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El Govern retoma la comisión bilateral para evitar que Sánchez recurra el retorno de las pagas extra

La Generalitat quiere que su plan de contingencia por la falta de presupuestos dure tres meses

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el vicepresidente Pere Aragonès.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el vicepresidente Pere Aragonès. EFE

El gobierno de Quim Torra reactivará la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat en plena campaña, sin esperar al resultado de las próximas elecciones del 28 de abril. El Govern ha encargado al consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch, que inicie negociaciones para tratar de evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto con el que se devuelve a los funcionarios las pagas extra recortadas en 2013. Pese a que el PSC había reclamado este retorno de las pagas, y pese a que había votado a favor del decreto, la semana pasada la ministra Meritxell Batet envió un requerimiento a la Generalitat para llevar el decreto al Tribunal Constitucional por un posible choque de competencias.

"Es muy grave que el Gobierno español quiera invalidar el decreto sobre las pagas extra. Este es el mecanismo legal que tenemos para evitarlo", ha explicado este martes, después de la reunión ejecutiva del Govern, Meritxell Budó, consejera de presidencia y portavoz. La comisión bilateral con el Gobierno no se reunía desde 2011, y Torra la reactivó el pasado mes de julio en el marco del diálogo abierto con el presidente Pedro Sánchez. En esa ocasión se retomaba tras un largo periodo de desencuentros, en el que se presentaron 115 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias cruzados por leyes y normas españolas y catalanas.

En este caso, la reactivación de la comisión bilateral se da en plena campaña electoral y a cuenta de un decreto ley muy reivindicado por todos los grupos de la oposición en Catalunya. El retorno de las pagas extra recortadas por el gobierno de Artur Mas unió a la oposición ante el gobierno de Torra, al que reclamaron que se devolviesen las retribuciones recortadas. El Govern aprobó un decreto a tal efecto, y hace pocos días trascendió que el ministerio de Política Territorial y Función Pública estudiaba presentar un recurso al Tribunal Constitucional sobre este decreto por un conflicto de competencias. "Hay otras maneras de negociar, no tienen por qué llevarlo al Constitucional", ha dicho Budó.

Por otra parte, el Govern ha decidido ganar tiempo y no presentar hasta la próxima semana, una vez superadas las elecciones generales, el plan de contingencia que afectará al grueso de las consejerías –solo se librarán Sanidad, Enseñanza y partidas sociales- y con el que prevé limitar el gasto de la Generalitat, ante la falta de unos Presupuestos para este año. Budó ha dicho este martes que el Ejecutivo pretende que ese plan tenga un límite temporal de unos “tres meses”. Ese periodo es el que el gabinete de Quim Torra considera que debe pasar para intentar de nuevo una negociación presupuestaria con los comunes para sacar adelante las cuentas. Antes, defiende desde hace tiempo el Ejecutivo, es imposible porque los partidos no prestarán sus votos al Govern ante el ciclo electoral que se abre el próximo domingo y que continuará en mayo con la convocatoria de elecciones municipales, autonómicas y europeas.

El Ejecutivo tuvo que aprobar hace unas semanas un crédito presupuestario para tener preparados los recursos para pagar los nuevos compromisos salariales con los trabajadores públicos, además de otras medidas de Govern. Pese a ello, la Generalitat, que está pendiente de recibir recursos del sistema de financiación que asigna el Ministerio de Hacienda, necesita habilitar otros 450 millones de euros para cuadrar sus Presupuestos prorrogados de este año. Dos años después de su aprobación, esas cuentas mantienen las partidas de gasto de 2017 y, en cambio, deben asumir las necesidades de gasto de 2019, que son superiores.

El Govern también ha aprobado la publicación del plan normativo de la administración catalana, en el que figurarán unos 200 proyectos de ley o normas reglamentarias nuevas que el Govern quiere tramitar durante esta legislatura. "Esto nos permitirá ordenar y calendarizar toda la actividad normativa que queremos llevar a cabo", ha explicado Budó.

El Govern denunciará la quema del muñeco de Puigdemont en Sevilla

El Ejecutivo de Quim Torra ha acordado este martes denunciar ante la Fiscalía la quema y fusilamiento en Coripe (Sevilla) de un muñeco que representaba al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a quien habían vestido con una bandera estelada y un lazo amarillo. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado que el acuerdo de presentar una denuncia se ha tomado por unanimidad entre todos los miembros del Govern, también los de ERC, pese a que el diputado Gabriel Rufián había asegurado que los hechos, aunque condenables, entran dentro de la libertad de expresión.

Los hechos ocurrieron en la población sevillana de Coripe, donde es tradición quemar y fusilar a un personaje que, según el pueblo, represente algo que haya sido negativo para España. Así lo defendió el alcalde socialista del municipio, que reivindicó la quema y fusilamiento de un muñeco que representaba a Puigdemont. En el acto participó el AMPA de la escuela y la policía local.

"Consideramos que este acto puede ser constitutivo de un delito de incitación al odio y a la violencia. Nos sorprende que la Fiscalía no haya actuado de oficio cuando sí lo hizo con los casos de Valtonyc, Pablo Hassel, los titiriteros de Madrid y muchos otros", ha afirmado la portavoz.

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