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La tasa de Barcelona para bicis y motos de alquiler llega a votación

Los comunes proponen un impuesto de 71 euros por ocupación de la vía pública

Una usuaria con una moto eléctrica de alquiler.
Una usuaria con una moto eléctrica de alquiler.

Pionero desde hace décadas en materia de movilidad y habitualmente rápido en verlas venir, el Ayuntamiento de Barcelona no acaba de concretar cómo quiere regular la actividad de las empresas que alquilan bicicletas o motos que se aparcan en la calle. El gobierno de la alcaldesa Ada Colau lleva meses trabajando en regular un fenómeno que en ciudades europeas y asiáticas es un quebradero de cabeza: miles de vehículos desparramados en las aceras.

A falta de concretar la normativa, los comunes tienen previsto llevar este martes a la comisión de Economía una tasa por ocupación de la vía pública. Será de 71 euros anuales por bici o moto, una cantidad que se entiende que puede ser disuasoria para un operador que quiera desembarcar con miles de vehículos, como ha ocurrido en algunas ciudades. La idea es aplicar la tasa en 2019.

Pero no todos los grupos municipales ven claro aprobar antes la tasa que el reglamento. Una norma entre otras cuestiones busca fijar un límite de licencias (se ha filtrado que no serían más de 3.500) y que tampoco está claro cómo se concederían: si un concurso o una subasta.

Es una incógnita si la tasa se aprobará. La apoyarán grupos municipales como ERC o el PSC. Los republicanos votarán a favor porque la idea inicial eran 100 euros y solicitaron una aplicación progresiva y una rebaja inicial. Los socialistas son partidarios de “regular el sharing con licencias y también incorporar una tasa razonable de acuerdo con el valor de la ocupación del espacio público”, indican fuentes del grupo municipal.

Regulación también

“Creemos que el sharing de bicicletas y motos es positivo como herramienta de economía colaborativa pero somos conscientes de que es necesaria una regulación para evitar que la oferta se desborde, promover que se valore el espacio público y fomentar que estos servicios se presten en toda la ciudad, sin saturar el centro”, añaden desde el PSC.

Por parte del PDeCAT, la alcaldable Neus Munté reveló que su grupo votará en contra. Munté reclamó que el asunto se aborde con el debate y el consenso que permitiría mejorar la movilidad. “El único planteamiento que hace el Gobierno es poner obstáculos y trabas, que es marca de la casa” dijo sobre “una movilidad que puede generar empleo”.

La CUP tiene previsto hacer reserva de voto, una fórmula que les permitirá dar tiempo a la militancia a valorar su posicionamiento. El PP aseguró este lunes que está analizando la cuestión, porque el gobierno le facilitó el expediente, lamentó el concejal Javier Mulleras. Ciudadanos, por su parte, no respondió sobre la cuestión.

El concejal no adscrito Gerard Ardanuy también se reservará el voto. “Defiendo primero debatir el reglamento, la fórmula para dar licencias”, apuntó.

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