 23.000 euros anuales de renta familiar en un hogar con dos adultos y dos niños. El 21,3% de los catalanes —en el conjunto de España es el 21,5%— se encuentran en esta situación, según el Idescat. La tasa de riesgo de exclusión social (Arope), que mide, además de la renta familiar, la privación material severa y la intensidad del trabajo en el hogar, es más alta y alcanza al 25% de la población.

Las entidades sociales coinciden en el diagnóstico sobre la cronificación de la pobreza en Cataluña. Las causas, señalan, son los altos precios de la vivienda y el trabajo precario. El responsable de ello, apuntan, es la Administración y su falta de inversión social.

“El caso de Fanny explica una de las problemáticas de exclusión social. El trabajo ha dejado de ser un factor de protección”, sostiene Miriam Feu, responsable de Análisis Social e Incidencias de Cáritas. Según el Informe Foessa, un 13,6% de las personas que trabajan están en exclusión social. “Antes era fácil que las familias consiguiesen salir de la rueda de la pobreza, les atendíamos y no les volvíamos a ver. Ahora, pueden insertarse laboralmente, pero son contratos tan precarios que les volveremos a ver”, lamenta Carlota Bassols, de Cruz Roja. “Tener trabajo no es garantía para no ser pobre. Hay medio millón de trabajadores pobres en Cataluña”, recuerda la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina.

La precariedad, con sueldos bajos y empleos inestables, impide a muchas familias hacer frente no solo a los gastos corrientes, sino a las necesidades más elementales, como tener un techo bajo el que vivir. “La emergencia habitacional es un auténtico lastre para las familias”, señala Alsina. Los alquileres están por las nubes, especialmente en Barcelona, y el parque de vivienda social es anecdótico (representa apenas el 2% del total, cuando en otros países europeos supera el 15%).
En estas circunstancias, mantener un techo se ha convertido en la principal preocupación de las familias que están en riesgo de pobreza. “En una situación de emergencia, la primera prioridad pasa a ser pagar el alquiler”, explica Alsina. El esfuerzo para evitar un desahucio es un gasto que se come, en ocasiones, más de la mitad de los ingresos. “Y entonces se resienten todas las demás necesidades: la alimentación, la higiene, la temperatura del hogar. Los perfiles más vulnerables, en consecuencia, son los menores, las personas mayores y las mujeres que se hacen cargo de la familias monoparentales”, detalla Alsina.

Limitar el gasto en salud


Fanny admite que, en su caso, ha tenido que limitar el gasto familiar para afrontar pagos ineludibles. Desde que su marido tiene un trabajo a tiempo completo le han retirado las ayudas por menores a cargo (100 euros al mes) y tampoco le han concedido la beca comedor. “Mi hija tiene piel atópica y tengo que ponerle unas cremas. Pero a veces no he tenido cómo comprárselas”, señala la mujer. El 10% de las familias catalanas han dejado de comprar medicamentos por problemas económicos, según Foessa.

Cuando el riesgo de la pobreza viene determinado, en buena medida, por el problema de la vivienda, el extremo es quedarse en la calle. “Antes de tener que quedarte en la calle lo has intentado todo, has pedido ayuda a familia, amigos, y estás desesperado. Es un trauma muy bestia”, explica Ferran Busquets, director de la fundación Arrels, que se dedica a atender a las personas sin hogar. Según Arrels, en Barcelona hay 3.800 personas sin hogar, un 81% más que hace diez años. Casi 1.200 duermen en la calle.

El responsable de que la pobreza se cronifique, según las entidades, está claro: las administraciones. “Tuvimos una crisis hace 10 años, y no se ha recuperado la inversión social, mientras que las problemáticas han ido en aumento”, explica Rosa Balaguer, vicepresidenta de ECAS, la federación de las entidades sociales. Balaguer recuerda que hacer políticas sociales no es “poner parches”, sino afrontar la raíz de los problemas en los tres ámbitos sociales: la protección, la salud y la educación, los tres sectores en los que la inversión no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis.

Por su parte, el secretario general de Asuntos Sociales y Familia, Francesc Iglesias, admite que la lucha contra la cronificación de la pobreza “es la batalla definitiva”. “La que más me obsesiona”, insiste. Iglesias reconoce que “faltan recursos y nuevos diseños más holísticos y coordinados” en la intervención social. La falta de presupuestos ha provocado que no se actualice el indicador de renta de suficiencia (a partir del que se conceden ayudas sociales) y que no se echen a andar planes para gente sin hogar, de inserción social o para la pobreza energética.

La medida estrella contra la pobreza decepciona a todos

Las entidades coinciden en que Cataluña tiene una herramienta privilegiada, que no se está usando bien: la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación para la gente sin ingresos. Su activación hace dos años levantó muchas expectativas, pero su pobre despliegue (no cubre a todos los colectivos vulnerables y se han denegado casi el 80% de las solicitudes) ha decepcionado a todos. Alsina considera primordial garantizar una entrada de ingresos, así como condonar las deudas energéticas. Iglesias, por su parte, defiende que la RGC va acompañada de programas de formación laboral: “Los primeros frutos están saliendo. Unas 5.800 personas han conseguido una ocupación estable”.

Según la vicepresidenta de ECAS, las políticas sociales deberían atajar la precariedad laboral, ampliar el parque público de vivienda y “revisar todo el sistema fiscal para que quien tenga más aporte más”. Las entidades llaman a legislaturas largas con objetivos sociales concretos: “Sin estabilidad política no hay consenso, y sin él es imposible encontrar una solución”, concluye Alsina.

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