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Volar un dron resulta (casi) imposible en la Comunidad de Madrid

El alto número de aeropuertos, helipuertos y zonas restringidas limita al máximo el uso de estas aeronaves

drones
Un dron de la Dirección General de Tráfico (DGT), en un vuelo de prueba.

José María acudió con su hijo de 12 años a una tienda especializada. Sabía que quería un dron ligero, con varias baterías para poder volar durante más tiempo y gastarse entre 700 y 800 euros. Nada más ver la aeronave de color rojo, la compró y se la llevó a casa. Se empapó las características y cómo volarlo. El resto, supuestamente, era sencillo. Bastaba bajar al parque y lanzarlo al aire. Nada más lejos de la realidad. En la Comunidad de Madrid resulta muy difícil poder utilizar estas aeronaves, dado el alto número de espacios restringidos o prohibidos que siembran la región.

Lo que ignoraba José María es que en la capital está prohibido levantar el dron. Pero igual ocurre en la periferia y muchas zonas cercanas. Basta echar un vistazo al mapa de Enaire para comprobar que, si alguien quiere grabar desde el aire el Palacio Real o la plaza de toros de Colmenar Viejo, lo va a tener muy complicado. Por no decir imposible. El presidente de la Asociación Española de Drones y Afines (Aedrón, con 500 afiliados) lo resume gráficamente: “No se puede volar. Solo se puede hacer dentro de un recinto con cuatro paredes y un techo. Da lo mismo que sea un dron de 15 euros o uno de un coste muchísimo más alto”. “El problema es que se han convertido en un elemento muy popular y la gente no sabe las altas multas que pueden recibir si lo hacen en lugares prohibidos”, afirma Bellver.

Volar un dron resulta (casi) imposible en la Comunidad de Madrid

Fuentes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el organismo que vigila todas las aeronaves de España, recuerda que la Comunidad de Madrid alberga numerosas instalaciones. Entre ellas destacan el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Cuatro Vientos y tres bases aéreas (Torrejón de Ardoz, Getafe y Colmenar Viejo). Solo con estas infraestructuras, sería suficiente. Cada una de ellas tiene un espacio aéreo controlado que protege los vuelos de entrada y salida, según los responsables de AESA. Como mínimo, supone una superficie de ocho kilómetros desde las pistas y la zona de aproximación. En caso de grandes aeropuertos como Barajas, esta reserva aumenta considerablemente.

Pero a ello se une además que hay 17 helipuertos —muchos de ellos en hospitales—. El Gobierno regional, de hecho, los construyó en la época en que Francisco Granados era consejero de Presidencia para agilizar el transporte sanitario urgente en zonas alejadas de la capital y de los hospitales de referencia. También cabe añadir una decena de aeródromos de uso restringido y zonas prohibidas o restringidas, entre otros motivos por ser el lugar donde viven aves protegidas. “Estas limitaciones y restricciones al uso de los drones, tanto recreativos como profesionales, buscan garantizar la seguridad del resto de aeronaves y de las personas y bienes en tierra”, mantienen desde AESA. El protagonista de esta historia lo tiene entonces difícil.

La duda se traslada entonces al presidente de Aedrón:

- ¿Qué puede hacer José María con su nuevo dron, en el que se ha gastado 700 euros?

- Una recomendación es que lo utilice como pisapapeles en su despacho. Eso, o que se arriesgue a una multa de unos 2.000 o 3.000 euros en caso de que lo vuele en una zona prohibida.

Salvador Bellver cree que la legislación actual es “excesivamente restringida” y en determinados aspectos no está muy motivada. Un dron tiene limitada su altura máxima de vuelo a los 120 metros. El resto de aeronaves (helicópteros o avionetas) no pueden bajar de los 300. Existe por tanto, en su opinión, una franja de seguridad muy amplia.

Abajo, una aeronave en unas maniobras de los bomberos de Madrid.
Abajo, una aeronave en unas maniobras de los bomberos de Madrid.

Las sanciones a los pilotos profesionales —aquellos que han aprobado el curso, han pasado el reconocimiento médico y se han dado de alta como operador en AESA, entre otros requisitos— puede llegar a los 90.000 euros. “El problema es que ha copiado la normativa y las sanciones del resto de la aeronaútica, cuando no tiene nada que ver una avioneta con un dron”, recuerda Bellver.

Esos profesionales requieren una autorización previa de AESA, que se encargará de verificar el cumplimiento de ciertos requisitos para poder realizar determinadas operaciones, como sobrevolar lugares habitados o reuniones de personas al aire libre, en zonas de influencia de aeropuertos, vuelos nocturnos o con drones con una masa superior a los 25 kilos. “Es decir, se pueden realizar operaciones aéreas especializadas con drones en la Comunidad de Madrid, contando, cuando se requiera, con la autorización de AESA y coordinando los vuelos”, añaden fuentes del organismo.

