Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Torra reactiva la comisión bilateral con el Gobierno, que no se reúne desde 2011

Las dos administraciones pugnan en el Constitucional por 23 leyes pendientes de sentencia

El consejero de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, en Bruselas, este jueves.
El consejero de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, en Bruselas, este jueves.

El Gobierno catalán ha anunciado su intención de reactivar este martes la parte catalana de las comisiones bilaterales con el Ejecutivo del Estado -la Generalitat-Estado; la de transferencias, la de asuntos económicos y fiscales y la de infraestructuras- en el marco de la fase de diálogo que se abrirá el día 9 con la entrevista entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra. El anuncio lo formalizó el consejero Ernest Maragall que recordó que la comisión bilateral Generalitat-Estado no se reúne desde 2011 justo cuando Mariano Rajoy accedió al poder. Las dos instituciones arrastran desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, una larga historia de desencuentros plasmada en 115 recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias cruzados: La Moncloa ha presentado 48 de esos recursos -15 pendientes de sentencia- y 67 la Generalitat -ocho aguardan fallo-.

En un informe del Govern sobre esa conflictividad, la Generalitat entiende que la sentencia del Estatut marcó un "antes y un después" en sus relaciones con el Estado. La tensión se exacerbó a partir de 2014, el año de la consulta alternativa del 9 de noviembre, cuando el Gobierno de Rajoy presentó 9 recursos; en 2015 fueron 10 y en 2017, el año del referéndum ilegal, 16. La Generalitat, que denuncia el ánimo recentralizador y de impugnación sistemática de su capacidad normativa, ha presentado desde 2012, cuando estalló el proceso soberanista, 21 de los 29 conflictos de competencias. Sus recursos de inconstitucionalidad, sin embargo, fueron a la baja: 11 en 2013 frente a dos en 2017.

Al margen del tema capital del procés y de su reivindicación sobre el derecho a la autodeterminación, el Govern quiere rescatar más de una decena de leyes de carácter social suspendidas y que nada tiene que ver con el pulso soberanista. Los recursos fueron interpuestos por Rajoy y el Gobierno de Sánchez decidir que se archivaran retirándose del caso. Son leyes tan dispares como la de la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de consumidores de cannabis o la de la emergencia habitacional. En este apartado, Torra tendrá la complicidad del PSC -votó muchas a favor- y de Catalunya en Comú. Los comunes, que han pedido que la bilateral se reúna dentro de un mes,  consideran que los recursos han sido una "injerencia intolerable" en la soberanía del Parlament y que han afectado de forma muy negativa a la calidad de la vida de las personas.

Los datos de la conflictividad institucional

Esta es el balance de la conflictividad institucional entre las dos instituciones desde la sentencia del Estatut en 2010. Desde entonces, las dos Administraciones han elevado al Tribunal Constitucional un total de 115 casos-

Gobierno central: 48 casos. 45 recursos de inconstitucionalidad y tres conflictos positivos de competencias. Del total, 15 están pendientes de sentencia.

Generalitat: 67 acciones ante el Constitucional. 38 recursos de inconstitucionalidad y 29 conflictos positivos de competencias. 8 están pendientes de sentencia.

Con su firme decisión de ejercer de oposición activa, Torra no tendrá tanta complicidad de la CUP, que quiere ignorar al Constitucional y que se trace un plan para aplicar en 90 días las leyes suspendidas y anuladas. De hecho, ha presentado una moción para que se vote en el Parlament. Los anticapitalistas dudan que el Estado quiera rescatar las normas anuladas por el Constitucional como las de los impuestos a la energía nuclear, a los depósitos de las entidades de crédito la que prohíbe el uso de la técnica de la fractura hidráulica o "fracking".

Los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont entregaron a Rajoy en las dos reuniones que mantuvieron en julio de 2014 y abril de 2016 dos memorandos que casi permanecen intactos ante la ruptura de relaciones entre las dos administraciones. La Generalitat ya no hace abandera desde hace años la mejora de la financiación pero sí que reclama el pago de la deuda del Estado. Pere Aragonés, vicepresidente del Govern, la cifró el lunes en 6.000 millones procedentes de impagos por la ley de la dependencia y de la suma de la adicional tercera del Estatut para infraestructuras. Fue un acuerdo político pero los tribunales han dictado sentencias exonerando al Estado de esa obligación. Con la  complicidad del tejido empresarial, su reivindicación por el déficit de inversión en infraestructuras es histórica: desde la obra del corredor Mediterráneo o los retrasos en el plan de Rodalies. Un caso paradigmático es el de la estación de Montada i Reixac: después de 10 años, el Gobierno licitó a final de 2017 el soterramiento de las vías. Los accidentes en ese punto se han cobrado la vida de 170 personas.

El Govern no quiere hacer una lista de prioridades por1ue considera que todo son incumplimientos del Estado pero en política de traspasos siempre ha hecho mención a dos: que se aplique la sentencia del Supremo que permite a Cataluña gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado social que proceden del 0,7% del IRPF. O el traspaso pendiente y con sentencias a favor del Constitucional en la gestión de becas. Estos dos puntos figuran en el informe La deslealtad del Estado respecto a Cataluña. Balance de la situación, de 2013. De ese listado, los comunes reivindican como traspaso prioritario la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la FP para el empleo; las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.