Funcionarios catalanes irán a la huelga por el retraso en las pagas extra

Los sindicatos UGT y CC OO han convocado a los trabajadores de la Generalitat a una huelga general en el sector para reclamar el retorno de las pagas extraordinarias recortadas en 2013 y 2014. La huelga, si no se alcanza antes un acuerdo con el Govern, será el próximo 12 de diciembre, y están llamados a ella los 160.000 funcionarios de la Generalitat y los demás trabajadores de empresas públicas que también vieron recortadas sus retribuciones por el Gobierno de Artur Mas. En total, 250.000 trabajadores están convocados para paralizar los servicios públicos como respuesta a la última propuesta de la Generalitat, que pretende devolver las pagas extraordinarias en ocho años. Los sindicatos lo consideran "un insulto" porque significa el incumplimiento, por una parte, del acuerdo firmado por el Govern de Carles Puigdemont con las centrales, y, por otra, de varias resoluciones aprobadas en el Parlament, que establecían un calendario de retorno de las pagas que empezaba ya este año.

La devolución de las pagas extraordinarias de los trabajadores públicos de 2012, 2013 y 2014, que fueron suprimidas después de un acuerdo entre el Gobierno de Artur Mas y el Partido Popular en el marco de los recortes por la crisis económica, es una larga reivindicación de los funcionarios. Cataluña fue la primera comunidad que recortó el sueldo de sus trabajadores públicos y, de momento, la única que no ha devuelto toda la deuda.

Después del retorno de la paga de 2012, los sindicatos iniciaron la negociación para la devolución de las dos pagas que restaban. Según el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Carles Puigdemont, el 10% de la paga de 2013 debía abonarse antes de finalizar el año 2018, lo que suponía unos 50 millones de euros para las cuentas de la Generalitat. El acuerdo incluía la necesidad de establecer un calendario para retornar el resto del dinero.

En la última mesa de la función pública, los sindicatos se levantaron de la mesa al escuchar el calendario propuesto por la Generalitat. No solo confirmaba lo que el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, había anunciado ya (que no se devolvería este año el 10% prometido), sino que establecía un pago prorrateado hasta 2026 del resto de la deuda. En total, para la Generalitat supondría una partida de entre 1.100 y 1.200 millones de euros, según los sindicatos. El Govern puso como argumento la necesidad de respetar el techo de gasto marcado por el Gobierno central.

"Al final es un tema de voluntad política, de querer cumplir con los acuerdos", ha dicho el coordinador del Área Pública de CC OO, Joan Maria Sentís, en la presentación de las medidas acordadas entre los dos grandes sindicatos, que representan al 70% de los empleados públicos. "La propuesta de la Generalitat es un insulto hacia los trabajadores públicos que han mantenido a la institución durante la crisis. Es muy claro: o cumplimiento del acuerdo, o conflicto", ha añadido. La responsable del área pública de UGT, Encarna Fernández, ha pedido que esta movilización tenga el espíritu del "paro de país", la huelga que el 3 de octubre de 2017 paralizó Cataluña como respuesta a la actuación de los cuerpos policiales durante el referéndum del 1 de octubre.

En este sentido, ambos sindicatos han llamado a las demás organizaciones a sumarse a la protesta conjunta. "No es momento de hacer juegos corporativos o movilizaciones parciales. Nos da miedo que la reacción de la Generalitat sea intentar salvar los muebles dando cuatro cosas a algunos colectivos que hagan huelgas sectoriales", ha dicho Sentís. Sobre la mesa están las movilizaciones convocadas por los médicos y los profesores en Cataluña, lideradas por sindicatos muy representativos en estos sectores.

Por el momento no hay una nueva convocatoria de la mesa de función pública. Los sindicatos han asegurado que, si se convoca, acudirán a la negociación, "pero antes deben retirar la propuesta insultante que hicieron el otro día", han alertado. Las centrales piden que la devolución se haga efectiva en un año o, como máximo, en dos.