El pueblo que voló por una pirotecnia empieza a resurgir de sus cenizas

A punto de cumplirse un año de la tragedia, el barrio de A Torre, la zona cero del pueblo de Paramos (Tui) que voló por los aires al estallar un almacén ilegal de cohetes de la Pirotecnia La Gallega, ha quedado al fin limpio de escombro y desprecintado. El escenario arrasado se ha abierto este jueves al tráfico para permitir que comiencen los trabajos de reconstrucción de viviendas, además de facilitar el acceso de los residentes en el entorno a esta parte del municipio, que hasta ahora tenían varios viales cortados.

El alcalde de Tui, el independiente Carlos Vázquez Padín, que asistió a la apertura de la zona, ha detallado que, de este modo, las obras de reconstrucción que ya hayan sido autorizadas podrán ejecutarse sin impedimentos derivados del cercado de la zona. También ha indicado que en abril el Ayuntamiento ha comprometido una nueva partida de 857.000 euros para destinar a la restauración de las residencias afectadas por la explosión que no se condicionará a si se trata de primeras o segundas viviendas, algo que sí tiene en cuenta en sus subvenciones la Xunta de Galicia. Vázquez Padín, que en los meses pasados llegó a ser multado y estar bajo la lupa de las pesquisas judiciales por no ejecutar la orden de vaciado y demolición de la sede principal de la pirotecnia en Baldráns, otro pueblo vecino, ha asegurado que estas ayudas ya se pueden solicitar.

Después de una insistente lucha por parte de los afectados por la explosión del zulo de Paramos, donde el propietario de la pirotecnia hacía acopio de toneladas de explosivo para las fiestas del verano, la maquinaria administrativa acabó por ponerse en marcha. Pasaron muchos meses, hasta después del verano, antes de que al fin se llevase a cabo la retirada de explosivos y la destrucción de La Gallega en Baldráns. Y pasó todavía más tiempo antes de que el Gobierno central respondiese a su compromiso de retirar los cascotes de las casas derruidas. La pasada Navidad, los vecinos de Paramos y Guillarei, donde hubo un centenar de casas afectadas, con cristales y tejados destrozados, se reunieron para celebrar juntos las fiestas entre esos escombros aún presentes que, en sus palabras, "aplastaban" sus recuerdos.

El presidente de la Asociación de Afectados Paramos-Guillarei, Salvador García, ha valorado estas nuevas subvenciones municipales, aunque ha remarcado que no cubren algunos espacios dañados que no tienen la consideración de viviendas, como los alpendres. También ha apuntado que el montante total recibido por casa no podrá superar los 250.000 euros, en los que se incluyen las cuantías adjudicadas por parte del Estado, la Xunta y el municipio del sur de Pontevedra. García ha recordado que, junto a las nuevas subvenciones comprometidas por el gobierno local, se sitúan las ayudas autonómicas, que en los mejores casos podían superar los 100.000 euros, las estatales, que podían alcanzar los 15.000 euros en función de los ingresos familiares, y otro apoyo municipal destinado a cubrir daños en mobiliario y menaje.

El arquitecto municipal, Pablo Rivas, ha avanzado que ya se han concedido un total de nueve licencias para reconstruir viviendas afectadas y que otras 12 se hallan en fase de tramitación. Aunque "se espera recibir más solicitudes", que se deberán aprobar en junta de gobierno. Un total de 31 residencias quedaron completamente destrozadas en la zona cero, donde además de numerosos heridos y personas con secuelas psicológicas murió un matrimonio que dejó atrás dos hijos menores huérfanos.

Dotación de espacios públicos

Mediante el plan de la Diputación de Pontevedra Depo-Remse, se destinarán 500.000 euros a la provisión de servicios públicos en la zona, que serán cubiertos en un 85% por el ente provincial, mientras que el 15% restante lo asumirá el Ayuntamiento. En estos trabajos se soterrarán la conexión a la red eléctrica, la telefónica y el saneamiento, y se acometerán trabajos de pavimentación y de mejora del espacio público. Según el alcalde, los arquitectos municipales ya trabajan en este proyecto, que deberá ser licitado y ejecutado por el Ayuntamiento antes de junio de 2020. En relación a este plan, el presidente de la asociación de afectados advierte del riesgo de que la obra se retrase y que ello repercuta negativamente en las labores necesarias y los tiempos para reconstruir las viviendas.