Barcelona autorizará 7.300 bicis y motos compartidas

El Ayuntamiento de Barcelona tiene casi lista la regulación de las bicicletas y motos compartidas. El sharing, vehículos de alquiler por trayectos de empresas que operan a través de aplicaciones de móvil. Por un lado, el pleno aprobó con el apoyo de ERC, PSC y los concejales no adscritos una tasa de 71 euros anuales por bici o moto en concepto de ocupación de la vía pública. Por otro, la semana que viene se aprobará un decreto con las condiciones que deberán cumplir las empresas por obtener licencias y que fija un tope de 7.300 bicis y motos.

La tasa, con todo, tiene truco, porque la plataforma que agrupa a los operadores, Smart Mobility, ha pedido deducciones durante los primeros cinco años. Un descuento que la concejal de Movilidad, Mercedes Vidal, no acertó a cuantificar. Y de hecho también tiene truco la cifra de bicicletas y motos de alquileres (que es de casi el doble de las actuales 1.500 bicicletas y 2.300 motos, todas eléctricas). Porque de las negociaciones entre Movilidad del consistorio y la plataforma, los operadores también han arrancado el compromiso de revisar (al alza) la cifra total de la flota de vehículos compartidos, explicó ayer su portavoz, Anna Merino.

Vidal celebró la regulación del sharing por parte de un gobierno municipal que, defendió, quiere promover la movilidad sostenible pero también limitar la cifra de vehículos para que no haya saturación y regular el disputado espacio público. Por ahora, el decreto deja fuera los coches compartidos.

Para operar, las empresas deberán presentarse a un sorteo y entre las condiciones que deberán cumplir si quieren operar en Barcelona figurará que paguen el impuesto de circulación en la ciudad; que los vehículos estén geolcalizados para comprobar si aparcan correctamente (en aparcamientos para bicicletas en el caso de las bicicletas); que retiren vehículos averiados; y que cedan los datos de la operativa al Ayuntamiento, para poder comprobar si cumplen con todo lo anterior. La nueva normativa entrará en vigor en junio o julio.