Los compradores del top manta solo han recibido 567 multas desde 2014

La ordenanza sobre convivencia ciudadana en el espacio público del Ayuntamiento de Barcelona prohíbe la venta ambulante no autorizada, el denominado top manta, con sanciones de hasta 500 euros. La ordenanza también castiga, con la misma cantidad económica, a los compradores de los vendedores ambulantes. Pero los agentes de la Guardia Urbana rara vez imponen esas multas. En los últimos cinco años —desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019—, los agentes solo han multado a 567 compradores; además, apenas 307 las han pagado, según datos a los que ha accedido EL PAÍS.

Un centenar de agentes de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y la Policía Portuaria se desplegaron, el pasado 29 de julio, sobre la explanada del paseo Joan de Borbó, en la Barceloneta, con un único y claro objetivo: “Erradicar” el top manta de la capital. Esta zona del barrio pesquero se había convertido, según algunos urbanos, críticos con el equipo de gobierno de Ada Colau, en una especie de “santuario” para el top manta. Un lugar donde la venta ambulante se concentraba impunemente (llegaron a instalarse más de medio millar de manteros) sin miedo a las intervenciones policiales.

El recientemente nombrado teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, comenzaba así su lucha particular contra un fenómeno que intentaron resolver policialmente Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias y, en alguna ocasión, Ada Colau. Y que continúa muy presente en las calles de la ciudad. Batlle —que formó parte de la lista del PSC, aunque por la formación democristiana Units per Avançar— lanzaba así su mensaje de mano dura contra la venta ilegal.

Cuatro días después del operativo en la Barceloneta, el líder de los socialistas, el teniente de alcalde Jaume Collboni, acababa de perfilar el mensaje de la actual coalición de gobierno hacia los manteros. Collboni presentó la campaña En Barcelona, la compra legal hace ciudad con la que pretende disuadir la compra en la manta. “Queremos advertir y concienciar. Es una campaña en positivo, no queremos sancionar sino informar”, aseguró el líder socialista mientras mostraba unos trípticos en catalán, castellano, inglés y francés que recordaban que la venta ilegal no está permitida. La campaña todavía está presente en el metro, autobuses, comercios, hoteles y marquesinas hasta final de mes. Pese a que la intención —a priori— no era la de sancionar, Collboni lanzó un mensaje claro y contundente que reforzó la idea de mano dura de Batlle: “La ordenanza de convivencia del Consistorio permite sancionar con hasta 500 euros de multa a los compradores del top manta”.

La norma es clara. Su artículo 50.3 advierte: “Se prohíbe la compra o la adquisición en el espacio público de alimentos, bebidas y otros productos procedentes de la venta ambulante no autorizada”. Y en el 51.2 especifica la sanción: “La conducta prohibida descrita (...) es constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multa de hasta 500 euros”.

Pero, ¿cuántas denuncias se imponen a los compradores de la venta ambulante? EL PAÍS ha solicitado los datos al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el primer día de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019, la Guardia Urbana impuso 567 sanciones a compradores del top manta, de las que solo se cobraron 307.

Por años, en 2014, con el convergente Xavier Trias en el gobierno municipal, se impusieron 93 denuncias a compradores de la venta ambulante ilegal de las que solo se cobraron 43. En 2015 —hasta junio gobernó Trias y a partir de entonces Colau—, los agentes de la policía local barcelonesa llegaron a cursar 155 denuncias de las que solo se pagaron 84. A partir de entonces la cifra de sanciones empezó a descender. En 2016, los agentes denunciaron a 177 personas (se cobraron 103); en 2017 multaron a 88 personas (47 de ellos pagaron la sanción); en 2018 impusieron 43 denuncias de las que solo pagaron 25 y entre enero y mayo de este año se han impuesto 11 denuncias y se han cobrado cinco.

Por otro lado la Guardia Urbana denunció entre 2014 y el 31 de mayo de 2019 a 448 personas por comprar bebida o comida a vendedores ambulantes sin autorización. De estas sanciones, el Ayuntamiento solo cobró 157.

El gobierno de Ada Colau defendió —en el pasado mandato— que la erradicación de la venta ambulante no era una competencia exclusiva de la Guardia Urbana al entender que la mercancía que vendían los manteros entraba por las aduanas. Colau defendía que, en caso de tratarse de bandas organizadas, la investigación era competencia de Mossos. BComú defendía que no sólo se podía abordar policialmente el problema del top manta y acusaba al gobierno central de no modificar la ley de extranjería, lo que impedía a las personas que se dedican a esa venta regularizar su situación y encontrar trabajo hasta, al menos, tres años después de su llegada.