Torra urge a Sánchez al pago de 1.400 millones tras fracasar con su presupuesto

El Govern de Quim Torra ha reclamado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que abone cuanto antes a las comunidades autónomas el pago de 7.000 millones de euros anunciado por la ministra de Hacienda, María José Montero, procedentes de una mejor recaudación tributaria por la buena marcha económica. El fondo se puede transferir con independencia de la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez está analizando qué fórmula utilizar. La Generalitat ha prorrogado sus cuentas por segundo año consecutivo y precisa de esa suma para elaborar un plan de contingencia que mitigue a su vez esa carencia. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, a Cataluña le pertocan 1.400 millones de euros.

Meritxell Budó, consejera de Presidència, que se ha estrenado en el cargo en sustitución de Elsa Artadi, ha reclamado el derecho que tiene la Generalitat a percibir esa partida para impulsar medidas contra el fracaso escolar, el refuerzo de la Formación Profesional o, por ejemplo, la renta garantizada de ciudadanía. El Govern quiere presentar ese plan en los próximos días y tendrá que elevarlo al Parlament.

Montero anunció en febrero que esos 7.000 millones se podrían distribuir a las comunidades antes del 28-A. De ahí que el Govern le urgiera este martes a que cumpla su propósito y recordó que ella misma reclamaba que el reparto no estaba vinculado a las cuentas cuando era consejera de la Junta de Andalucía. Budó reclamó al PSC que “ayude” a que se pague esa suma.

El Govern acumula dos ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas y, además, el veto de los grupos independentistas al proyecto de las cuentas de Pedro Sánchez. El impacto se empieza a notar. La partida extra del plan de choque del exconsejero de Sanidad, Toni Comín, se ha agotado y las listas de espera se han disparado. A diferencia del Gobierno, el Ejecutivo catalán no llegó a aprobar el proyecto de Presupuestos, al ser consciente de su falta de apoyos, y solo presentó en la Cámara las líneas maestras del mismo. Los comunes se negaron a apoyarlos al quedar lejos de sus expectativas. Aragonès contemplaba un aumento del gasto en 1.660 millones de euros.

Budó, que ha asumido el cargo afirmando que el consejero legítimo es Jordi Turull, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo, ha afirmado que no tiene la percepción alguna de que vaya a haber elecciones en Cataluña de “forma inmediata”. Los grupos independentistas sostienen que seguramente se convocarán los comicios tras la sentencia. Quien tiene más prisa en ir a las urnas es la CUP, que pidió a Torra que las convoque y abandone el “procesisme 2.0”.