Blasco, condenado por malversar, saldrá por primera vez de prisión con dos permisos

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y exportavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de prisión por malversar ayudas al Tercer Mundo, saldrá por primera vez de la cárcel con dos permisos de tres días cada uno. Ingresó en el establecimiento penitenciario en junio de 2015, informa Europa Press.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la Comunidad, con sede en València, ha estimado así la queja de Blasco contra la negativa de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Picassent de otorgarle permisos.

El juez considera que no existe un riesgo relevante de quebrantamiento ni de comisión de un nuevo delito ni de que la salida repercuta negativamente en su programa de tratamiento, motivos por los que le otorga dos permisos de tres días cada uno. Los permisos los disfrutará el preso en las fechas que sean determinadas por el centro penitenciario.

El exconsejero fue condenado a seis años y medio por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la primera pieza del conocido como caso Cooperación. En los dos años y cuatro meses que lleva preso de manera ininterrumpida, no ha disfrutado de ninguna salida.

Además de la pena ya cumplida, el juez también ha valorado para concederle los permisos el buen comportamiento del recluso, los elementos de apoyo socio-familiar fuera de la cárcel y su edad, 72 años.

Blasco tiene todavía otras causas judiciales pendientes. Se trata de las piezas 2 y 3 del caso Cooperación sobre las que ya ha concluido la instrucción y se ha dictado un auto de procedimiento abreviado. Junto al exconseller hay otras 20 personas investigadas en estos procedimientos relativos a presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG y a la construcción de un hospital en Haití.

En concreto, junto a Blasco se encuentran procesados la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán; el exdirector general José María Felip; el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.