El Gobierno vasco propone medidas fiscales para frenar el precio del alquiler
Ultima la Estadística del Mercado del Alquiler que marcará los precios medios para favorecer a quienes arriendan por debajo
El Gobierno vasco quiere incidir más en el precio de los alquileres. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una nueva fiscalidad que tendrá que ser afinada en el Órgano de Coordinación Tributaria y después aprobada por las Juntas Generales de los tres territorios vascos en el marco de una reforma tributaria más amplia, prevista para finales de año, que tiene como objetivo frenar la "preocupante" subida de los precios. El vehículo serán una serie de deducciones tributarias que crecerán a medida que los precios del alquiler se alejen, a la baja, de los precios medios que se estipulen para cada capital y localidad. La herramienta que el Gobierno ultima para tener la medida de los precios medios es la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), que ofrecerá los precios de alquiler reales en cada ámbito territorial según los datos del Registro Oficial de Contratos de Arrendamiento.
En la actualidad el tratamiento fiscal en el IRPF caso de la vivienda está claramente enfocado a la compra. En 2017 el coste fiscal de las deducciones por adquisición de la vivienda habitual ascendió a 302 millones de euros, casi tres veces el presupuesto anual del Gobierno para la promoción de vivienda protegida en alquiler. Por el contrario, el impacto de las deducciones por alquiler se situó en 78,8 millones de euros. "Teniendo en cuenta este desequilibrio, y el dato de que del crédito fiscal de hasta 36.000 euros para la compra sólo se benefician quienes ingresan más de 30.000 euros al año, quizá sea adecuado avanzar hacia un mayor equilibrio en el apoyo al alquiler", ha asegurado el consejero socialista de Vivienda, Iñaki Arriola.
A partir de ahí los dos partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE proponen reequilibrar ese esfuerzo con una escala progresiva en las deducciones por los ingresos del arrendamiento de las personas propietarias, de forma que la deducción sea mayor si el alquiler es inferior a la renta media marcada por la EMA, y que desaparezca si supera ese precio de referencia. Una bonificación que se aplicaría también a quienes cedan sus viviendas a los programas de alquiler públicos Bizigune y Asap.
"Estamos convencidos de que la aplicación de estas deducciones selectivas, que también podrían utilizarse en un tributo municipal como el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, serían más eficaces en la práctica que otras medidas más drásticas que se proponen para frenar el alza de los alquileres", ha explicado Arriola tras el Consejo de Gobierno. Más en concreto se plantea limitar para los niveles de renta más elevados la actual deducción por alquiler de vivienda. Ahora se deduce el mismo el 20% una familia mileurista que otra con ingresos superiores a 100.000 euros. Y, en paralelo se trata de intensificar la ayuda a determinados colectivos como jóvenes y familias numerosas, que ahora tienen también un tratamiento algo más favorable.
En el informe se formulan también propuestas sobre el Impuesto de Sociedades para favorecer mediante incentivos la promoción de viviendas de alquiler protegido o de precio limitado. Entre ellas, la exención del impuesto a las sociedades públicas, del Gobierno y municipales, que se dedican a la vivienda protegida.
Hay otras aportaciones respecto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y otros tributos municipales que se pueden activar para favorecer el alquiler asequible y la política social de vivienda. Y se recoge, igualmente, el efecto que puede tener en el mercado del alquiler el futuro canon a las viviendas deshabitadas —20.840, según el estudio que realizamos y ya conocen—, conjugado con el recargo en el IBI que ya contemplan algunos ayuntamientos.
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