Reyero, consejero de políticas sociales, impulsa un pacto sobre los menores migrantes

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, envió ayer a todos los partidos con representación en la Asamblea una carta, en la que les invita a negociar un pacto para lograr una respuesta consensuada a la situación de los menores migrantes no acompañados en la Comunidad de Madrid. Más de 1.570 niños y adolescentes llegaron desde el extranjero a la región solo en 2018, a razón de 130 al mes, frente a los poco más de 980 de 2017 (82 al mes), según datos del anterior Ejecutivo regional.

Reyero propone un pacto que una a todas las fuerzas con representación en la Asamblea para lograr “una respuesta consensuada (...) ante una situación que pone en cuestión los derechos humanos”. Lograrlo, admite en una carta a la que accedió EL PAÍS, implicará “un proceso largo” en el que “no valen soluciones simples”. Si la reunión convocada con todos los portavoces culmina luego en una negociación cerrada con éxito —lo que implicaría superar el escollo de conciliar posturas tan opuestas como las que mantienen Vox y Unidas Podemos, por ejemplo— Reyero pedirá la incorporación al acuerdo de los Ayuntamientos; las entidades sociales; y los sindicatos.

“No es la primera vez que, en la Cámara regional, se plantea un diálogo político que halle —dejando atrás la confrontación partidista— medidas de unidad que respeten la Convención de los Derechos de Niño, y con las que consigamos garantizar la adecuada acogida de estos menores que —en la mayoría de los casos— se ven forzados a abandonar sus hogares en busca de una oportunidad para tener una vida mejor”, razona Reyero en su misiva. “Es nuestra obligación, como representantes de todos los ciudadanos, trabajar conjuntamente para que una región, como es la Comunidad de Madrid, responda de manera adecuada ante una situación que pone en cuestión los derechos humanos”, subrayó. Y añadió: “Tenemos que ser capaces de demostrar a la sociedad madrileña nuestro firme compromiso en encontrar una solución a un problema difícil, pero no imposible de resolver. Fuimos capaces en el pasado, aprobando un Pacto Regional por la Cañada Real, y considero que ésta fue una labor de la que todos debemos sentirnos muy orgullosos”.

El pacto regional por la Cañada Real —donde chabolas, chalets y pisos ilegales se acumulaban a lo largo de 15 kilómetros— fue firmado en mayo de 2017 por representantes del Gobierno central, del autonómico y de los municipios de Coslada, Madrid y Rivas-Vaciamadrid. A él se unieron también todos los grupos políticos con representación en la Asamblea. Con él se consensuó el asfaltado de calles, el abastecimiento con agua corriente de la zona, o la adecuación del suministro eléctrico, además del realojo de un máximo de 150 familias a través de un convenio de 18 millones, financiado a partes iguales por el Gobierno regional y el capitalino.

Reyero aspira ahora a reproducir ese consenso para afrontar la situación de los menores no acompañados. Su llegada desbordó al anterior Gobierno durante la etapa de Ángel Garrido como presidente. Un centro de acogida, el de Hortaleza, reflejó entonces las dificultades del sistema público madrileño para asumir la llegada de los menores. Durante meses, estuvo desbordado: donde debía haber 35 residentes menores de edad hubo más de 100 durante meses, con picos de más de 150 que llevaron a los migrantes a dormir tirados en el suelo.

Centro de Hortaleza

Eso provocó situaciones de tensión dentro y fuera de la residencia; llevó a Marruecos a pedir información sobre sus nacionales; y convirtió al barrio en uno de los principales escenarios de las elecciones municipales.

“Los menores no acompañados preocupan aquí y en sus países de origen, donde ven con horror la pérdida de niños y jóvenes que huyen de la miseria”, dijo Isabel Díaz Ayuso, nueva presidenta regional, durante su debate de investidura, al que llegó tras ver cómo Vox reclamaba que se iniciaran trámites para repatriar a los menores. “Vamos a trabajar para mejorar los centros de menores y garantizar la seguridad de los que allí se encuentran”.

Ahora, por impulso de Reyero, consejero propuesto por Cs, el Gobierno regional empieza a afrontar el problema.