Barcelona limitará a 11.000 las bicis y motos privadas compartidas

Barcelona ha aprobado el decreto que regula la operativa de las bicicletas y motos privadas de uso compartido (el llamado sharing). Tras casi dos años de estudiarlo y de incorporar alegaciones del sector, que está satisfecho con el texto, el decreto fija un límite de 4.000 bicis (ahora hay 1.500) y 7.000 motos (2.600). Las cifras casi triplican la flota actual. El decreto, que busca ordenar el sector y evitar el descontrol que se ha producido en otras ciudades, también define cómo se otorgarán licencias a los operadores (ahora no tienen marco regulatorio), les obliga a pagar una tasa de 71 euros por vehículo y prevé sanciones por incumplir las normas de uso del espacio público de 450 euros.

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau defendió este jueves el decreto con dos argumentos: “Por un lado es una apuesta por el sharingcomo sector estratégico en la movilidad sostenible, y por otro para evitar conflictos en el uso del espacio público”, afirmó el concejal de Presidencia, Energía, Agua y Movilidad, Eloi Badia. Otras ciudades como Madrid, Milán (Italia) o Bruselas (Bélgica) cuentan ya con normativas sobre el sector.

En Barcelona operan cuatro empresas que ofrecen motos eléctricas (eCooltra, Yego, Scoot y Acciona) y dos de bicicletas (Scoot y Donkey). El sector, agrupado en la entidad Smart Mobility, se mostró satisfecho, porque la cifra final de vehículos que se autorizarán duplica las del primer borrador del decreto, que se hizo público a finales de 2018.

La portavoz de Smart Mobility, Anna Merino, celebró que el decreto “recoge muchas de las alegaciones” y convino que es una “normativa friendly con el sector: pedíamos que el parque actual aumentara y que repartiera juego entre empresas y nadie quede fuera”. Para otorgar licencias (que serán para tres años) el Ayuntamiento repartirá a partes iguales el total de motos y bicis entre las empresas que se presenten.

Merino también pidió que “se cumpla el compromiso del Ayuntamiento de incrementar progresivamente las flotas para que no se produzca una situación en la que la demanda supere la oferta”. Los operadores también recordaron ayer que Colau se comprometió a revisar a la baja la tasa anual que deben pagar por cada bici o moto y confiaron en que cumpla su palabra.

El concejal de Movilidad subrayó el “incremento de la flota” y explicó que las cifras de licencias se han calculado “estudiando la capacidad máxima, sobre todo en el aparcamiento en el centro de la ciudad” de las motos y bicis compartidas. En este sentido, destacó que el decreto obliga a las empresas a que no tengan más de la mitad de su flota en el centro de la ciudad, para no saturar el espacio.

El decreto también fija que el Ayuntamiento tendrá acceso en tiempo real a los datos y geolocalización de los vehículos de los operadores. Sobre la demanda de los operadores de incrementar las flotas en el futuro, Badia aseguró que al consistorio le “interesa que los vecinos abandonen los vehículos particulares y se pasen al compartido”, pero se mostró partidario de no aumentar las flotas hasta que no se compruebe que hay demanda, “para no saturar el espacio público con motos o bicis aparcadas sin uso”.