Un organismo del Govern pide dar en la Constitución más poder a Cataluña

El Instituto de Estudios del Autogobierno, que depende del Govern, plantea en un informe impulsar una reforma constitucional que incluya una disposición adicional que fije un nuevo estatus para Cataluña. La nueva relación, que debería ser aprobada en el Parlament y votada por los ciudadanos, implicaría desde tener financiación a un Poder Judicial propio, pasando por el derecho a vetar normas del Estado. El estudio no excluye un referéndum pactado de autodeterminación.

Bajo el título Autogobierno y relaciones intergubernamentales en las democracias actuales, el informe sugiere “cambios institucionales profundos” que son “complementarios” y no “alternativos” al referéndum. El director del instituto, Ferran Requejo, que firma la introducción, recuerda que el primer estudio elaborado este año por el organismo ya advertía de que, si no se producen esos cambios que permitan un “reconocimiento y acomodación estable de Cataluña en una democracia plurinacional legitimada”, para el catalanismo político no habrá más alternativa práctica “que la independencia pese a todas las dificultades estructurales, procedimentales y sobrevenidas que comporte a medio plazo”.

El informe, fechado en junio, da por sentado que el actual modelo territorial español tiene más rasgos de los regímenes regionales que de los federales al tener el Gobierno central poder de decidir casi de forma “unilateral” y “hegemónica” las relaciones jerárquicas con las autonomías. El texto cita como ejemplo el papel diluido del Senado o que la Conferencia de presidentes, reunida tres veces desde su creación, no ha sido un mecanismo relevante. El documento plantea un nuevo modelo territorial reformando las relaciones entre la Generalitat y el Estado basado en una bilateral “equitativa plurinacional”; la capacidad del Govern para no sumarse a proyectos estatales o el derecho a vetar lo que considere una injerencia por parte del Estado.

La propuesta establece que la disposición adicional regularía esa nueva relación

Partiendo de la base de que la mayoría de catalanes se siente insatisfecho con el régimen de autogobierno, el estudio propugna una nueva financiación “diferencial”, que incluiría mecanismos de solidaridad sometidas a las “restricciones proporcionales del PIB y la ordinalidad”; un poder judicial propio que actuaría de forma “independiente” respecto a las institucionales judiciales del Estado; excluir a órganos jurisdiccionales para resolver conflictos de competencias —referencia al Tribunal Constitucional— y un reconocimiento en la Unión Europea.

“La Generalitat”, dice el texto, “debería de tener capacidad plena como actor institucional en el ámbito europeo e internacional tanto en términos de reconocimiento como de acomodación política”. La nueva relación contemplaría una “cláusula de garantía de cumplimiento de los acuerdos de autogobierno”. La idea es que fije unas reglas de cumplimiento con una negociación bilateral y en caso de no acuerdo la “celebración de un referéndum”. La propuesta establece que la disposición adicional regularía esa nueva relación y remitiría a la norma básica de autogobierno —una especie de “constitución propia”, dice— que sería votada en el Parlament y por los ciudadanos catalanes en un referéndum.

El Instituto de Estudios de Autogobierno —antes de estudios autonómicos— es un ente nacido en 1985 que hace análisis teóricos y de derecho comparado para el Govern sin ser vinculantes. En marzo, hizo el informe Democracias y referéndums de independenciaen el que descartaba aplicar los resultados del 1-O y planteaba soluciones para celebrar el referéndum —aprobando una ley orgánica o modificando la actual sobre las consultas— o una reforma constitucional. Los autores admiten que en algunos puntos se han inspirado en el texto aprobado por el Parlamento vasco para un nuevo concierto político.