Las discrepancias de Colau y Collboni
Las negociaciones entre comunes y PSC para pactar el ejecutivo municipal pasa por limar sus desencuentros
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, trabaja con discreción con el equipo del líder del PSC en el consistorio, Jaume Collboni, en el acuerdo por el que volverán a compartir el gobierno municipal. Los socialistas lograron doblar su número de concejales y por tanto, estarán en condiciones de elevar sus exigencias y exigir áreas de peso como seguridad o promoción económica. Pero antes deberán limar las discrepancias que mantienen en otros temas clave.
El debate nacional. La presencia de la pancarta con el lazo amarillo en solidaridad con los políticos presos en el balcón del consistorio es solo la punta del iceberg de las discrepancias que mantienen los dos futuros socios. No es menor que Colau colgara el lazo la semana pasada, antes de firmar el pacto, como tampoco lo es que en el acuerdo del mandato pasado incluyera un epígrafe específico que dejaba claro que cada partido “actuaría y se expresaría dentro del consistorio y públicamente de acuerdo con su programa político”. El próximo momento de tensión será la sentencia de los líderes del procés.
La seguridad. El cartapacio provisional del ejecutivo municipal sigue sin tener un concejal de seguridad, una cartera que es muy probable que recaiga en el edil socialista Albert Batlle, que acumula cargos en la materia. Mientras, basta comparar programas electorales para ver que el PSC vincula la seguridad a la convivencia —los comunes no llegaron a reformar la controvertida Ordenanza de Civismo y el PSC, autor del texto original en 2006, quiere que se cumpla— y que hablan de combatir el top manta, un fenómeno que Colau abordó desde el punto de vista social.
Supermanzanas. Mientras Colau y Collboni están en sintonía sobre unir las dos redes de tranvía por la Diagonal, en otras cuestiones de movilidad, discrepan. Las supermanzanas donde se restringe el tráfico de paso, es uno de ellos: “Reenfocaremos el proyecto para reencaminar la mala implantación realizada y garantizar una adecuada interlocución con todos los actores que intervienen en el territorio”, dice el programa electoral del PSC.
Empresa e innovación. El PSC lamenta en su programa electoral que tras su expulsión del gobierno en 2017 Colau suprimiera el área de Empresa, Cultura e Innovación, la cartera que capitaneó Collboni. “Supuso toda una declaración de intenciones”, afirman: “Se promovió la interacción de personas, ideas y proyectos con ópticas distintas, favoreciendo una visión más amplia de las posibilidades de desarrollo de la ciudad y de las necesidades de los agentes de los respectivos sectores y territorios”.
Turismo. Los socialistas hablan varias veces en su programa de “recuperar consensos necesarios”, de “responder a la transversalidad de intereses en la ciudad” o de que la concejalía del área recupere el liderazgo “con los consensos de los sectores económicos y sociales de la ciudad”. Y es que al PSC le desagrada la gestión que los comunes han hecho del turismo. En cuestiones como el plan de hoteles, el PEUAT, que centrifuga los nuevos hoteles a la periferia de la ciudad, los socialistas no entran al detalle pero se muestran partidarios de “mejorar las fórmulas de regulación de los alojamientos turísticos”.
Gestión pública del agua. Mientras Colau tiene como uno de los objetivos de un segundo mandato la remunicipalización del agua, y habla abiertamente de las presiones de Agbar para evitarla, el PSC en ningún caso se refiere a la recuperación de la gestión pública. En la antepenúltima página de su programa, los socialistas se refieren a la necesidad de una fuerza “que sepa hacer las cosas, bien, que ponga orden, que sume”. “Que no quiera batallar sino sumar" entre actores sociales. Y al final del párrafo habla de “una Barcelona que funcione con fórmulas mixtas de gestión pública y privada en temas tan trascendentes como la energía o el agua”.
Las cuentas. Hace un año, ya fuera del gobierno, el PSC alertó de una caída de los ingresos y una subida del gasto en el consistorio. Denunciaron mala planificación, aseguraron que se avecinaban recortes y Collboni llegó a mostrar un documento que cuantificaba en 107 millones de euros la caída de inversiones. Colau lo desmintió categóricamente y aseguró que el texto estaba desfasado. La oposición forzó incluso un pleno sobre los ajustes, que causó un gran malestar entre los comunes. Tendrán que recomponer esa crisis y ver quién tenía la razón.
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