Denegaciones por sistema

La realidad es bien distinta. Fuentes profesionales del sector afirman que la agencia estatal no contesta las peticiones “por sistema”. Este silencio resulta por tanto negativo, por lo que el operador no puede hacer su trabajo o volar el dron en una determinada. Con estos antecedentes, más de una escuela de pilotos ha decidido comprar o alquilar una pequeña finca en medio de pueblos muy alejados de la capital para hacer las prácticas obligatorias. En algún caso, se desplazan hasta Villaconejos, situado a 53 kilómetros de la capital. “El sector vivió un boom, pero, vistas todas las dificultades y trabas que tiene, mucha gente se está desencantando”, concluye el presidente de Aedron.

Si José María decide saltarse las prohibiciones y levanta el dron, puede que nadie se dé cuenta de ello y pueda disfrutar de su nuevo juguete. Eso, si se lo permite la propia aplicación del aparato, que a veces lo impide. Sin embargo, si al final lo consigue y lo lanza al aire, el resultado puede ser poco recomendable. La Guardia Civil cuenta con un equipo especializado, llamado Pegaso, que se creó hace un año para controlar, entre otros, a los cuatricópteros. En ese tiempo, ha realizado medio millar de actuaciones. Las principales infracciones que han detectado los agentes, que están ubicados en el aeropuerto de Barajas, son la falta de la placa identificativa que deben llevar tanto el dron como la emisora desde la que se controla, así como el volarlos sin acuerdos de coordinación en zonas próximas a los aeropuertos. “Hasta ahora, no hemos detectado una zona de la región en la que se dé una mayor incidencia de infracciones”, reconoce un mando de la Guardia Civil.

Los agentes del Equipo Pegaso detectaron en julio a un vecino de Paracuellos que estaba volando su aeronave en las proximidades del aeropuerto de Barajas, con los riesgos que ello implica. Fue propuesto para sanción.

Vigilancia en la capital

La pregunta que se hace José María es que, si la Guardia Civil no vigila en la capital, quizás pueda volarlo aquí ante la ausencia de agentes. Se equivoca. La Policía Nacional había detectado entre abril y junio de este año 545 vuelos de 195 vehículos aéreos no tripulados (drones) en la ciudad. Gracias a un sistema en pruebas de inteligencia artificial, se detecta el punto exacto en el que se encuentra el piloto. A veces, a más de un kilómetro de distancia.

Arriba, un dron de la DGT delante de un coche de la Guardia Civil.
Arriba, un dron de la DGT delante de un coche de la Guardia Civil.

La tecnología ha permitido a los agentes ubicarlos en lugares poco accesibles como la terraza de un hotel, el interior de un establecimiento o el balcón de su domicilio. La altura también ha superado los 120 metros de límite y se han detectado 30 aeronaves a más de 200. En un caso, llegó a los 450 metros, según la Policía Nacional. Todos los infractores fueron propuestos para la correspondiente sanción. “Todo esto supone un auténtico riesgo para los servicios aéreos”, reconocen fuentes de la Policía Nacional.

La única opción que le queda a José María y a su hijo es subirse al coche, hacerse decenas de kilómetros y meterse en medio del campo. “A los que nos gusta esto tenemos más que grabados y fotografiados los árboles y el paisaje más cercano a nuestras casas. En todas las épocas, horas y posiciones”, ironiza Bellver.

La excepción de los servicios de emergencia y de las multas

Los pilotos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de las policías municipales sí pueden volar los drones en lugares que cuenten con restricciones. Muchos Ayuntamientos de la región han formado a sus agentes y han adquirido aeronaves para controlar concentraciones o actos multitudinarios, buscar personas desaparecidas o incluso para control urbanístico o de tráfico.

Es frecuente ver coches patrulla de distintos municipios aparcados en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde se concentran la mayoría de las escuelas de formación de los pilotos. Algunas policías ya han adquirido los drones de más alta tecnología. Algunos llevan incluso cámaras térmicas y de visión nocturna, lo que encarece el precio de adquisición. Su uso se está generalizando en algunas fiestas patronales, donde ya se mezclan con otros dispositivos de seguridad, como las cámaras de videovigilancia en los recintos feriales.

La Dirección General de Tráfico (DGT) también ha puesto en marcha este sistema de vigilancia aéreo. Lo maneja un guardia civil que vigila desde la distancia los puntos en los que se suelen producir más infracciones. Al poder grabar vídeo y fotografías, queda restringida la maniobra peligrosa —como adelantar en lugares prohibidos o ir hablando por el teléfono móvil—. Esto permite parar al conductor más adelante por parte de otra pareja del instituto armado o tramitar la correspondiente denuncia con los datos de la matrícula.

De momento, los drones de la DGT no controlan los excesos de velocidad, pero se están buscando fórmulas para instalarles radares similares a los que ya disponen los helicópteros.

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