Un alto cargo de la sanidad andaluza abogó por eliminar una medida de ahorro que ahora aplica
El director general Diego Vargas (PP) recibió pagos de la farmacéutica Boehringer, que en 2015 buscaba anular la norma de la Junta
El director general de Asistencia Sanitaria y Resultados de la Junta andaluza, Diego Vargas (PP), abogó en 2015 por eliminar la racionalización de los medicamentos en los hospitales, una medida que ahora implanta su departamento para potenciar la eficacia, seguridad y ahorro en el uso de fármacos desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Una directiva del laboratorio Boehringer Ingelheim remitió a Vargas un correo electrónico el 2 de junio de ese año con la resolución de la Junta para la racionalización de medicamentos: “Espero no se articule”, le comenta la delegada de la firma alemana en Andalucía, Ángeles Rodríguez, a lo que Vargas responde: “Por supuesto hay que pararlo”, según la comunicación a la que ha tenido acceso este diario.
La racionalización del medicamento es una pauta extendida entre los servicios autonómicos de salud como medida de eficiencia, y figura en el contrato programa del SAS para 2019, aprobado por Vargas. “No sé si existe contradicción, los escenarios cambian en virtud de muchas circunstancias (…) Pero yo entonces no tenía ningún poder de decisión ni de influencia, solo era una opinión personal. No tenía ninguna mano en la Administración ni capacidad de gestión y representaba a la sociedad científica”, sostiene.
El alto cargo fue hasta 2018 vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEGM) —tercera por número de afiliados—, y presidente regional de su división andaluza durante una década y hasta el año pasado, además de coordinador del área de sanidad del PP almeriense. El código ético de la SEMG establece que esta sociedad “mediante la acción de sus miembros (…) en modo alguno puede perturbar el correcto funcionamiento, la transparencia e imparcialidad de la Administración”. Mientras prometía a Boehringer maniobrar para frenar la norma de la Junta, Vargas recibía pagos del laboratorio a cambio de charlas.
La instrucción de la Junta, que entró en vigor finalmente pese a la oposición de la industria farmacéutica, introdujo homogeneidad en los 50 hospitales andaluces para que recetaran los mismos fármacos y cantidades para similares dolencias. La mayoría de autonomías, con Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Asturias a la cabeza, han centralizado estos comités científicos que tutelan a los hospitales, mientras que otras como Madrid carecen de comisión central, según recuerda la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. En Andalucía, el Defensor del Pueblo se había quejado de la disparidad de criterio en los hospitales a la Consejería de Salud, que en 2015 tomó nota al crear la comisión central para “optimizar y armonizar” las pautas de los hospitales al dispensar los medicamentos a sus pacientes.
Farmaindustria amenazó a la Junta con denunciar la instrucción ante los tribunales porque “podría restringir las facultades de prescripción de los médicos y dificultar el acceso de los pacientes a las innovaciones”, según su memoria de 2015, pero finalmente reculó tras ciertas modificaciones del Ejecutivo autonómico, que dio margen para dispensar medicamentos ajenos a las guías farmacoterapéuticas.
En la práctica, la resolución añadió una instancia más para evaluar la calidad de los medicamentos: Agencia Europea del Medicamento, Agencia Española, Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, comisión de cada hospital y como novedad, introdujo esta comisión regional y los comités clínicos permanentes para cada especialidad médica. “Teníamos el problema de la discrepancia entre hospitales y quisimos comisiones lo más clínicas posibles y más basadas en la ciencia, nada políticas. Y a igualdad de eficacia y seguridad, coger el fármaco más barato”, explica un anterior responsable del SAS que pide el anonimato.
Al margen de la estrategia para tumbar la instrucción de la Junta, la responsable del laboratorio alemán difundió entre sus subordinados correos electrónicos con recetas firmadas por Vargas, visados médicos de fármacos y pantallazos del Diraya —el sistema de gestión informática del SAS—, comunicaciones prohibidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Parte de este tráfico de información con datos personales de pacientes andaluces ha sido incorporada al Juzgado de lo Social 2 de Granada, que investiga la demanda interpuesta por un extrabajador de Boehringer Ingelheim. “Yo pedí que me excluyeran de esas listas de correos, porque cuando un delegado conseguía información comprometedora de un servicio autonómico de salud, la compartía y se promocionaba sin rubor. El fondo del asunto es que es una compañía muy a la antigua usanza”, relata bajo anonimato una ex alta directiva que abandonó la firma al comprobar que las directrices venían “de lo más alto” y la compañía no atajaba estas prácticas.
