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90 chalets y 360 viviendas de la sierra son ya de titularidad pública

La Comunidad de Madrid insiste en que la concesión de los montes de utilidad pública no es prorrogable e insta a los Ayuntamientos a ofrecer alternativas

Entrada a la colonia de Camorritos.
Entrada a la colonia de Camorritos. EL PAÍS

Han pasado 99 años pero no ha dado tiempo a encontrar una solución. La concesión del suelo de los montes de utilidad pública que se encuentra en Cercedilla y en el Puerto de Navacerrada caduca este martes, y la incógnita de qué pasará con los chalets y los apartamentos edificados en ese monte sigue en el aire. La Comunidad, como gestora de esos terrenos, ya lo avisó hace meses: la ley original lo especifica y la concesión no es prorrogable. Los Ayuntamientos, como propietarios, no han aportado propuestas pero se han puesto en manos de abogados.

Todo sigue igual de encallado que hace meses, pero la Comunidad ha seguido adelante y ha iniciado hoy el procedimiento administrativo para la recuperación de los terrenos que pertenecen a unos consistorios atenazados por lo que se les viene encima. “Eso no significa que de un día para otro se tomen decisiones. Pero nosotros, como gestores, tenemos una obligación y una responsabilidad de hacer cumplir la ley”, explica Pablo Altozano, viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional. La ley dice, por tanto, que el 16 de abril de 2019 se cumple la fecha de una concesión de terreno de monte público que el Estado concedió en 1920 y que afecta a unos 90 vecinos de los chalets de la colonia a Camorritos y unos 360 de los apartamentos del Puerto de Navacerrada.

La fecha estaba escrita en rojo en el calendario. Y por tanto, antes de llegar a este punto, se han producido muchas reuniones. Las necesarias para determinar qué hacer con ese terreno que, en principio, debe revertir al monte, según los escritos originales. Pero en ninguna de ellas se ha llegado a una conclusión. Los dos consistorios llevan trabajando juntos desde hace dos años, pero no consiguen desencallar el entuerto. El último encuentro mantenido con la Comunidad, hace una semana, lo dejó de manifiesto. Ahí se presentaron representantes de los diferentes partidos políticos, asesores jurídicos y los del gobierno regional. “Les dijimos que estamos abiertos a que propongan todas las soluciones posibles dentro de la ley, y siempre con el mayor consenso posible de todos los afectados. La Comunidad gestiona el terreno basándose en la ley de montes, pero el suelo es propiedad de ellos, así que deben ofrecer alternativas. Nosotros no podemos decirles qué hacer ahí, solo podemos decirles qué no se puede hacer en función de lo que determina la ley”, explica Altozano.

Lo que no se puede: prorrogar la concesión. Algo que lleva por el camino de la amargura a los vecinos. “Para empezar nosotros queremos saber en qué se basa el expediente para determinar que se acaba la concesión. Hay mucho que rascar ahí. No es tan fácil. De hecho, nosotros dudamos de que sea una concesión”, dice Andrés Francisco Pino, presidente de la asociación de vecino del Puerto de Navacerrada. Por lo pronto, su asociación ha pedido que la Comunidad le incluya como parte afectada, de la misma forma que lo ha hecho con los vecinos de Camorritos. “Creemos que es imprescindible estar informados de cualquier circunstancia que afecte a nuestras casas y que cuenten con nosotros para cualquier decisión a tomar”, reza un escrito remitido tanto al gobierno regional como a los ayuntamientos afectados en febrero pasado. Por ahora, no han recibido respuesta.

Enrique Castells, secretario de la asociación de Camorritos, reconoce que ellos han tenido más suerte. “Les hemos solicitado acceso al expediente y cuando lo tengamos podremos opinar. Esto es un tema complejo que va para largo”.

“Todos conocen el abanico de posibilidades que hay, pero no hay ninguna propuesta por parte de los dueños de esos terrenos, los Ayuntamientos. Yo creo que están asustados con lo que se les viene encima”, reconoce Altozano. Desde el Consistorio de Cerdedilla, en manos de asesoramiento jurídico y con las elecciones a la vuelta de la esquina, guardan silencio.

 

El progreso del ferrocarril que lo cambió todo

El Estado permitió en 1920 una concesión de terrenos que pertenecía a tres montes diferentes catalogados de utilidad pública y, por tanto, no urbanizables. En total cedió 2,5 hectáreas del Pinar de Helechosa, que pertenece a Navacerrada, 60 hectáreas del Pinar de Agregados, a Cercedilla, y 23 hectáreas del Pinar Baldío, a ambos municipios. El beneficiario fue la recién creada Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama. Y la idea consistía en expandir el progreso por la sierra madrileña. La asociación del ferrocarril realizó a su vez concesiones a terceros para promover, supuestamente, un bien social: la construcción de sanatorios de altura.

“El caso de Adif, que afecta a las instalaciones de tren eléctrico que llega hasta Cotos, es diferente. Hace tiempo pidieron una nueva concesión por 75 años más y eso va por una vía diferente. Es un bien común y no es contaminante. Eso probablemente se solucione antes”, admite Altozano.

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