El Govern evita hacer autocrítica sobre la gestión de la Renta Garantizada

La oposición en el Parlament ha acusado este miércoles al gobierno de Quim Torra de "jugar con los datos" que presenta sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que nació en septiembre de 2017 impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular. Los promotores de esta ley cursaron una petición de transparencia para conocer los datos de la gestión de esta prestación, y el Govern ha respondido esta semana: hasta el 15 de enero de 2019, solo se ha aprobado el 9,2% de las 46.429 nuevas solicitudes de esta prestación completa. Mientras que el PSC y los comunes han acusado al Ejecutivo de "mala gestión", Torra ha negado la mayor y se ha escudado en los efectos de la intervención de la Generalitat con el artículo 155, y en la falta de presupuestos en Cataluña.

El Govern ha defendido en el Parlament que en lo que va de año se ha aprobado el 30% de solicitudes y hay 120.000 beneficiarios de esta ayuda. Los promotores de la ley lamentan que la Generalitat cuente tanto las solicitudes aprobadas de prestaciones completas (644 euros al mes por una persona) como los complementos a otras ayudas (que pueden ser de 50 euros). Activistas y oposición acusan al Govern de "maquillar los datos" para dar la sensación de que se han aprobado más solicitudes y hay más beneficiarios.

"Cuantos más datos aparecen, más se confirma el desbarajuste. El Govern debe cambiar de actitud y poner más recursos", ha dicho Marta Ribas, de Catalunya En Comú Podem. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha insistido en que el gobierno catalán "ha fracasado en la gestión", y ha recordado que para poner fin al caos el Govern ha tenido que recurrir a una empresa privada, Deloitte, para auditar las cuentas.

"Niego la mayor", ha aseverado Torra. El president ha asegurado que la gestión de la RGC "va bien", y ha acusado a los grupos de la oposición de no haber ayudado a que fuese mejor. "Ustedes [el PSC] impulsaron el artículo 155, que fue un gran impedimento para el despliegue de la ley", ha dicho Torra, quien también ha afeado a los comunes que no aprobasen su propuesta de presupuestos. Sin embargo, los presupuestos no fueron ni elevados a votación por el Govern, consciente de que no podría conseguir los votos para aprobarlos. Además, la ley de la RGC estipula que no puede haber límite presupuestario para el despliegue de esta prestación.

Los datos que defiende el Govern contrastan con los que el propio Ejecutivo desglosó en su respuesta a la petición de transparencia, avanzada por este periódico. Las solicitudes de RGC completa aprobadas no llegan al 9,2%. Las de complementos que fueron aprobadas hasta el 15 de enero de 2019 son el 23%. Ademas, con 25.928 expedientes vigentes de RGC completa y 64.188 beneficiarios, la cobertura de la prestación no llega a igualar a la que ya tenía la anterior prestación, la Renta Mínima de Inserción (RMI). Precisamente, la ley de la Renta Garantizada se aprobó por unanimidad para ampliar la cobertura de la antigua prestación y llegar a más personas en situación de pobreza.

Huelga de maestros

En el pleno, los grupos de la oposición también han recordado a Torra que esta semana los maestros, profesores y estudiantes irán a la huelga para reivindicar el fin de los recortes. El president ha entonado el mea culpa antes de cargar contra la oposición. "Piden condiciones de mínimos, y ni esto podemos atender. Es triste reconocerlo como presidente, pero si ustedes hubiesen aprobado la propuesta de presupuestos, una gran parte de estos problemas se habrían arreglado", ha dicho el presidente Torra.

Torra ha defendido que, cuando en otoño los funcionarios de la Generalitat protagonizaron varias jornadas de protesta, el Govern desactivó las movilizaciones. "Lo hicimos con diálogo y con pactos, como el que llegamos con los bomberos, y lo volveremos a hacer", ha dicho.