Torra recula y aflora 220 millones para evitar otro paro de funcionarios

El Govern y los sindicatos CC OO, UGT y USOC han llegado este martes a un acuerdo para desconvocar la huelga en la función pública prevista para mañana. Los sindicatos han conseguido el compromiso de que en cuatro años se devuelvan las pagas extraordinarias que el Gobierno de Artur Mas recortó en 2013 y 2014, que suman 1.100 millones de euros. El plan inicial del consejero de Administración Pública, Jordi Puigneró, era devolver las pagas en ocho años, y pagar solo 55 millones en 2019. Con el acuerdo, el Govern abonará 220 millones el próximo año, que se suman a los 100 millones para poner fin a la huelga en los ambulatorios.

Los sindicatos más representativos de Cataluña lo tenían todo preparado para paralizar la función pública mañana, en una jornada de huelga a la que estaban convocados 250.000 trabajadores públicos y que llegaba dos semanas después de los paros que protagonizaron los médicos de atención primaria. Si aquella huelga se desactivó tras cuatro días de protesta y con la promesa de una partida de 100 millones de euros para mejorar las condiciones laborales, la huelga de la función pública se ha conseguido evitar antes de su inicio. Para ello se ha conseguido el compromiso de que la Generalitat empezará a abonar en 2019 las pagas extraordinarias que todavía tiene pendientes: el año que viene los funcionarios recibirán 220 millones de euros, de los cuales el 10% se pagará en el primer trimestre.

El acuerdo arrancado por los sindicatos al Govern reduce a la mitad el tiempo de espera para que se devuelvan las pagas extraordinarias recortadas en 2013 y 2014. El pacto estipula que en 2019 se abonará el 40% de la primera paga, y al año siguiente el 60% restante. La segunda paga se devolverá también en dos plazos: el 55% en 2021 y el 45% en 2022. Sin embargo, el acuerdo estipula que, si las condiciones económicas lo permiten, la Generalitat abonará íntegramente la paga de 2014 en 2021, con lo que se reduciría a tres años el tiempo de espera. Además, el Govern se compromete a garantizar estas partidas presupuestarias y a priorizarlas por delante de la regla de gasto. Precisamente, el principal argumento que hasta ahora esgrimía el consejero Puigneró para aplazar a ocho años vista la total devolución de las pagas extra era el techo de gasto impuesto por el Gobierno central. “Queremos devolver las pagas extra pero no nos dejan”, llegó a decir el consejero en una comisión parlamentaria.

“Este acuerdo es suficientemente bueno, era más importante para nosotros asegurar un acuerdo que quedarnos en nada y seguir esperando”, ha afirmado en rueda de prensa Joan Maria Sentís, coordinador del Área Pública de CC OO en Cataluña. “Ya es hora de que los recortes en el sector público se reviertan”, ha añadido Encarna Fernández, su homóloga en UGT.

La reversión de los recortes del Gobierno de Artur Mas ha puesto en tensión al Govern este otoño, con los médicos de familia, los profesores y maestros y los funcionarios como protagonistas. El Govern ha reaccionado asegurando partidas por valor de más de 300 millones de euros, entre las destinadas a los médicos y a los funcionarios.

Estos compromisos para frenar las protestas llegan en plenas negociaciones para aprobar los presupuestos. Los partidos del Govern, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, negocian con Catalunya en Comú, que mantienen la exigencia de aumentar el gasto en 1.700 millones de euros. Las discrepancias tras la primera reunión, y el freno de Torra al impuesto sobre los vehículos más contaminantes han enfriado las negociaciones. Los sindicatos reclaman también que los presupuestos incluyan partidas para hacer efectiva la oferta de empleo público prometida por el Govern, que suma 30.000 plazas.