No hay alcalde que expropie 100 chalés

En Cercedilla y en el puerto de Navacerrada hay una patata caliente que lleva casi 100 años sin enfriarse. Suelo público ocupado. Sanatorios de altura para curar la tuberculosis que nunca llegaron a construirse. Casas majestuosas que sí emergieron en el lugar. Y un monte sin voz pero con voto. El que le otorga la ley. El 16 de abril de 2019 se cumplen los 99 años máximos estipulados de una concesión que el Estado hizo de tres montes de utilidad pública pertenecientes a ambos municipios. Eso quiere decir que, dentro de cinco meses, ese terreno, con todas sus infraestructuras, vuelve a pertenecer al monte y por tanto, debe “revertir” en él, según especifica la legislación. La Comunidad de Madrid, que ahora actúa como gestora, ha confirmado que esa concesión no es prorrogable. El Ayuntamiento de Cercedilla, que nunca dejó de ser el propietario, debe asumir como propio, muy a su pesar, ese monte de utilidad pública. Igual que el de Navacerrada. Y, entre medias, se encuentran los intereses privados de los dueños de unos 100 chalés en una zona y de unos 300 apartamentos en otra que quieren seguir siéndolo tras mucho tiempo y dinero invertido. Muchas presiones, décadas de mirar hacia otro lado y, por fin, una pregunta obligada: ¿Serán capaces las administraciones de enfriar la patata y tomar una decisión?

En 1920, el Estado permitió una concesión de terrenos que pertenecía a tres montes diferentes catalogados de utilidad pública y, por tanto, no urbanizables. En total cedió 2,5 hectáreas del Pinar de Helechosa, que pertenece a Navacerrada, 60 hectáreas del Pinar de Agregados, a Cercedilla, y 23 hectáreas del Pinar Baldío, a ambos municipios. El beneficiario fue la recién creada Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama. Y la idea consistía en expandir el progreso, lo que se traducía en que la vía del tren ascendiera por la sierra madrileña, lugar elegido por las clases altas del momento para esquiar, un deporte que empezaba a ponerse de moda. Pero además, la asociación del ferrocarril realizó a su vez concesiones a terceros para promover, supuestamente, un bien social: la construcción de sanatorios de altura.

“Somos un país de sinvergüenzas desde los orígenes”, se queja María Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. “En realidad esto era mera especulación. La excusa era venderlo desde un punto de vista social, por eso dicen que se van a construir sanatorios de altura para enfermos, pero no se crearon nunca”, comparte Julio Vías, escritor, naturalista y miembro del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Llegar a Cercedilla cuesta unos 45 minutos en coche desde el centro de Madrid. Se encuentra a 57 kilómetros de la capital, en el Parque Nacional del Guadarrama —declarado en 2013—, en un enclave idílico que hoy miles de madrileños utilizan como segunda residencia, y con una población de casi 6.900 habitantes que se triplica en verano. El lugar más amplio de la concesión, el de las 60 hectáreas del Pinar de Agregados, se convirtió en la colonia de Camorritos. Es un terreno perfecto de monte y vistas a la montaña de los Siete Picos que se encuentra a 3,2 kilómetros de Cercedilla, hacia el norte. “Muchos accionistas de la asociación del ferrocarril se hicieron chalés de lujo ahí, para poder ir a la nieve”, explica Vías.

Llegar a Camorritos no es complicado. En coche se encuentra a cinco minutos de Cercedilla, aunque también tiene parada de tren. Un cartel situado al lado de unas vías estrechas y oxidadas te anuncia la entrada a la colonia, a la que entras por un camino de tierra bien cuidado y allanado. Es una urbanización de unas 100 viviendas con clase y silenciosa, y más en invierno, cuando no se ve un alma entre semana. Las edificaciones, en su mayoría construcciones de los años 50 y 60, son casas de al menos 300 metros cuadrados que en sus fachadas alternan la piedra, la madera y la pizarra. La mayoría están bien escoltadas por robles y algún pino despistado que dificultan la vista a los curiosos. Entre los propietarios han desfilado nombres como la empresaria millonaria Esther Koplowitz, actualmente dueña de una propiedad, el del arquitecto César Manrique, el ingeniero José de Aguinaga o el médico de la política comunista Dolores Ibárruri (Pasionaria), el doctor Pedro Cava, -donde ella estuvo viviendo un tiempo-.

En documentos consultados del planeamiento urbanístico, el suelo de Camorritos está calificado como no urbanizable de protección, por lo que esa superficie, según especifica la ley, debería recuperarla el monte de una forma u otra, incluyendo las infraestructuras que se han construido durante este tiempo. Eso significa que tendría que pasar a manos del Ayuntamiento, que siempre ha sido el propietario, aunque la gestión forestal pertenece a la Comunidad de Madrid. “Se debería haber iniciado un proceso así hace cinco años, o incluso antes, hace 10 años, para ver qué hacemos ahora”, asegura Nieto, portavoz de Ecologistas en la zona del Guadarrama.

Nieto se refiere a que las administraciones de distintas épocas han mirado hacia otro lado durante décadas y se han pasado unas a otras un problema complejo de resolver. Aunque lo cierto es que la Comunidad podría haber declarado la extinción de la concesión hace tiempo. Las condiciones recogidas en las cláusulas del contrato original lo dejan bien claro. Se puede dar por “caducada” la concesión porque el terreno esté en ruinas, porque se cambie el uso por el que se concedió la cesión o porque expire la fecha. Hoy, tras 99 años, no hay más remedio que encarar la situación por el tercer supuesto, aunque lo cierto es que se podría haber hecho por el segundo desde sus inicios, ya que los sanatorios de altura nunca llegaron a construirse. “Esto debería hacer reflexionar sobre las ocupaciones en el monte. Porque al final se convierten en privatizaciones de suelo público”, se queja Nieto.