El exempleado andaluz denunció los hechos de manera interna al jefe de cumplimiento de la firma (compliance officer). En paralelo, elevó los correos a la Agencia de Protección de Datos, que archivó la denuncia después de que la Fiscalía de Sevilla no apreciara delito en la difusión de los correos electrónicos porque ningún empleado del SAS obtuvo beneficio. En uno de esos emails, el gerente de Especialistas en Andalucía, Rafael Mancilla, mencionaba a varios cargos del laboratorio: “Os envío el nuevo listado de vocales de todas las comisiones de Farmacia de los Hospitales Virgen del Rocío y Macarena (…) sobra decir que es un documento considerado confidencial, por lo que no debemos circularlo más allá de nuestros intereses”.
Boehringer Ingelheim, décimo laboratorio por volumen en España con 1.700 empleados, explica ahora que amonestó a Rodríguez y le advirtió sobre la apertura de un expediente disciplinario si su conducta se repetía. La directiva es hoy responsable de ventas en la Comunidad de Madrid y ha rechazado opinar al respecto. Además, tras su investigación interna, el laboratorio adoptó “medidas correctivas y preventivas” para “reforzar la comunicación en asuntos de protección de datos personales”, según detalla un portavoz.
Vargas posee desde 2010 la empresa Formación y Actualización Médica SL, que en 2017 tuvo un resultado bruto (ebitda) de 50.900 euros y un resultado de ejercicio después de amortizaciones, intereses e impuestos de 27.736 euros. El médico arguye que la sociedad está inactiva desde hace un año y que ha recibido pagos de Boehringer y otros 21 laboratorios por trabajos como ponente y “líder de opinión”, según su propia definición.
Este alto cargo de la Junta introdujo hace un mes en los 50 hospitales andaluces un fármaco de su antigua empresa, el laboratorio chino Techdow, para el que trabajó hasta el 7 de febrero, cuando fue nombrado director general. Vargas evitó inhibirse al fomentar el uso del anticoagulante biológico Inhixa a los 20.000 médicos del SAS, pese a que la Ley 3/2005 de incompatibilidades de altos cargos fija la obligación de abstenerse en asuntos “en cuyo despacho hubieran intervenido empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos”. Vargas fue director médico de Techdow hasta dos días antes de ser nombrado director general.
¿Debió inhibirse? “Si hubiera sido socio, por supuesto que sí, pero no como trabajador (…) ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? En mi vida he sido político, siempre he sido médico, he venido con toda la voluntad del mundo y estas cosas me superan. Me han dado una responsabilidad que no tengo. Parece que yo he metido Inhixa, cuando fue un comité del SAS [del que formaba parte] el que aprobó el contrato programa”, alega.
El consejero de Salud, exsenador popular y antiguo médico de familia, Jesús Aguirre, explicó esta primavera en una entrevista que formó su equipo en tres días y todos los altos cargos eran amigos suyos. La Junta repite de manera insistente que para el nombramiento de cargos prima la meritocracia y la valía, a diferencia de los Gobiernos socialistas anteriores.
Primera medida de la Junta a favor de la industria farmacéutica
Tras el cambio de Gobierno, una de las primeras medidas de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) en gasto farmacéutico ha sido reducir el objetivo de que sus 20.000 médicos prescriban las recetas por principio activo del 95% al 85%. La medida favorece a los grandes laboratorios, interesados en que sus primeras marcas de medicamentos figuren en las recetas —y en la mente de doctores y pacientes— y su margen de ventas se mantenga al alza.
La prescripción por principio activo comenzó en Andalucía hace dos décadas y se fue extendiendo poco a poco en el resto de comunidades hasta generalizarse. El objetivo es que los médicos prescriban sus recetas por el principio activo que poseen los fármacos en vez de las marcas comerciales, por un criterio científico pero también para favorecer el ahorro de la Administración en los medicamentos financiados. Si en 2001 la prescripción por principio activo en Andalucía era solo del 2,1%, en 2018 llegó al 92,5% de las recetas, el más bajo desde 2011.
La prescripción por principio activo oscila entre comunidades como Andalucía, País Vasco, Navarra y Castilla y León por encima del 90%, y Cataluña —donde no existe cuota y se prescriben medicamentos genéricos—, Galicia y Castilla-La Mancha con los porcentajes más bajos, según el último estudio publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La media en España es del 60,9%.
La patronal de los laboratorios, Farmaindustria, defiende la prescripción por marca comercial por tres razones: “Es más fácil para el paciente al reconocer mejor el fármaco, es más adecuado para la farmacoviligancia, y no es más caro para el Sistema Nacional de Salud ni para el paciente, ya que en España originales y genéricos están al mismo precio”.
Preguntado un portavoz de la Consejería de Salud por la reducción de la meta para prescribir por principio activo, rechazó explicar los motivos. Vargas considera que el 95% “era excesivo” porque “muchos fármacos fracasan y necesitan innovación terapéutica”. “Era una demanda histórica de los profesionales del sistema público. Parece lógico reducir al 85%, en consonancia con la media nacional”, añade. ¿Qué beneficio obtiene el Servicio Andaluz de Salud? “No es una decisión mía, es de la subdirección de Farmacia, yo solo doy el ok a lo que proponen”, alega.
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