El juicio a Blasco se inicia con el anuncio de posibles acuerdos con los acusados

El juicio al exconsejero valenciano y exportavoz del PP Rafael Blasco y otras 23 personas acusadas de irregularidades en la gestión de subvenciones autonómicas a ONG y en la construcción de un hospital en Haití se ha reanudado este lunes con la petición de las defensas -secundada por la Fiscalía- de que se suspendiera la vista para cerrar posibles acuerdos con los acusados, entre ellos, el propio Blasco. El tribunal no ha accedido al aplazamiento al considerar que hay tiempo para culminar acuerdos hasta el 20 de mayo, fecha en la que comienzan las declaraciones.

La vista ha comenzado entonces por las cuestiones previas de un proceso donde se juzgan las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, cuya instrucción acabó en 2017 con 24 inculpados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

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La Fiscalía Anticorrupción ha precisado al inicio de la vista hoy que se están llegando a acuerdos de conformidad, en unos casos plenos y en otros parciales, con algunos acusados, a los que se pretenden adherir otras defensas. Aunque el posible acuerdo con Blasco parece todavía lejos, según fuentes jurídicas.

La sección quinta de la Audiencia de Valencia aplazó el pasado 15 de abril oral la vista ante la imposibilidad alegada por las defensas de abordarla con la preparación suficiente por las negociaciones que se llevaban a cabo para alcanzar un acuerdo con el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, con quien las defensas aseguraron tener una conformidad prácticamente cerrada.

La Audiencia juzga a Blasco, condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas del caso y en régimen de semilibertad desde febrero, a la excúpula de la consejería de Cooperación, a los empresarios Augusto César (igualmente condenado en el primer juicio) y Arturo Tauroni, y al presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.

También van a juicio los trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

A Blasco se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para él y pide como responsabilidad civil 4,6 millones de euros a favor de la Generalitat.

No obstante, la pena más elevada que reclama el fiscal es para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel. También solicita que se le fije una multa de 3,1 millones de euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EE UU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.

A la salida de la Ciudad de la Justicia, pasada la una de la tarde, Rafael Blasco, a preguntas de los periodistas, no se ha pronunciado sobre posibles pactos con la fiscalía; sólo ha pedido que se respeten los tiempos de la justicia, la presunción de inocencia y "evitar juicios paralelos".