La alarma ya saltó en diciembre de 1989. Cinco personas se querellaron contra La Fama Industrial, S. A., promotores y vendedores de unos apartamentos en el puerto de Navacerrada en suelo público. El abogado Francisco Javier Barandiarán fue uno de ellos. Una vez abonó la señal del apartamento, se presentó ante el registro de la propiedad y se dio cuenta de la “fecha de caducidad” que tenía la propiedad. “Soy muy batallador y les denuncié, pero la causa se archivó. Así que no seguí adelante con la compra y perdí las 150.000 pesetas de la época que había pagado”, cuenta. “Todavía me enciendo cuando pienso en aquello. Te dejan solo en una situación así, y nadie te ayuda”.

Julio Vías pone el dedo en la llaga. “Se creó una situación jurídica que perdura hasta hoy. Son propiedades que no se sabe si son públicas o privadas, porque hay gente que las ha comprado. Pero claro, están sobre suelo público. La situación de Camorritos es complicada, porque es gente que lleva ahí muchísimos años que tienen derechos adquiridos, yo no sé si eso tiene alguna solución jurídica. Lo que es más sencillo, creo yo, es lo del puerto de Navacerrada, porque la parte alta del puerto está en gran parte abandonado. Cuando la época dorada del esquí eso tenía futuro, pero hoy, ¿quién se queda a dormir allí?”, analiza. “Se ha creado una especie de no lugar, que es como yo lo llamo, hay una serie de edificios de apartamentos de ocho plantas que están en gran parte abandonados, otros ocupados, degradadísimos porque allí el clima es brutal, se congelan las cañerías. Pero claro, acaba la concesión y qué van a decir, ‘venga señores, váyanse ustedes’… no creo que lo vayan a hacer, o lo puedan hacer. Es una situación complicada”.

El presidente de la asociación de vecinos de Navacerrada, Andrés Francisco Pino, vive en el puerto, a unos 13 kilómetros al norte de Camorritos, desde 1989 cuando se compró un apartamento porque trabajaba en la estación de esquí y, además de cómodo, le salía barato. Hoy se venden pisos por 60.000 euros, “un chollo, pero con todo esto está todo parado”. Allí, asegura, viven “unas 20 o 25 familias, no más” durante todo el año, “aunque hay 300 viviendas afectadas por la concesión, porque mucha gente la tiene de segunda residencia”. La situación les preocupa, y mucho, y a pesar de haberse dirigido por escrito “hasta al Rey” para tratar este tema, desconoce las intenciones de los consistorios. “Nos afecta a nosotros y nadie nos dice nada. Nos tienen abandonados desde hace mucho tiempo. El puerto está hecho un desastre, nadie viene a arreglar nada, y nosotros pagamos nuestro ibi y nuestros impuestos. Por los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada han pasado el PSOE, el PP e IU, y ninguno ha hecho nada. Es más, me dijeron hace poco que hasta después de las elecciones de marzo no piensan decir nada sobre el tema de la concesión”, se queja.

Los ayuntamientos de Cercedilla (IU) y de Navacerrada (PSOE en coalición con Vecinos por Navacerrada) se mantienen herméticos. Desde el primero, aseguran que no van “a levantar la liebre ni a hacer declaraciones hasta que no reciban las directrices de la Comunidad”. Ésta, tras confirmar que la concesión no se puede prorrogar, asegura que están “en conversaciones con el Ayuntamiento de Cercedilla para valorar las posibles alternativas”. Y desde Navacerrada, insisten en que es un tema complicado “con gente implicada que puede salir muy perjudicada” y prefieren no pronunciarse por el momento. Lo que sí han avanzado es que ambos consistorios llevan trabajando en conjunto desde hace dos años para encontrar una solución.

“La parte de Camorritos se va a quedar así”, augura Vías. “Al ser una colonia histórica, seguro que el Ayuntamiento de Cercedilla lo tiene catalogado con algún grado de protección. Son chalés históricos, muchos merecen la pena conservarse. No pueden ser derribados. Primero por un interés histórico y, después, estético. Y luego porque tienen una serie de propietarios que igual tienen derechos adquiridos y hay que darles una solución. No sé cuál. Igual una venta especial. Con alguna fórmula jurídica, que el suelo público pase a ser privado. A mí se me escapa, pero claro, el derribo ahí no es aplicable. Por una simple cuestión patrimonial. Igual dentro de 100 años el puerto de Navacerrada se ha recuperado, pero Camorritos seguirá ahí. Son problemas muy diferentes”.

La soluciones, en realidad, llevan años sobre la mesa. Por un lado, está la opción de revertir todo el terreno al monte, como dice la ley. Algo complicado. Luego está la de la desafección, que consiste en descatalogar esos terrenos como montes de utilidad pública, algo ahora fuera de lugar. Y por último, se encuentra la opción de la permuta, que va unida a la desafección y consiste en que los propietarios deben canjear ese terreno por otro equivalente. En casi 100 años, nadie se ha atrevido, por ahora, a tomar una decisión.