Nuevo juicio a un exconsejero del PP corrupto, esta vez por saquear la cooperación
Blasco y su banda se quedaban hasta con el 50% de cada ayuda, según la Fiscalía. Se enfrenta a 16 años de cárcel
Rafael Blasco, el exdirigente del PP convertido en sinónimo de la ola de corrupción que afectó al partido en la Comunidad Valenciana, vuelve al banquillo de los acusados. La magistrada Nieves Molina, del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, ha decretado este jueves la apertura de juicio oral contra él y otras 23 personas por el presunto y prolongado saqueo de los fondos destinados por la Generalitat valenciana al Tercer Mundo. Según la Fiscalía, el exconsejero Blasco y su banda se quedaban hasta con el 50% de cada ayuda concedida.
Blasco ya cumple seis años de prisión en la cárcel de Picassent por malversar 1,8 millones de euros de dos proyectos de cooperación en Nicaragua del año 2008. Ahora se enfrenta a una nueva petición de 16 años de prisión por quedarse con dinero de decenas de ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en los tres años siguientes.
Entre las iniciativas supuestamente vampirizadas figuran centros de acogida para niños huérfanos en Perú, proyectos para fomentar el empleo de mujeres en la República Dominicana, planes para frenar la violencia sexual contra niños y reducir el contagio de sida en Guinea Ecuatorial, así como la construcción urgente de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.
Mano derecha de Camps
Rafael Blasco fue elegido por Francisco Camps cuando el entonces presidente valenciano vivía sus momentos más bajos, en 2009, tras verse involucrado en el caso Gürtel. A pesar de las sombras de corrupción que rodeaban a su consejero desde los años ochenta, Camps le dio grandes poderes en el Ejecutivo autonómico y lo nombró, además, portavoz del PP en las Cortes Valencianas. El expresidente protegió a Blasco tras el estallido de lo que inicialmente se conoció como caso Cooperación, y, aunque lo dejó fuera de su Gobierno tras las elecciones de 2011, lo mantuvo como portavoz parlamentario. Un cargo en el que se siguió hasta dos años después, cuando fue destituido por el sucesor de Camps, Alberto Fabra.
La juez cree que existen "indicios racionales de criminalidad contra todos los acusados". A Blasco le atribuye, en concreto, los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y pertenencia a asociación ilícita u organización criminal.
La juez fija una fianza de responsabilidad para Blasco de 8,4 millones de euros. En caso de no prestarla, ordena que le sean embargados bienes suficientes para cubrirla. Para el conjunto de los acusados, establece fianzas que superan los 70 millones de euros.
Acompañarán en el banquillo a Blasco quienes entonces formaban su equipo directivo en la Consejería de Solidaridad. Marc Llinares, jefe de área de Cooperación; Agustina Sanjuán, secretaria general administrativa y Josep Maria Felip, director general de Cooperación.
El exconsejero intentó el año pasado alcanzar un acuerdo con Anticorrupción. Una negociación en la que ofreció el lujoso chalé que posee en Alzira, Valencia, a cambio de ser condenado a una pena mínima y no volver al banquillo que finalmente no prosperó.
El caso Blasco generó un terremoto en el mundo de la cooperación, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde muchas organizaciones con larga experiencia en el campo se vieron perjudicadas por la gestión de Blasco y el grupo de falsas ONG supuestamente creada por su socio criminal, el empresario Augusto César Tauroni, que también será juzgado.
Varias entidades denunciaron entonces la opacidad de la consejería de Blasco, y la Coordinadora Valenciana de ONGD ejerce la acusación popular en la causa junto al abogado Antonio Penadés, presidente de la asociación Acción Cívica contra la Corrupción.
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