Barcelona frena la llegada de las bicis compartidas privadas

Son sistemas de bicicleta compartida de empresas privadas, la mayoría de origen asiático, que funcionan con una aplicación de móvil que permite localizarlas, desbloquearlas, pedalear y dejarlas al final del trayecto, en cualquier sitio. Sin atarlas. El fenómeno parece imparable. En países como China hay millones y ya han desembarcado en algunas ciudades europeas, aunque algunas como Ámsterdam o Londres han paralizado el despliegue. En España el conocido como free-floating ha llegado a Madrid y Granada. Compañías como Obike (de Singapur) o Mobike (China) quieren entrar también en Barcelona, pero el Ayuntamiento les ha pedido que se esperen a tener una normativa que regule tanto las bicicletas como los coches y motos compartidas. El propio consistorio admite que hay una veintena de operadores interesados, entre bicicletas, motos y coches.

El aterrizaje de estos sistemas choca en Barcelona con dos cuestiones que preocupan al gobierno de la alcaldesa Ada Colau. La primera es el debate sobre la ocupación del espacio público, las aceras o las plazas, por parte de empresas privadas: ahí está la enconada ordenanza de terrazas, cuya reformulación lleva meses enfrentando al consistorio y los restauradores. En Asia los millones de bicis desperdigadas son un problemón en algunas ciudades. La segunda es la llamada economía compartida, con la guerra contra Airbnb como principal foco de conflicto. Además, la capital catalana ultima la adjudicación de la segunda generación del Bicing, un contrato de más de 200 millones que también entra en conflicto con estas bicis.

Fuentes municipales explican que “no se ha impedido” a ninguna empresa que se implante en la ciudad, pero se les ha comunicado “a las firmas interesadas en este segmento de negocio que el Gobierno municipal ha iniciado los trabajos para regular los servicios de vehículos compartidos y que fruto de este trabajo se fijarán las regles de juego para que operen”. Las mismas fuentes apuntan que se les ha invitado a “trabajar conjuntamente en el debate sobre la nueva regulación”. El Ayuntamiento entiende que sin regulación, estos sistemas pueden comportar “impactos negativos”, porque pueden comportar “una fuerte ocupación del espacio público y sobre los aparcamientos, dificultando la rotación”.

Uno de los problemas que afrontan los ayuntamientos es la inexistencia de una licencia concreta para estas actividades y en el caso de Barcelona, el consistorio valora “poder crear licencias de ocupación del espacio público para darles respuesta”. En este sentido, en la capital ya habido conflicto con firmas como Donkey o Dropbike, cuyas bicicletas se atan en los aparcamientos públicos, las “U” invertidas metálicas. Son firmas que operan con una licencia de actividad económica vinculada al local donde operan, “pero es una disfunción”, explica el área de Movilidad, “porque en la práctica la actividad que hacen no es en un local sino en el espacio público”.

La empresa de free-floating que ya ha llegado a España es Obike, cuyas bicis naranjas pueden verse desde hace unas semanas en Madrid y Granada. La firma tiene solo 11 meses de vida y su crecimiento ha sido de vértigo. Ya opera en 14 países, como Alemania (Munich), Austria (Viena), Holanda (Róterdam), Australia, Malasia, Tailandia o Taiwán. Londres y Ámsterdam han paralizado el despliegue de las bicis de la firma. La semana pasada sus responsables estuvieron en el salón Smart City Expo, donde explicaron que ante la falta de regulación, negocian ciudad a ciudad. “Madrid ha sido más flexible, preparan regulación y estamos colaborando con un piloto de prueba, con 300 bicis”, explica Miguel Ramos, el portavoz de Obike. En Granada, donde no hay sistema de bicicleta pública, son el único operador, con otras 250 bicicletas. “En Barcelona el Ayuntamiento lo está haciendo con más calma porque en temas de movilidad en la vía pública es más cauto a la hora de dar permisos, quieren controlarlo”, prosigue Ramos, que subraya que la compañía prefiere esperar a entrar en conflicto con la administración: “No vamos por política de hechos consumados”. Mobike (fundada en Pekín en 2015 y con siete millones de bicis en todo el mundo) responde por escrito a un cuestionario en el que explica que mantiene conversaciones con varios ayuntamientos, que no revela cuáles son. Fuentes del sector aseguran, sin embargo, que Barcelona está en sus planes.

En Madrid, desde hace unas semanas hay bicis de Obike y Ofo en la calle. Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales explican que trabajan en una regulación que “consistirá en una cesión de espacio por lotes que saldrá a licitación”. “Se exigirá a las empresas que redistribuyan obligatoriamente un porcentaje de las bicicletas, devolviendo un determinado porcentaje al punto de origen”, explican sobre una exigencia que aparentemente es contradictoria con la filosofía de la empresa.

En el caso de Granada, la ausencia de bicicleta pública ha provocado que el Ayuntamiento haya visto con muy buenos ojos el desembarco de Obike. La empresa y el consistorio han firmado un acuerdo que establece que Obike cederá a la administración los datos que obtenga de explotar el sistema: rutas más frecuentes, horarios, puntos de estacionamiento, etc. “Nos resultará muy útil, porque estamos valorando la creación de un sistema público de bici compartida”, explica la coordinadora de Movilidad del Ayuntamiento, Marisa Álvarez. Teóricamente han acordado además que los usuarios no aparquen las bicis en las aceras, una condición que admite que no siempre se cumple.