La justicia impone a Vox una fianza de 15.000 euros por si actúa de mala fe contra Quim Torra

Apenas una semana después de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha activado ya la causa contra Quim Torra. El tribunal ha ordenado una serie de diligencias para averiguar si Torra cometió un delito de desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos de los edificios de la Generalitat pese a las advertencias del órgano de control electoral. Entre otras decisiones, el TSJC impone a Vox una fianza de 15.000 euros si, tal como ha solicitado, pretende ejercer la acusación popular contra Torra.

El partido de Santiago Abascal, que ejerce la acusación popular contra los 12 líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo, pretende hacerlo también en la investigación abierta contra Torra. El pasado 4 de abril presentó su propia querella por desobediencia que es "sustancialmente idéntica" a la presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña. Y pidió ser considerada parte en el proceso.

El magistrado Carlos Ramos condiciona la personación al pago de una fianza de 15.000 euros que considera "proporcional a las posibilidades económicas" del partido. La fianza puede servir, advierte el auto judicial, para las "eventuales responsabilidades" en las que podría incurrir el partido ante un "eventual ejercicio malicioso o temerario de la acción penal que pretende ejercer contra la más alta autoridad de la Administración pública en Cataluña". Ramos da cinco días a Vox para pagar "en metálico".

A la denuncia inicial de la Fiscalía se han sumado, también, escritos en el mismo sentido de organizaciones como Societat Civil Catalana (SCC), Asociación Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución.

Sin recurso de Torra

El TSJC señala que la defensa de Torra no ha presentado ningún recurso contra el auto de admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, por lo que es firme. El tribunal ha activado ya la investigación y ha ordenado una serie de diligencias para aclarar los hechos. Para empezar, pide al Cuerpo Nacional de Policía que entregue las "actas de comprobación" sobre el cumplimiento o no de las resoluciones de la JEC de 11, 18 y 21 de marzo sobre "la retirada de simbología partidista de las sedes públicas de la Administración autonómica de Cataluña".

El magistrado también pide al Departamento de Presidencia de la Generalitat que remita el informe de sus servicios jurídicos y, a los Mossos, un informe sobre sus actuaciones para cumplir las instrucciones de la Junta Electoral. Torra afronta así de lleno una causa por desobediencia, delito que se castiga con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.