El Gobierno de Torra entra en tiempo de descuento

En un Parlament habituado a encadenar jornadas de vértigo, destacó el pasado miércoles la frialdad con la que los diputados independentistas recibieron el discurso del presidente catalán, Quim Torra, en el que defendió la necesidad de continuar la legislatura pese a no poder aprobar los Presupuestos. Apenas una docena de diputados aplaudieron los argumentos del líder defendiendo que unas elecciones anticipadas “no convienen” a Cataluña en las actuales circunstancias.

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Las cuentas ni siquiera llegaron a votarse. En el intento de evitar una derrota parlamentaria del mismo calibre que la que propinó el Congreso de los Diputados —con la participación de los independentistas— a los Presupuestos de Pedro Sánchez, Torra optó por no presentar lo suyos. Explicó las principales cifras, buscó el apoyo de la izquierda prometiendo subidas de impuestos a las rentas altas y, una vez constató la insuficiencia de su propuesta, se batió en retirada. Como el año pasado, la Generalitat tampoco tendrá Presupuestos este ejercicio. Seguirá con los de 2017 prorrogados, como si la intervención de la autonomía que ya impidió elaborar los de 2018 todavía estuviera vigente.

La sensación de provisionalidad se agudiza por momentos. En los despachos del Govern siguen recordando lo que dijo Torra el pasado julio: “Los gobiernos acostumbran a dimitir si sus Presupuestos no son aprobados y me parece que esto es un mandato democrático de autoexigencia”. Semanas más tarde de estas palabras, Torra y sus socios de Esquerra Republicana hacían público un acuerdo por el que se comprometían a mantener la estabilidad al menos hasta la sentencia del juicio del procés.

Pero una cosa son las voluntades y otra los hechos. Sin Presupuestos aprobados, la Generalitat tendrá que tirar de modificaciones de crédito y de decretos para seguir gobernando. Además, no podrá contar con buena parte del dinero que tenía que llegarle de los Presupuestos Generales del Estado. Y ello también afecta a los Ayuntamientos.

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Pese a los esfuerzos de Torra para desdramatizar la situación su sottogoverno se revuelve. Y es que el independentismo no solo no ha conseguido ni uno solo de sus propósitos políticos en la cuestión territorial. Tampoco logra hacer emerger una agenda social y se limita a gestionar proyectos heredados. Ayer Torra presentó como gran hito la inauguración de una estación de metro de la línea 9 en L'Hospitalet de Llobregat, un proyecto que se remonta a 1997 y que no se culminará, como muy pronto, hasta 2026.

“Es evidente que al Govern le falta músculo para continuar muchos meses más”, admite un dirigente del PDeCAT que, sin embargo, no se atreve a poner fecha de caducidad a la legislatura. ¿Otoño? “Posiblemente, pero hay muchas incógnitas abiertas”, dice. Un dirigente de Esquerra Republicana es más gráfico. “Si al PDeCAT y Junts per Catalunya les van bien las cosas en las generales habrá elecciones pronto en Cataluña; si no, intentarán alargarla lo máximo posible”, sostiene antes de concluir: “Harán todo lo posible para perjudicar a ERC”.

De ahí que ahora el foco de los partidos independentistas no esté situado en la delicadísima situación que atraviesa su Gobierno. Las candidaturas a las generales centran todos sus esfuerzos, especialmente en el PDeCAT y su universo, dominado desde Waterloo por Carles Puigdemont.

La pugna entre el expresidente y el partido para controlar la lista que se presentará a las generales sigue al rojo vivo. Más allá de los nombres, se dirime si el próximo grupo posconvergente en el Congreso se inclinará por el pactismo o por anteponer un referéndum de independencia a cualquier otra cosa. Ayer hubo un movimiento de calado. El PDeCAT señaló como candidato a encabezar la lista al diputado Carles Campuzano, que habitualmente suele encuadrarse en el sector pragmático más alejado de Puigdemont. El elegido lanzó dos mensajes. El primero: que quiere encabezar la lista no solo para hacer activismo. “Debemos ir al Congreso a trabajar para ser eficaces, haciendo política y sin renunciar a nada”, dijo. El segundo mensaje es que solo cederá su lugar si en las negociaciones para integrar a la Crida de Puigdemont, el ente político que está intentando fagocitar al PDeCAT, se decide que el número uno sea para uno de los dirigentes independentistas presos. Cerraría así la puerta a que otros cuadros del partido más próximos a Puigdemont, como la diputada Míriam Nogueras, puedan hacerse con su puesto.

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Puigdemont trabaja desde Bélgica para que la lista la encabece, precisamente, Jordi Sànchez, lider de La Crida y que actualmente está siendo juzgado en el Supremo. El nombre de un segundo preso, el exconsejero Josep Rull, se baraja para Tarragona. Los sectores pragmáticos del PDeCAT, como el propio Campuzano, la excoordinadora Marta Pascal y el diputado Jordi Xuclà batallan para no quedar descolgados. Ayer el presidente del partido, David Bonvehí, se reunió en Bélgica con Puigdemont para negociar las listas. El desenlace se conocerá, previsiblemente, esta semana. Y una vez más, todo apunta a que la última palabra la tendrán en Waterloo.