El Poder Judicial cierra dos juzgados de Martorell por el mal estado de los edificios

El mal estado de dos de los edificios que albergan los juzgados de Martorell ha llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ordenar el cierre, ayer, de los juzgados 1 y 5 de primera instancia de la ciudad. Graves deficiencias estructurales, con derrumbes del techo y partes apuntaladas, han sido denunciadas durante meses por el órgano judicial, que prohibió a los jueces ejercer en esas dependencias. La Generalitat, responsable de los inmuebles y del resto de funcionarios, considera que la medida es “desproporcionada e injustificada”.

El máximo órgano de gobierno los jueces y el Departamento de Justicia de la Generalitat están de acuerdo en algo: el mal estado de las dependencias judiciales de Martorell. A partir de ahí, todo son diferencias de criterio. La Comisión Permanente del CGPJ considera que las condiciones de los inmuebles ponen en riesgo la integridad de los trabajadores. La Generalitat, en cambio, no ve la situación lo suficientemente grave como para desalojar los edificios que gestiona. El departamento que dirige Ester Capella señala que, de haberse detectado un riesgo para la seguridad de las personas, la Inspección de Trabajo habría cerrado los edificios. A petición del Poder Judicial, la Inspección descubrió 14 deficiencias que deberían ser solucionadas antes del 30 de abril. La Generalitat se ha comprometido a atender esa resolución.

La juez decana de Martorell, Susana Solans, dice que lleva año y medio pidiendo mejoras a Justicia. “Decidí ir poco a poco averiguando lo que pasaba. Desde el ayuntamiento, propietario de tres de los edificios que albergan los juzgados y por el que cobra importantes rentas, se comprometieron a ayudarnos, pero no han hecho nada. Visto que ni alcalde, ni Generalitat nos ayudaban, interpusimos una denuncia en inspección de trabajo”, explicó la decana.

Según cuenta Solans, el juzgado número 1 en el que se encuentra el registro civil está situado en una primera planta sin ascensor al que no pueden acceder algunos ciudadanos. “Se dan casos de madres que van a inscribir a sus hijos al registro y tienen que dejar el carrito en la plaza porque no pueden subir con él. O trámites de personas octogenarias o con alguna discapacidad en los que el funcionario debe bajar para atenderle”. En este mismo edificio se sucedieron este invierno varios derrumbes del techo provocados por filtraciones de agua, que obligaron a los funcionarios a colgar cubos de agua encima de unas estanterías cubiertas con plásticos. Y que provocaron una inundación de agua mezclada con orín.

“¿Qué hacemos?”

El panorama descrito para el juzgado número 5 no es mucho mejor. “Hace meses tuvieron que apuntalar una zona, y posteriormente levantaron un muro alrededor de los puntales para que no se vieran. Después de esto, la semana pasada apuntalaron otra habitación”, señala Solans.

Para solventar esta situación, la decana ha pedido a la Generalitat que habilite un edificio en el que poder trabajar. “Vino la consellerahace un par de meses y dijo que en 2025 construirían un edificio judicial. Mientras tanto, ¿qué hacemos?”Hasta que no llegue este espacio, el decanato decidió ayer reestructurar los juzgados asegurando el servicio del número 1 y 5, de carácter prioritario al tratarse del juzgado de guardia y del especializado en violencia de género. Desde este viernes, estos dos juzgados ocuparán los edificios, ahora destinados al 3 y 4, respectivamente.

La tarde del miércoles la consellería de Justicia protestó contra el posible cierre de los juzgados, ya que supondría un perjuicio inaceptable a la ciudadanía y la suspensión de un servicio esencial. El departamento prevé comenzar las obras del nuevo Palacio de Justicia en 2022, para tenerlo listo en 2024, en un proyecto en el que plantea invertir ocho millones de euros.

Miguel Anguas, delegado del sindicato STAJ que agrupa a los trabajadores de la Justicia, se trasladó ayer a revisar los inmuebles y concluyó que el estado es “lamentable” y que no reúnen las condiciones mínimas para trabajar ni para atender al ciudadano. Anguas certificó los desperfectos en el techo y las graves humedades descritas por la decana, aunque se declaró incompetente para determinar si los trabajadores pueden o no ir a trabajar.