Torra busca el apoyo del PSC para rescatar las leyes sociales suspendidas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha fijado como objetivo prioritario, además de volcarse en los políticos encarcelados, recuperar las 16 leyes de carácter social suspendidas o anuladas por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de Rajoy. La mayoría de esas normas, sin relación con el proceso soberanista, fueron apoyadas en su día por los socialistas catalanes en el Parlament. De las 16 leyes, el Alto Tribunal ha anulado cinco y suspendido el resto. El Gobierno de Pedro Sánchez podría rescatarlas con la simple retirada de los recursos.

Torra quiere que una de las primeras decisiones que tome su gobierno, que celebra el jueves su primera reunión, sea la creación de una comisión con el PSOE para estudiar cómo se pueden recuperar las leyes. El president reiteró el domingo que una de las prioridades será lograr la libertad de los presos y la vuelta de los políticos en el extranjero. El Govern quiere que un nuevo fiscal general cambie de criterio y que La Moncloa interceda para acercar a los presos. La negociación condicionará seguramente las relaciones entre ambos pero la que parece que de entrada es más factible es la del rescate de las leyes anuladas o suspendidas y desvinculadas del procés.

De las 16 leyes, cinco ya han sido anuladas por el Constitucional. Son las del impuesto sobre los depósitos bancarios; la ley del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno y la energía nuclear; la ley del canon digital —fue aprobada por unanimidad en la Cámara— la ley de medidas fiscales que contenía la prohibición del fracking o la de aprobación del municipio de Madinyà, que quería segregarse de San Julià de Ramis, el municipio de Carles Puigdemont. Muchas de esas normas impositivas las impulsó Pere Aragonés, ahora vicepresidente de la Generalitat, para lograr más ingresos que pudieran paliar los recortes.

Los socialistas parten de la premisa de que no habrá marcha atrás en la anulación de esas normas porque cuestionarían la decisión del Alto Tribunal. Sin embargo, eso no quita que pueda de nuevo constituirse una ponencia para redactar otras similares. Miquel Iceta, líder del PSC, abordó ayer el asunto y apuntó que están abiertos a negociar leyes como las de la emergencia habitacional o las de la pobreza energética. “Distinguimos entre las leyes que no pueden ser objeto de negociación, como la del referéndum y las sociales”, recalcó.

Fuentes socialistas afirman que no saben aún a qué 16 leyes se refiere exactamente Torra y ERC o el PDeCAT. Con todo, en la inmensa mayoría de casos el PSC se posicionó a favor salvo en un par de veces: votó en contra de prohibir el fracking y se abstuvo en la de bienes de lujo. La suerte de las nueve leyes suspendidas está en manos del Gobierno de Sánchez, que podría recuperarlas con solo retirar el recurso que presentó el Ejecutivo de Rajoy. Durante el debate de la moción de censura, Pedro Sánchez se mostró a favor de negociar tanto los 46 puntos que en su día expuso Puigdemont a Rajoy así como la retirada de los recursos. “Hay caminos para explorar y ahí nos van a encontrar”, dijo el líder del PSOE. “Es hora de pasar pantalla, pasar página y abrir un nuevo tiempo de diálogo entre distintas formaciones”, añadió.