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El juez da un “último e improrrogable” plazo de un mes para demoler la pirotecnia de Tui

El Ayuntamiento había anunciado un "cronograma de ocho meses" en el que se daba un tiempo a la empresa para vender sus explosivos pese a la catástrofe de mayo

Inmuebles reventados por la explosión del almacén clandestino de Paramos.
Inmuebles reventados por la explosión del almacén clandestino de Paramos.

No serán ocho, sino un mes solo, el tiempo en el que el Ayuntamiento de Tui deberá desalojar, vaciar de materiales explosivos y demoler La Gallega, la pirotecnia radicada desde hace un siglo en la parroquia de Baldráns, cuyo propietario está en la cárcel por la catástrofe de mayo. Además de la fábrica, declarada ilegal y con sentencia firme de demolición desde 2015, Francisco González Lameiro poseía varios zulos repartidos entre el propio Baldráns y el vecino pueblo de Paramos. Este último almacén ilegal, donde O Fogueteiro hacía acopio de cohetes para las fiestas del verano, es el que explotó el pasado 23 de mayo y segó dos vidas, dejó dos niños huérfanos y borró del mapa la localidad. Ningún alcalde, en los últimos años en que el fallo judicial de demolición había sido ya confirmado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cumplió la orden. Hace un año, meses antes del accidente mortal de Paramos, el juzgado sancionó con una multa de 300 euros al alcalde, Carlos Vázquez Padín (Converxencia 21), recién llegado al cargo tras una moción de censura, por no haber gestionado el derribo. En septiembre, y ya tras el desastre, llegó otra multa de 1.500 euros. Entonces el Gobierno local hizo público un "cronograma" con los pasos que se darían hasta hacer desaparecer La Gallega de la faz de la tierra. El consistorio se daba un margen de ocho meses, y en una primera fase la empresa tendría que buscar compradores para el material legal que todavía acumulaba en las casetas de la pirotecnia. Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra concede al Ayuntamiento de Tui “un último e improrrogable plazo” de un mes para acabar con la pesadilla.

Aunque originalmente era la empresa la que debería afrontar la demolición, ahora es la Administración municipal la que está obligada a ejecutar la sentencia que dictamina el derribo y que que anula las licencias de las obras de legalización y de actividad de la pirotecnia otorgadas por el Ayuntamiento en 2013. El auto también autoriza al consistorio a entrar por la fuerza en las instalaciones, con el auxilio de la Policía Local y de los expertos en explosivos de los cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sus propietarios no lo permitan voluntariamente. Contra el auto cabe interponer recurso de apelación ante el TSXG, aunque el juez advierte de que “por sí mismo no suspende la ejecutividad” de su resolución.

El juez no acepta el calendario de actuaciones que le remitió el alcalde en noviembre porque resulta "demasiado dilatado en el tiempo" si se tiene en cuenta "el peligro que conlleva para la seguridad pública" la existencia de unas instalaciones pirotécnicas próximas a un núcleo poblado donde todavía se realiza actividad "de manera clandestina e ilegal". "Dada la urgencia, gravedad y premura del asunto, un mes es tiempo más que suficiente para poder alcanzar este resultado", insiste el magistrado. "No procede ya concederle más plazos a los propietarios para la ejecución voluntaria" y debe realizar "directamente la Administración la ejecución subsidiaria".

Se da la paradoja de que mientras el juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra llevaba años tratando de hacer cumplir la orden de desalojo del material pirotécnico y de derribo de la fábrica, el juzgado de Tui que investiga la explosión mortal de Paramos ordenó almacenar más material tras la tragedia. Eran productos explosivos incautados en dos almacenes clandestinos que fueron descubiertos en la zona de Baldráns un par de días después del accidente. En noviembre todo aquel material que los especialistas en explosivos optaron por no destruir al principio y guardarlo en La Gallega, seguía almacenado en al menos dos casetas de las instalaciones ilegales.

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